Hace unos días se efectuó la audiencia de formalización de cargos contra la Radio Sin Tierra, en el Cuarto Juzgado de Garantía. La denuncia fue hecha en contra de Fidel Galaz, como representante legal de la radio, por la “transmisión de señales radiofónicas sin tener el permiso correspondiente”.
En la acusación se establece que “el pasado 14 de mayo de 2009, personal de la subsecretaria de telecomunicaciones notifica la denuncia en contra de Fidel Galaz, ya que se encontraba operando dentro de su domicilio servicios de radiodifusión sonora sin contar con la autorización para ello, manteniendo en su interior una emisora que opera en la frecuencia 104.5 del dial de frecuencia modulada. Se le impugna el delito de violar el artículo 16 B de la Ley General de Telecomunicaciones 18.168.”
En la audiencia, la Fiscalía propuso una “salida alternativa”: cesar el procedimiento judicial por el plazo de un año con la condición que la emisora en cuestión cese las transmisiones y se fije el domicilio del acusado. Si se siguen estas condiciones y el acusado no es objeto de una nueva notificación, el Juzgado sobresee la causa definitivamente. La otra alternativa es que se sigan investigando los hechos de la causa y llegar a juicio. Galaz, fundador de radio Sin Tierra, decidió seguir con la investigación e ir a juicio, arriesgándose a penas mayores. Argumenta que su deseo es legitimar el derecho a la comunicación que la legislación actual no garantiza. Se acordó que en 90 días más tendrá lugar una nueva audiencia con los avances de la investigación. Según Washington Lizana, abogado de la Defensoría Popular, quien esta a cargo de la defensa, “hay un conflicto evidente de derechos, por un lado el derecho de propiedad de los grandes medios de comunicación que tienen sobre las concesiones, que obtienen por parte del ministerio de Telecomunicaciones con el consiguiente proceso de monopolización, y el derecho de los ciudadanos, y que todos tenemos de informarnos y comunicar libremente. Este derecho a la comunicación es el que tenemos que defender sobre todo en un sistema que se dice democrático”.
No es el único medio de comunicación independiente requerido por la justicia. Ese mismo día “a las 11:30 horas llegó un fuerte contingente policial de la PDI hasta los estudios de la Radio Placeres, con claras intenciones de bajar nuestras transmisiones. La Asamblea de Radio Placeres ha decidido resistir este operativo que es parte de una estrategia de cercenamiento de la libertad de expresión, impulsada por el propietario de la Radio “Congreso” el patético concejal de la Alianza por Chile, Eugenio “Tiqui Tiqui” González, quién en su calidad de Presidente Regional de ARCHI interpuso una querella en contra de las radios sin fines de lucro en nuestra zona, para acallar las expresiones populares y comunitarias que rompen con el cerco informativo oficial”, señala en un comunicado la Asamblea de Radio Placeres.
“Esta operación policial no solo atenta contra la libertad de expresión, sino que coarta gravemente el derecho de la ciudadanía a formarse opinión a partir de diversas fuentes informativas y se da en el marco de una ofensiva general de represión a las luchas de los pueblos originarios, de criminalización de la protesta social y de cierre de los espacios alternativos como el Galpón Víctor Jara y el Estadio del mismo nombre”, agrega el comunicado.
Pero la represión no terminó ahí. En Lota, VIII Región, otras dos radios comunitarias fueron brutalmente allanadas. Se trata de Radio Renacer y de Radio Conexión, que compartieron la misma suerte y fueron cerradas y la policía incautó todos sus equipos.
Lo que hoy ocurre con las radios populares y comunitarias no es el único atentado contra la prensa independiente. Incluso la represión ha afectado a periodistas y reporteros gráficos de Agencias para nada independientes ni menos populares: Víctor Salas, reportero gráfico de EFE, aún no obtiene justicia luego que el 21 de mayo de 2008 recibiera un fustazo en su ojo por parte del cabo segundo Ibar Barría.
La documentalista Elena Varela sigue sin recuperar su material fílmico, acusada de delitos que le podrían significar una condena de 15 años de prisión.
