Proyecto que regula las manifestaciones públicas
Hasta el Tribunal Constitucional, e incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos, están dispuestos a acudir dirigentes de la CUT y parlamentarios PS, si es que el Ejecutivo no invoca el veto presidencial sobre el proyecto de ley que busca reforzar las penas, funciones y controles a las diferentes organizaciones sociales y actores civiles que se manifiestan en las calles.
El proyecto del Ejecutivo hace unos días fue aprobado en segundo trámite constitucional, con una votación en la Cámara de Diputados de 42 votos a favor y 29 en contra.
El punto más conflictivo de la norma sería la disposición que establece una responsabilidad solidaria en materia civil y sentencias penales a las organizaciones que convoquen a manifestaciones en las calles, en caso de que se generen perjuicios a la propiedad pública o privada. Con esto, cualquier organización que convoque a una marcha en la que se produzcan daños a la propiedad, deberá hacerse cargo.
Es por ello que el diputado socialista Sergio Aguiló amenazó con recurrir a tribunales internacionales para frenar el avance de la iniciativa, pues a su juicio vulneraría el Pacto de San José de Costa Rica, suscrito por Chile.
“Frente a esta realidad tan contraria a la manifestación pacífica y el derecho a reunión consagrado en la Constitución, lo primero que le pedimos a la Presidenta Michelle Bachelet es que retire el artículo cuarto de este proyecto de ley, a través de un veto supresivo que es lo que la Constitución contempla. Si no lo hace, nosotros vamos a recurrir al Tribunal Constitucional para que declare este artículo cuarto como contrario a la disposición de la Constitución que establece el derecho a reunión pacífica de todos los chilenos”, argumentó el parlamentario.
En tanto, el líder de la multisindical, Arturo Martínez, incluso denominó este proyecto como la “Ley Maldita 2”, por su símil con la normativa que promulgó el último gobernante radical, Gabriel González Videla (1946-1952), quien en 1948, entre otras cosas, declaró en la ilegalidad al Partido Comunista.
“González Videla estableció en Chile la Ley de Defensa Permanente a la Democracia, que lo único que quería era restringir el derecho a que la gente se reuniera y pudiera opinar. Hoy, el gobierno de la Presidenta Bachelet ha mandado al Parlamento un proyecto de ley que restringe el derecho a reunión. Ella es la responsable de esta ley y Cardemil es el auspiciador, porque él le puso el artículo cuarto que restringe el derecho a reunión y carga sobre los organizadores la responsabilidad de lo que pase. Nadie se va a hacer cargo de eso”, manifestó el dirigente sindical.
Pero Martínez y Aguiló no son los únicos que se han mostrado contrarios a este proyecto. Una multiplicidad de organizaciones y actores sociales han señalado la restricción a los derechos fundamentales que representaría esta ley. Asimismo, en Santiago y en otras ciudades del país se han realizado marchas y manifestaciones en rechazo.
El cuestionamiento a la iniciativa patrocinada por el gobierno surge por la indicación presentada por el diputado RN Alberto Cardemil, quien se manifestó partidario de ejercer control y sanción sobre los organizadores de manifestaciones públicas donde se produzcan desmanes.
El texto legal pasó a un tercer trámite constitucional en el Senado debido a las modificaciones que se le realizaron en la Cámara baja.