El secretario general José Miguel Insulza antecedió a Zelaya en el operativo de retorno, en el que anunciaron que participarán el padre Miguel D` Escoto, presidente de la Asamblea General de Naciones, la Mandataria argentina y el de Ecuador. Pero obviamente se sondea hasta dónde están dispuestos a llegar los actuales ocupantes del poder en Tegucigalpa en sus amenazas de apresar al Presidente legítimo.
Insulza –como lo precisara él mismo- no está facultado para negociar condición alguna para que se cumpla el ultimatum del sistema interamericano. Reposición y eso es todo. Lo que venga después es materia de debate institucional entre los poderes enmarcados en sus respectivas esferas, y de tratativas de la oposición y las distintas fuerzas políticas y sociales con el gobierno que finaliza su gestión el 27 de enero próximo, previa realización de elecciones en noviembre.
¿Será esto posible? Desde luego, el creciente aislamiento internacional a que están sometidos los golpistas debiera alentar un escenario favorable. Pero, en los hechos, la vuelta atrás puede trabarse por una serie de animadversiones y temores que dilaten la situación de reintegro del Presidente Zelaya hasta que se llegue a un compromiso previo, que dé garantías a los poderes fácticos que están detrás de la asonada y a los EEUU y sus aliados en el hemisferio.
La posición del cuerpo ministerial de la OEA nunca antes había sido tan nítida y terminante, pero ¿por qué? Lo que ocurre es que el sistema interamericano arriesga un cisma impulsado por los países del Alba si no actúa con contundente eficacia. Esta es una situación que ya se venía esbozando desde la Cumbre hemisférica de Trinidad y Tobago y adquirió los contornos de una inminencia en San Pedro Sula. Todo a raíz de la cuestión cubana. Ahora, confrontado al caso hondureño, el añejo organismo panamericano arriesga la fractura, más que la mera desnudez de la incoherencia de no aplicar el remozamiento que en 2001 proclamó triunfalmente: la inclusión de la cláusula democrática en la Carta de la OEA.
Estados Unidos ha guardado toda la cautela que le es posible. El Presidente Barack Obama dijese literalmente que si no se restituye al legítimo Mandatario sacado por un golpe de Estado se creará “un terrible precedente”. Acto seguido no retiró a su Embajador en Tegucigalpa, como lo han hecho varios Estados latinoamericanos y la Unión Europea en su conjunto, ni tampoco congeló los créditos vigentes, como sí lo hicieron el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, limitándose a suspender los ejercicios militares.
Manuel Zelaya no le resulta particularmente grato a Washington, por su política de alianza con los países del Alba y por el alejamiento ”populista” de de este rico terrateniente del conservador partido Liberal, por el que fue elegido. Una de las opciones estadounidenses es tratarlo como trató Bill Clinton a Bertrand Aristide cuando fue despojado del poder en Haití por primera vez en1990: condicionar su regreso a la aplicación de las políticas del FMI y el BM.
Aunque hay ahora una Clinton de la misma hechura política en el Departamento de Estado, una actitud así no parece posible en el contexto que se conformó esta vez. Ni siquiera las acusaciones de que Zelaya buscaba una reelección consecutiva no autorizada se sostiene, simplemente porque ya no había tiempo para ello. La cuarta urna que buscaba instalar el Presidente en las elecciones generales de noviembre apenas iba a ser objeto de una encuesta ciudadana no vinculante ese mismo domingo en que fue sacado del poder de madrugada.
Por las formas indignas y por el juego de fondo, la apuesta es a nivel multilateral, limitándose EEUU a actuar como zaguero en equipos internacionales.
hugomery@terra.cl(Comentario transmitido por Universidad de Chile Noticias, radio 102.5 FM).