A esos casos se agrega el de Marcelo Garay Vergara y Jorge Serey Baeza, detenidos en mayo, en territorio mapuche. A las tres horas del apresamiento del periodista Garay en las inmediaciones de la Forestal Masisa, más de 200 carabineros allanaron la hijuela de Serey. “Denuncio que nos encontramos ante una abierta y permanente persecución de la llamada inteligencia policial por el sólo y absoluto hecho de conservar y expresar libremente mis opiniones políticas y de pueblo, publicadas fundamentalmente en las Páginas Mapuche. ¡Del tremendo derroche de energías policiales y económicas que se evitaba el Estado con sólo pedirme por Mail lo incautado en este brutal allanamiento! El domingo 17 de mayo, a las 21ºº horas, mientras realizaba una corresponsalía de prensa sobre la detención de Garay, en mi Note Book desde mi domicilio en la Hijuela Nº 2, comunidad Juan Necul, ubicada en el Km. 11 de Huichahue en la comuna de Padre Las Casas, unas 30 patrulleras y Bus del Labocar y de las Fuerzas Especiales de Carabineros se estacionaron en el camino vecinal. Destrozaron la cadena del portón de entrada. Entro un grupo de unos 100 carabineros armados con metralletas. Salí a recibirlos y solicitar si traían Orden de Allanamiento. Pasaron en tropel por mi lado y con un inmenso martillo-combo destrozaron la puerta de entrada de mi casa. Dentro de mi casa ante una docena de carabineros armados con metralleta, nuevamente solicité Orden y al Oficial al Mando. Intenté cerrar mi correo personal y apagar mi computador y en una perentoria orden se me gritó: …”¡No toque nada. – No se mueva! Mientras me apuntaban sus metralletas”, relata Serey.
Ni a Garay ni a Serey les han sido devueltas sus pertenencias incautadas: cámaras fotográficas, computadores, etc., etc.
Otras agresiones de parte de policías han sido las sufridas por José Luis Valdivia, reportero gráfico de la Agencia UPI, brutalmente agredido y detenido durante el operativo de desalojo de la casa okupa AKI, en calle República; y la de Sebastián Larraín Saá, codirector del periódico El Ciudadano, también agredido, golpeado y detenido mientras cubría el desalojo del Centro Cultural Ainil, frente de la Plaza Internacional por la Libertad de Prensa.
José Luis Valdivia pese a contar con su credencial de UPI fue golpeado y subido a la fuerza al Bus de Carabineros B-296. Allí un policía destruyó su teléfono celular con el cual intentaba comunicar a su agencia el arresto. Fue esposado y golpeado brutal y cobardemente por tres uniformados. En la Tercera Comisaría, un oficial lo liberó pidiéndole “disculpas” por este “error de procedimiento”. Algo similar sucedió con Sebastían Larraín, quien despachó la noticia desde el interior del calabozo, donde era constantemente insultado.
TV Umbrales, de Villa Francia, y la Radio Primero de Mayo, de la población La Victoria, han denunciado haber sido objeto de intentos de allanamientos, persecuciones y amenazas de muerte por parte de civiles no identificados que se han hecho pasar por funcionarios de la Subsecretaría de Telecomunicaciones y policías.
“Presuntos funcionarios de la Subtel (Subsecretaría de Relecomunicaciones) junto a personal de carabineros se hicieron presentes en las dependencias de UmbralesTV en pleno corazón de Villa Francia, con evidentes intenciones de hacer ingreso al recinto con impensadas consecuencias. Contrariamente a sus intenciones, a esa hora todo se encontraba cerrado, por lo que sus tentativas fueron infructuosas. Se suma a esto el que desde hace varios días el acoso policial ya se había hecho presente mediante inusuales rondas a toda hora en las inmediaciones de nuestro local, de numerosas sesiones fotografías desde el anonimato uniformado y la presencia de civiles no identificados portando intercomunicadores”, señala un comunicado de TV Umbrales.
Otra persecución fue la vivida por la Radio La Voz, en Estación Central, y la incautación de equipos que sufrió una televisora comunitaria de Rancagua.
Otras agresiones han sido las sufridas por la periodista de la Agencia UPI Nathaly Lepe y el reportero gráfico independiente, colaborador de Punto Final, Jorge Zúñiga San Martín, el 17 de abril. Ambos fueron detenidos y golpeados por personas de Carabineros. La Agencia UPI informó: “Carabineros que custodian los alrededores de La Moneda, mientras manifestantes de ANDHA Chile subían a las rejas de las ventanas de la Casa de Gobierno, procedió con mucha violencia a detener a todas las personas que circulaban por el sector incluida una periodista de esta Agencia. Un suboficial que andaba con un perro lo alentaba para que atacara al fotógrafo que también cubría la información”. Incluso, La Tercera consignó: “Entre los detenidos, se encuentra una periodista de la Agencia UPI, quien se encontraba reporteando en el lugar, como asimismo lo hacía Jorge Zúñiga, grafico que también fue arrestado”.
