Soy un periodista chileno-venezolano, miembro del Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela, una entidad que por desgracia dejó de representar al conjunto del gremio. Es sorprendente que una orden profesional de la comunicación se sume a condenar a un Gobierno extranjero sobre la base, y usando el mismo lenguaje, de una campaña internacional de tergiversaciones y desinformación.
Sorprende, porque se supone que nosotros estamos más capacitados que el resto de la población para filtrar los mensajes y contextualizar los hechos.
Hace ya diez años que al presidente Hugo Chávez se le condena anticipadamente por siniestros propósitos futuros. “Habría” libertad de expresión, dice el comunicado que ustedes suscriben, pero se busca acabar con ella “silenciando” medios. Chávez ha tenido un sinfin de oportunidades de silenciar todos los medios opositores sin levantar una sola crítica, por ejemplo cuando se pusieron al frente del Golpe de Estado de abril de 2002, y más tarde cuando se sumaron abiertamente al llamado “paro petrolero” de 2002-2003 que buscaba derrocar al Gobierno. Este propósito no se ocultaba ni siquiera con eufemismos, y algunos medios hasta tenían un reloj que contaba las horas que le faltaban a Chávez para caer.
En todo el mundo se cancelan concesiones a estaciones de radio y TV que no cumplen con los requisitos legales. Aquí en Chile hay frecuentemente allanamientos policiales, arrestos y confiscación de equipos de las emisoras comunitarias que funcionan sin licencia, todo ello propiciado por ARCHI, a la que no parece preocuparle la libertad de expresión de estas personas, ni que las disposiciones legales que se aplican hayan sido impuestas por la dictadura militar. En la mayoría de los países europeos hasta el no cumplimiento de los objetivos de servicio público en el contenido -información, educación-, es motivo de cancelación de concesiones. Y esas cancelaciones ocurren.
¿Por qué entonces constituye un crimen que Venezuela aplique una ley que ni siquiera fue aprobada durante el período de Chávez? ¿Se ocupó la directiva del Colegio de estudiar las causales que llevaron a la cancelación de la licencia a 34 radioemisoras? ¿O sencillamente dio por hecho que era una medida arbitraria y sin fundamento?
Es curioso que los siniestros planes secretos de Chávez nunca se cumplen. Diez años van. En Chile hace poco fue arrestada y procesada una mujer por amenazas indirectas a la Presidenta en correos electrónicos, y a nadie se le ocurrió protestar por ello. Sin embargo, los medios opositores venezolanos llaman abierta e indirectamente a la sedición militar, a la violencia, al golpe de Estado y en no pocas ocasiones se refieren a la “solución final”: el posible asesinato de Chávez. Y siguen ahi.
En Chile sabemos qué significa una dictadura, y por tanto no tenemos derecho a jugar con esos términos, pues se devalúan y vacian de contenido. Ciertamente en una tiranía no pueden funcionar centenares de canales de televisión, radios, diarios y revistas denunciando todos los días al “tirano” y llamando a derrocarlo.
El gremio periodístico venezolano fue pionero en la lucha por el reconocimiento profesional y ético de nuestra actividad, y en el saneamiento de una profesión envilecida por los intereses de los propietarios de medios. Este envilecimiento ha regresado, y no sólo en Venezuela. Aquí en Chile hay múltiples estudios que documentan la forma en que se manipulan pautas, titulares y jerarquización de las noticias en función de intereses bien diferentes de aquello que se conoce como “la verdad”. Un buen ejemplo podría ser el artículo de primera página del diario “La Tercera” del domingo 16 de agosto, cuyos amarillos titulares sobre los “violentistas” mapuche no corresponden con el texto del artículo, que describe comunidades en lucha, pero desarmadas.
También hay antecedentes precisos de cómo funciona en Chile la autocensura, que si no se ejerce, conduce rápidamente a la pérdida de espacios y de empleos.
En Venezuela mucho se ha perdido en la polarización exacerbada, creada principalmente -aunque no sólo- por aquellos que perdieron la manija del poder y necesitan mantener a la clase media asustada por lo que le podría ocurrir en el futuro a manos de las “hordas rojas”. Viejos artilugios como la amenaza de la familia y la propiedad, el envío de los hijos a Cuba, la educación marxista-leninista, el ateismo y otras necedades de ese tipo, que también vivimos en Chile, son argumentos que los medios privados de Venezuela machacan día y noche, en total impunidad. Hay que recordar que esos mismos argumentos fueron los que sirvieron para justificar el Golpe de Estado chileno de 1973.
Estupendo sería que el Colegio de Periodistas de Chile se interesara por esta realidad, en lugar de sumarse a campañas. Que sus directivos analizaran los innumerables estudios realizados sobre el abuso en Venezuela del privilegio del uso del espectro radioeléctrico para transmitir mensajes distorsionados, o la utilización ilegal de imágenes subliminales escondidas en publicidad, noticieros y hasta telenovelas para influenciar emociones.
Interesante sería que el Colegio de Periodistas de Chile iniciara un debate continental sobre libertad de expresión, legislación, propiedad y gestión de los medios y el papel de las y los periodistas en todo el engranaje que nos está reduciendo al papel subalterno de proveedores de contenidos cada vez más banales y dóciles con el poder.
