El gobierno – como en otras situaciones donde ha debido negociar con la mayoría derechista en el congreso – al final impulsó una Ley General de Educación que reemplazó a la heredada de la dictadura (Ley Orgánica Constitucional de la Educación, LOCE) que si puede caracterizarse en una palabra esta es: insuficiente. Me explico, si se trataba de satisfacer las demandas de los sectores más directamente implicados en el proceso educativo: estudiantes y profesores, todo hace pensar que la nueva ley es insuficiente y sólo removió los elementos más obviamente irritantes de la anterior. Por otra parte, mantiene la institución de los sostenedores, aunque bajo regulaciones más estrictas, pero el hecho mismo de su existencia y de su innegable conexión a un concepto de educación ligado al lucro, la hace más una continuidad mejorada (aparentemente) del cuestionado modelo heredado de la dictadura, que un intento serio por superarlo.
La creación del Consejo Nacional de Educación puede ser en principio un buen paso, pero una vez más, la manera como se selecciona a sus integrantes no parece realmente democrática. El Colegio de Profesores debía ser capaz de designar a un representante, peor aun, no se incluye a ningún representante de quienes son los receptores y últimos afectados por el proceso educacional: los estudiantes.
Los profesores también quedan en posición desmedrada al establecerse la obligación de ser evaluados regularmente (énfasis sobre un modelo intimidatorio, en lugar de uno de reforzamiento positivo mediante el uso de adecuadas formas de desarrollo profesional), pero curiosamente no se establecen mecanismos de evaluación del personal administrativo y directivo.
Algunos de los aspectos pedagógicos propiamente tales son también cuestionables, o al menos no se esgrimen razones para algunos de los cambios. Específicamente, en ocho años más se retorna a la división de años de la enseñanza básica y media existente con anterioridad a la reforma de 1966: seis de básica y seis de media, en lugar de los actuales ocho y cuatro.
No sé qué argumentos pedagógicos se han dado para este cambio, pero debe recordarse que cuando se incrementaron los años de básica a ocho, se hizo pensando que ello daba una mayor solidez de conocimientos generales, que prepararan adecuadamente a los muchachos para ir a la secundaria. Se esperaba además que al término de esos ocho años, en una edad entre 12 y 14 años aproximadamente, los estudiantes pasaran por un test exploratorio que pudiera ayudarlos a orientar sus estudios secundarios ya fuera a la rama humanista-científica o a la técnico-profesional, con la idea también de cambiar la actitud peyorativa que se tenía de esta última. Más aun, se reformó la formación de profesores básicos (eliminando las antiguas escuelas normales y traspasando la formación de esos maestros a las universidades) justamente con la idea de mejorar su adiestramiento y adecuar sus conocimientos para asumir los años extras que tendrían a su cargo.
En suma, la Ley General de Educación, típico caso de compromiso entre la derecha (que de contrabando mete toda esa retórica decimonónica de la “formación espiritual” de los educandos) y un gobierno que – no quiero pensar mal de sus intenciones – quería superar el legado reaccionario de la LOCE, pero que en definitiva se ha quedado con un documento ambiguo, que por cierto no satisface a nadie, peor aun, un documento que cambia poco de lo existente y que incluso algunos de los cambios que introduce son de cuestionable justeza desde un punto de vista político progresista.
Por otro lado están las propuestas de los estudiantes y de los profesores, los primeros especialmente protagonizaron un muy interesante estallido en 2006, pero lamentablemente no ha habido un seguimiento sistemático en términos de un verdadero proyecto alternativo y bien articulado. En general los movimientos de protesta que esporádicamente estallaron este año se han limitado al lanzamiento de consignas contra la municipalización (las municipalidades quedan siempre a cargo de las escuelas en la nueva ley) y hace un par de meses se renovó una vieja consigna: que las escuelas vuelvan al estado. Sobre esta última afirmación cabe decir para empezar, que la consigna es conceptualmente errada, los municipios son parte del estado. Lo que al parecer quienes protestan quieren decir es, devolver las escuelas al gobierno central (gobierno y estado no son lo mismo, como cualquier manual de ciencia política de primer nivel lo dirá). Pero acerca de esta demanda hay que tener mucho cuidado: ¿es que alguien quiere resucitar ese monstruo burocrático que era el Ministerio de Educación previo a 1973? Ciertamente los jóvenes que lanzan esa consigna hoy no estaban ni siquiera en planes en esos años, los tiempos de una gigantesca, ineficiente, muchas veces corrupta, maraña de funcionarios, visitadores escolares, jefes y jefecillos de diversos niveles que hacían y deshacían con los nombramientos de los que realmente impartían la enseñanza (la educación chilena podía funcionar perfectamente sin esa enorme capa de burócratas), burócratas – la mayor parte ignorantes (recuérdese el dicho: “el que sabe, sabe, el que no enseña; y el que no puede ni siquiera enseñar, es director…”) – eran los que decidían sobre currículum y sobre contenidos de curso (en toda justicia, la reforma de 1966 con la creación del Centro de Perfeccionamiento del Magisterio dio un mayor impulso a un pensamiento educacional y a un proceso reflexivo, todo lo cual se perdió con la dictadura, naturalmente).