Lamentablemente, no son los únicos casos ni serán los últimos.
(*) Web Liberación www.liberacion.cl
En la audiencia, la Fiscalía propuso una “salida alternativa”: cesar el procedimiento judicial por el plazo de un año con la condición que la emisora en cuestión cese las transmisiones y se fije el domicilio del acusado. Si se siguen estas condiciones y el acusado no es objeto de una nueva notificación, el Juzgado sobresee la causa definitivamente. La otra alternativa es que se sigan investigando los hechos de la causa y llegar a juicio. Galaz, fundador de radio Sin Tierra, decidió seguir con la investigación e ir a juicio, arriesgándose a penas mayores. Argumenta que su deseo es legitimar el derecho a la comunicación que la legislación actual no garantiza. Se acordó que en 90 días más tendrá lugar una nueva audiencia con los avances de la investigación. Según Washington Lizana, abogado de la Defensoría Popular, quien esta a cargo de la defensa, “hay un conflicto evidente de derechos, por un lado el derecho de propiedad de los grandes medios de comunicación que tienen sobre las concesiones, que obtienen por parte del ministerio de Telecomunicaciones con el consiguiente proceso de monopolización, y el derecho de los ciudadanos, y que todos tenemos de informarnos y comunicar libremente. Este derecho a la comunicación es el que tenemos que defender sobre todo en un sistema que se dice democrático”.
No es el único medio de comunicación independiente requerido por la justicia. Ese mismo día “a las 11:30 horas llegó un fuerte contingente policial de la PDI hasta los estudios de la Radio Placeres, con claras intenciones de bajar nuestras transmisiones. La Asamblea de Radio Placeres ha decidido resistir este operativo que es parte de una estrategia de cercenamiento de la libertad de expresión, impulsada por el propietario de la Radio “Congreso” el patético concejal de la Alianza por Chile, Eugenio “Tiqui Tiqui” González, quién en su calidad de Presidente Regional de ARCHI interpuso una querella en contra de las radios sin fines de lucro en nuestra zona, para acallar las expresiones populares y comunitarias que rompen con el cerco informativo oficial”, señala en un comunicado la Asamblea de Radio Placeres.
“Esta operación policial no solo atenta contra la libertad de expresión, sino que coarta gravemente el derecho de la ciudadanía a formarse opinión a partir de diversas fuentes informativas y se da en el marco de una ofensiva general de represión a las luchas de los pueblos originarios, de criminalización de la protesta social y de cierre de los espacios alternativos como el Galpón Víctor Jara y el Estadio del mismo nombre”, agrega el comunicado.
Pero la represión no terminó ahí. En Lota, VIII Región, otras dos radios comunitarias fueron brutalmente allanadas. Se trata de Radio Renacer y de Radio Conexión, que compartieron la misma suerte y fueron cerradas y la policía incautó todos sus equipos.
Lo que hoy ocurre con las radios populares y comunitarias no es el único atentado contra la prensa independiente. Incluso la represión ha afectado a periodistas y reporteros gráficos de Agencias para nada independientes ni menos populares: Víctor Salas, reportero gráfico de EFE, aún no obtiene justicia luego que el 21 de mayo de 2008 recibiera un fustazo en su ojo por parte del cabo segundo Ibar Barría.
La documentalista Elena Varela sigue sin recuperar su material fílmico, acusada de delitos que le podrían significar una condena de 15 años de prisión.