Fraternalmente,
Alejandro Kirk
Periodista
Hay mucho que analizar y criticar sobre la realidad de los medios en Venezuela, y en primer lugar las agresiones contra periodistas. Pero la voz de una orden profesional queda gravemente devaluada si toma partido por un grupo que participa activamente en la desestabilización contra el gobierno venezolano que agitan permanentemente los propietarios de los medios de comunicación privados en Venezuela y en toda América Latina. Y más aun si no lo hace en un lenguaje profesional, sino usando frases estandarizadas, repetitivas, propias del mensaje publicitario y propagandístico.
Hace ya diez años que al presidente Hugo Chávez se le condena anticipadamente por siniestros propósitos futuros. “Habría” libertad de expresión, dice el comunicado que ustedes suscriben, pero se busca acabar con ella “silenciando” medios. Chávez ha tenido un sinfin de oportunidades de silenciar todos los medios opositores sin levantar una sola crítica, por ejemplo cuando se pusieron al frente del Golpe de Estado de abril de 2002, y más tarde cuando se sumaron abiertamente al llamado “paro petrolero” de 2002-2003 que buscaba derrocar al Gobierno. Este propósito no se ocultaba ni siquiera con eufemismos, y algunos medios hasta tenían un reloj que contaba las horas que le faltaban a Chávez para caer.
En todo el mundo se cancelan concesiones a estaciones de radio y TV que no cumplen con los requisitos legales. Aquí en Chile hay frecuentemente allanamientos policiales, arrestos y confiscación de equipos de las emisoras comunitarias que funcionan sin licencia, todo ello propiciado por ARCHI, a la que no parece preocuparle la libertad de expresión de estas personas, ni que las disposiciones legales que se aplican hayan sido impuestas por la dictadura militar. En la mayoría de los países europeos hasta el no cumplimiento de los objetivos de servicio público en el contenido -información, educación-, es motivo de cancelación de concesiones. Y esas cancelaciones ocurren.
¿Por qué entonces constituye un crimen que Venezuela aplique una ley que ni siquiera fue aprobada durante el período de Chávez? ¿Se ocupó la directiva del Colegio de estudiar las causales que llevaron a la cancelación de la licencia a 34 radioemisoras? ¿O sencillamente dio por hecho que era una medida arbitraria y sin fundamento?
Es curioso que los siniestros planes secretos de Chávez nunca se cumplen. Diez años van. En Chile hace poco fue arrestada y procesada una mujer por amenazas indirectas a la Presidenta en correos electrónicos, y a nadie se le ocurrió protestar por ello. Sin embargo, los medios opositores venezolanos llaman abierta e indirectamente a la sedición militar, a la violencia, al golpe de Estado y en no pocas ocasiones se refieren a la “solución final”: el posible asesinato de Chávez. Y siguen ahi.
En Chile sabemos qué significa una dictadura, y por tanto no tenemos derecho a jugar con esos términos, pues se devalúan y vacian de contenido. Ciertamente en una tiranía no pueden funcionar centenares de canales de televisión, radios, diarios y revistas denunciando todos los días al “tirano” y llamando a derrocarlo.
El gremio periodístico venezolano fue pionero en la lucha por el reconocimiento profesional y ético de nuestra actividad, y en el saneamiento de una profesión envilecida por los intereses de los propietarios de medios. Este envilecimiento ha regresado, y no sólo en Venezuela. Aquí en Chile hay múltiples estudios que documentan la forma en que se manipulan pautas, titulares y jerarquización de las noticias en función de intereses bien diferentes de aquello que se conoce como “la verdad”. Un buen ejemplo podría ser el artículo de primera página del diario “La Tercera” del domingo 16 de agosto, cuyos amarillos titulares sobre los “violentistas” mapuche no corresponden con el texto del artículo, que describe comunidades en lucha, pero desarmadas.
También hay antecedentes precisos de cómo funciona en Chile la autocensura, que si no se ejerce, conduce rápidamente a la pérdida de espacios y de empleos.
En Venezuela mucho se ha perdido en la polarización exacerbada, creada principalmente -aunque no sólo- por aquellos que perdieron la manija del poder y necesitan mantener a la clase media asustada por lo que le podría ocurrir en el futuro a manos de las “hordas rojas”. Viejos artilugios como la amenaza de la familia y la propiedad, el envío de los hijos a Cuba, la educación marxista-leninista, el ateismo y otras necedades de ese tipo, que también vivimos en Chile, son argumentos que los medios privados de Venezuela machacan día y noche, en total impunidad. Hay que recordar que esos mismos argumentos fueron los que sirvieron para justificar el Golpe de Estado chileno de 1973.
Estupendo sería que el Colegio de Periodistas de Chile se interesara por esta realidad, en lugar de sumarse a campañas. Que sus directivos analizaran los innumerables estudios realizados sobre el abuso en Venezuela del privilegio del uso del espectro radioeléctrico para transmitir mensajes distorsionados, o la utilización ilegal de imágenes subliminales escondidas en publicidad, noticieros y hasta telenovelas para influenciar emociones.
Interesante sería que el Colegio de Periodistas de Chile iniciara un debate continental sobre libertad de expresión, legislación, propiedad y gestión de los medios y el papel de las y los periodistas en todo el engranaje que nos está reduciendo al papel subalterno de proveedores de contenidos cada vez más banales y dóciles con el poder.
Fraternalmente,
Alejandro Kirk
Periodista