En buenas cuentas, hay que repensar cuando se repite la esquemática consigna de “todas las escuelas al estado” (que en realidad quiere decir al gobierno), porque ello significaría escamotear el poder de decisión una vez más, esta vez de las manos de sostenedores y municipalidades a las de los burócratas ministeriales, y cualquiera que haya trabajado en educación en esos años podrá atestiguar que ello no era bueno en absoluto. En buenas cuentas, que las escuelas vuelvan al gobierno central no es una solución acertada tampoco.
¿Entonces qué? Preguntará a esta altura el lector de esta nota, con cierta ofuscación. Trato de enfocar mi telescopio desde estas tierras donde ejerzo la docencia en un nivel post-secundario (lo que acá se llama el college), pero como tuve alguna experiencia en la enseñanza secundaria chilena también, puedo decir que este problema de la educación y su marco institucional, desgraciadamente, no podrá tener solución al margen de un cambio institucional más amplio, es decir de una nueva constitución. Digo esto porque el camino de parchar la constitución de 1980 parece ya agotado y como esos neumáticos que se han recauchado una y otra vez, llega un momento en que ya no queda espacio para más remiendos.
La disyuntiva entre escuelas bajo control centralizado de un Ministerio de Educación al estilo pre-1973 y escuelas municipalizadas es una falsa disyuntiva, ambas responden a modelos imprácticos.
Un nuevo marco constitucional que dé efectivo poder decisorio y recursos propios a las regiones vía derecho a recolectar impuestos y mediante mecanismos de “igualación” al estilo del existente en un país federal como Canadá, donde el gobierno central asegura que los niños de cada provincia tenga una educación de calidad comparable, a pesar de las diferencias de riqueza entre las diversas provincias, es la vía a seguir para la educación en Chile.
Regiones con intendentes elegidos por votación popular, parlamentos regionales elegidos directamente, estarían en condiciones de asumir autónomamente funciones como la educación. Sería de resorte de cada región determinar, naturalmente en el marco de un amplio debate que convoque a todas las partes interesadas, si sus escuelas las administra directamente con un ministerio regional a cargo, pero más cercano para comprender su realidad que los burócratas en Santiago; si los deja en manos de las municipalidades; si adopta el modelo de América del Norte de consejos escolares locales (con autoridades elegidas por la gente misma) o si adopta un modelo que combinara algunas de estas modalidades. Lo que sí debería quedar excluido tácitamente de las escuelas es el afán de lucro.
El modelo centralizador no sólo es malo desde el punto de vista administrativo, sino también en lo que hace a currículum y pedagogía. ¿Quién ha dicho que toda la educación básica deba tener contenidos uniformes? Las visiones de mundo, las necesidades sociales, incluso la geografía hacen que deba haber enfoques diferentes para un niño que se educa en un barrio de Santiago, a la de uno que asiste a una escuela en el desierto del norte o en el campo sureño, por cierto más específica a sus peculiaridades debe ser la educación básica que se dé a niños mapuches, aymaras o de la isla de Pascua (por de pronto en todos esos casos el bilingüismo debe ser un condición sine qua non).
A nivel de la enseñanza media, la historia y las ciencias sociales en general deben tener también particularidades para cada región, junto a la historia de Chile debe haber un estudio de la historia de Arica o de Antofagasta, incluyendo su período pre-chileno, lo mismo con la región de la Araucanía.
El aspecto comprehensivo de la enseñanza media, en especial la humanista-científica debería ser también parte de las nuevas propuestas. Cursos de filosofía, artes plásticas y educación musical que en muchos casos han sido suprimidos deben restablecerse y aun más, ampliarse – como lo establecía la reforma de 1966 – a la rama técnico-profesional, cuyos estudiantes también tienen derecho a una formación integral.
Pero en fin, el tema educativo da para mucho, pero todo está todavía muy en borrador. El pasarlo en limpio debe ser tarea de los actores más directamente involucrados: profesores y especialmente estudiantes. Pero ello no va a ocurrir si – como ha ocurrido hasta ahora – las propuestas no pasan del nivel consignista.