A esos casos se agrega el de Marcelo Garay Vergara y Jorge Serey Baeza, detenidos en mayo, en territorio mapuche. A las tres horas del apresamiento del periodista Garay en las inmediaciones de la Forestal Masisa, más de 200 carabineros allanaron la hijuela de Serey. “Denuncio que nos encontramos ante una abierta y permanente persecución de la llamada inteligencia policial por el sólo y absoluto hecho de conservar y expresar libremente mis opiniones políticas y de pueblo, publicadas fundamentalmente en las Páginas Mapuche. ¡Del tremendo derroche de energías policiales y económicas que se evitaba el Estado con sólo pedirme por Mail lo incautado en este brutal allanamiento! El domingo 17 de mayo, a las 21ºº horas, mientras realizaba una corresponsalía de prensa sobre la detención de Garay, en mi Note Book desde mi domicilio en la Hijuela Nº 2, comunidad Juan Necul, ubicada en el Km. 11 de Huichahue en la comuna de Padre Las Casas, unas 30 patrulleras y Bus del Labocar y de las Fuerzas Especiales de Carabineros se estacionaron en el camino vecinal. Destrozaron la cadena del portón de entrada. Entro un grupo de unos 100 carabineros armados con metralletas. Salí a recibirlos y solicitar si traían Orden de Allanamiento. Pasaron en tropel por mi lado y con un inmenso martillo-combo destrozaron la puerta de entrada de mi casa. Dentro de mi casa ante una docena de carabineros armados con metralleta, nuevamente solicité Orden y al Oficial al Mando. Intenté cerrar mi correo personal y apagar mi computador y en una perentoria orden se me gritó: …”¡No toque nada. – No se mueva! Mientras me apuntaban sus metralletas”, relata Serey.
Ni a Garay ni a Serey les han sido devueltas sus pertenencias incautadas: cámaras fotográficas, computadores, etc., etc.
Otras agresiones de parte de policías han sido las sufridas por José Luis Valdivia, reportero gráfico de la Agencia UPI, brutalmente agredido y detenido durante el operativo de desalojo de la casa okupa AKI, en calle República; y la de Sebastián Larraín Saá, codirector del periódico El Ciudadano, también agredido, golpeado y detenido mientras cubría el desalojo del Centro Cultural Ainil, frente de la Plaza Internacional por la Libertad de Prensa.
José Luis Valdivia pese a contar con su credencial de UPI fue golpeado y subido a la fuerza al Bus de Carabineros B-296. Allí un policía destruyó su teléfono celular con el cual intentaba comunicar a su agencia el arresto. Fue esposado y golpeado brutal y cobardemente por tres uniformados. En la Tercera Comisaría, un oficial lo liberó pidiéndole “disculpas” por este “error de procedimiento”. Algo similar sucedió con Sebastían Larraín, quien despachó la noticia desde el interior del calabozo, donde era constantemente insultado.
TV Umbrales, de Villa Francia, y la Radio Primero de Mayo, de la población La Victoria, han denunciado haber sido objeto de intentos de allanamientos, persecuciones y amenazas de muerte por parte de civiles no identificados que se han hecho pasar por funcionarios de la Subsecretaría de Telecomunicaciones y policías.
“Presuntos funcionarios de la Subtel (Subsecretaría de Relecomunicaciones) junto a personal de carabineros se hicieron presentes en las dependencias de UmbralesTV en pleno corazón de Villa Francia, con evidentes intenciones de hacer ingreso al recinto con impensadas consecuencias. Contrariamente a sus intenciones, a esa hora todo se encontraba cerrado, por lo que sus tentativas fueron infructuosas. Se suma a esto el que desde hace varios días el acoso policial ya se había hecho presente mediante inusuales rondas a toda hora en las inmediaciones de nuestro local, de numerosas sesiones fotografías desde el anonimato uniformado y la presencia de civiles no identificados portando intercomunicadores”, señala un comunicado de TV Umbrales.
Otra persecución fue la vivida por la Radio La Voz, en Estación Central, y la incautación de equipos que sufrió una televisora comunitaria de Rancagua.
Otras agresiones han sido las sufridas por la periodista de la Agencia UPI Nathaly Lepe y el reportero gráfico independiente, colaborador de Punto Final, Jorge Zúñiga San Martín, el 17 de abril. Ambos fueron detenidos y golpeados por personas de Carabineros. La Agencia UPI informó: “Carabineros que custodian los alrededores de La Moneda, mientras manifestantes de ANDHA Chile subían a las rejas de las ventanas de la Casa de Gobierno, procedió con mucha violencia a detener a todas las personas que circulaban por el sector incluida una periodista de esta Agencia. Un suboficial que andaba con un perro lo alentaba para que atacara al fotógrafo que también cubría la información”. Incluso, La Tercera consignó: “Entre los detenidos, se encuentra una periodista de la Agencia UPI, quien se encontraba reporteando en el lugar, como asimismo lo hacía Jorge Zúñiga, grafico que también fue arrestado”.
Lamentablemente, no son los únicos casos ni serán los últimos.
(*) Web Liberación www.liberacion.cl