El diputado de Renovación Nacional Alberto Cardemil justificó esta norma porque, según dijo, no pude ser que “nos estemos acostumbrando al espectáculo, que alguien llama a una manifestación pacífica, todos están muy conformes, la infiltran los encapuchados y destrozan todo a su paso en la Alameda, en el centro de Santiago. Eso hay que evitarlo de tal manera que el que llame a una manifestación, tenga que cumplir ciertas normas que la policía le impongan, que son mínimas para quedar eximido de la responsabilidad civil que se acarrea”.
En la Cámara de Diputados, la votación arrojó resultados de 42 votos a favor y 29 en contra, con lo que queda aprobada la iniciativa.
El punto más debatido en la sala, fue el artículo cuatro, que fue aprobado con 38 votos a favor y 33 en contra, y que establece una responsabilidad solidaria en materia civil de las organizaciones que convoquen a manifestaciones en las calles en caso de que se generen perjuicios a la propiedad pública o privada. Con esto, cualquier organización que convoque a una marcha en la que se produzcan daños a la propiedad, será la organización quien se haga cargo civilmente de ellos.
Los “interesados en dar a conocer sus ideas y preocupaciones han de ver cómo aquellos infiltrados desacreditan su reunión ante los ojos del público e incluso se ven obligados a abandonar o poner término a las manifestaciones cuando los desmanes escalan a una especial dimensión”, manifestó en la sala el subsecretario general de la Presidencia, Edgardo Riveros, único representante del Ejecutivo que legitimaba este artículo que se ha agregado al proyecto.
La confluencia de ideas entre el Ejecutivo y parlamentarios de la oposición, como el RN Alberto Cardemil, se produjo la molestia de diputados de la Concertación. Uno de ellos fue el socialista Sergio Aguiló, quien afirmó que “han abusado de la confianza de la Presidenta de la República al enviarnos un artículo de esta naturaleza. No deja de ser vergonzoso este verdadero espectáculo que hemos visto acá, donde le piden que informe de este proyecto al ex subsecretario de la dictadura militar, quien se solaza en el informe, y Riveros y Cardemil, pidiendo que nosotros aprobemos”.
Sin embargo, a favor del proyecto también están los parlamentarios socialistas Isabel Allende, Fulvio Rossi y algunos concertacionistas como el DC Jorge Burgos.
Tanto Aguiló como el PPD Tucapel Jiménez recurrirán ante tribunales internacionales respecto de esta norma, puesto que vulneraría el Pacto de San José de Costa Rica suscrito por Chile. También acudirán al Tribunal Constitucional una vez que el proyecto sea promulgado.
El texto pasará al Senado a un tercer trámite constitucional producto de las modificaciones que se le realizaron.