Paillalef agregó que no se puede continuar por el camino de la represión para solucionar un problema que es político, por lo que reiteró su molestia a la decisión del gobierno de dar una respuesta policial sin diálogo y que derivó en la muerte del cuarto mapuche desde 2002 a la fecha.
En caso que el gobierno acceda a estas demandas, la posibilidad de establecer una mesa de diálogo existe, precisó por su parte José Llancapán Calfucura, consejero indígena urbano de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), quien recordó además que todos los integrantes de la entidad gubernamental han pedido la salida de Rodrigo Egaña por su incompetencia y por no poner en práctica las políticas alcanzadas en la comisión sobre nuevo trato con los pueblos originarios que le tocó presidir.
“Me parece que se podría crear una mesa de alto nivel en donde esté presente la Iglesia Católica, un representante internacional como James Anaya, por ejemplo. Lo importante sería es que lo acordado por esta mesa sea cumplido después. De parte del gobierno estamos llenos de buenas intenciones, la Comisión de Verdad Histórica en que tuve participación hizo muchas recomendaciones, pero ahí están guardadas y eso no ha resultado”, explicó el dirigente mapuche.
James Anaya, relator de la ONU para los pueblos indígenas, afirmó en Ginebra la semana pasada estar absolutamente dispuesto a contribuir en una solución en el conflicto, precisó por su parte el werkén de la comunidad Huilliche Pepuiquilén de Calbuco, Francisco Vera Millaquén, quien denunció las prácticas del Estado chileno ante la comisión contra la discriminación en dicha ciudad suiza.
Para el representante, la presentación de los funcionarios del gobierno, encabezados por la ministra de Planificación, Paula Quintana, resultó vergonzosa ya que sólo basaron sus argumentos en mentiras, precisó.
“El gobierno miente abiertamente porque en Chile hasta aquí en tiempos de democracia se han entregado un máximo de 250 mil hectáreas, y la diferencia entre esta cifra y las 600 mil hectáreas que la autoridad informó en Ginebra son solamente regularizaciones de terrenos de los cuales las comunidades jamás habían dejado de vivir, la única diferencia es que no estaban regularizadas y eso es lo que han hecho, y no se puede hablar de devolución real de tierras porque son terrenos en los que siempre hemos vivido”, indicó el vocero mapuche.
El werkén de la comunidad Pepuiquilén afirmó que existe una práctica discriminatoria por parte del gobierno que protege a los funcionarios de Carabineros, como al cabo Miguel Jara Muñoz, responsable de la muerte de Jaime Mendoza Collío el miércoles 13 de agosto, mientras no realiza ninguna gestión para conceder un beneficio a Mireya Figueroa, presa y hospitalizada en Santiago producto de un cáncer terminal.
De no haber un cambio en estas actitudes, no se solucionará el conflicto y al mismo tiempo no cesará la violencia en la zona, precisó el dirigente.