{mxc}Todo hacía presagiar que los golpes de estado eran recuerdos de una época sombría en América latina. El fin de la guerra fría y un nuevo marco internacional harían fracasar cualquier intento de romper el orden constitucional bajo la amenaza de las armas. La penúltima ocasión terminó en esperpento por el apoyo del pueblo venezolano a su gobierno y a la revolución. Los alzados de 2002 no resolvieron cometiendo magnicidio.
Hoy, en Honduras, se prueba otra estrategia, son los poderes del Estado, las fuerzas armadas, el legislativo, el judicial, las organizaciones empresariales, latifundistas y la iglesia quienes avalan la destitución de su presidente.
Parece ser que la ilegitimidad del gobierno de Manuel Zelaya se asienta en un llamado ilegítimo de referéndum para modificar la constitución. La petición venía avalada por más de cuatrocientas mil firmas, cifra requerida para hacer la consulta. De ser positiva la respuesta del pueblo hondureño, las comisiones podrían trabajar para hacer una propuesta coincidiendo con las elecciones parlamentarias. En otras palabras, el Presidente y su gobierno buscaban poner al día la carta magna. Nada hay de extraño en modificar constituciones. Se hace continuamente y no por ello se acusa al ejecutivo de manipular el orden social o cambiar las reglas del juego. Es cuestión de modernización, no de manipulación. Esta lógica se entiende como un rediseño del ámbito normativo de lo público y lo privado. En eso consiste la reforma. Es cierto que puede afectar al régimen político si se llega a alterar la división de poderes, pero este no era el caso. Se trataba de armonizar lo que es una realidad en América latina. La posibilidad de reelección de los presidentes. Colombia lo realizó hace unos años para facilitar la permanencia de Álvaro Uribe. Y si queremos un ejemplo extra-continental, en España no hay límites y el presidente de gobierno puede presentarse indefinidamente y su rey, salvo abdicación, es inamovible. ¿Dónde esta el problema en Honduras? ¿Por qué se produce un golpe de Estado?
Si hablamos de legitimidad, el ejecutivo respeta la legislación vigente. Nadie debe sentirse afectado o dolido ni menos considerar que se alteran las reglas del juego. Por lo tanto hay que buscar las causas del golpe en otro lugar. Pensar en el referéndum puede llevarnos a un callejón sin salida. El gobierno de Honduras y su presidente podrían querer cambiar parte de los artículos de la carta magna, sin por ello pensar que Zelaya acudiría a su reelección. Para que quede claro, un gobierno puede aprobar por ley el divorcio y no por ello todas las parejas se separan. La ley es universal en su enunciado.
El problema es de fondo, en Honduras, la realidad estaba cambiando. Un presidente adscrito al partido liberal, había optado por el ALBA, decantándose por políticas sociales de corte popular, rompiendo el sempiterno concepto de ser Honduras un país controlado por los Estados Unidos donde las reformas se acallaban a balazos. Sólo en las tres primeras décadas del siglo XX hasta la dictadura de Tiburcio Carias (1933) se habían sucedido 14 gobiernos y 159 acciones de guerra civil. Mientras en el siglo XIX se produjeron 98 cambios de gobierno y se computaron 213 acciones de guerra civil Aquella visión de una república bananera llegaba a su fin. Su presidente, Manuel Zelaya, dejó de ser un funcionario puesto en nómina de las compañías transnacionales o a la orden del embajador estadounidense de turno. La frase de Samuel Zemurray, director de la Cuyamel Fruit en 1929 señalando que:” comprar a un diputado en Honduras cuesta menos que una mula” podía considerarse el recuerdo de un mal sueño. Por primera vez, después de dos siglos de independencia, existía el ánimo de realizar un proyecto social inclusivo de las grandes mayorías sociales. Del campesino pobre, de los pueblos indios, del proletariado, las clases trabajadoras. Una ilusión que concita la ira de la oligarquía terrateniente y crea el miedo en las empresas maquiladoras. Aún así, pocos podían aventurar el retorno de los golpes de Estado para acallar los deseos democráticos de una mayoría social identificada con las reformas de su gobierno. Ello significa abortar por enésima vez la posibilidad de constituir un estado-nación soberano. Por esta razón, el proyecto de Zelaya significa romper los lazos dependientes y dejar sin efecto las palabras pronunciadas por un expresidente, también liberal, Azcona Hoyos, afirmando “que un país pequeño como Honduras no se puede permitir el lujo de tener dignidad”. Sin embargo, todo apunta a un retorno de lo segundo. El grado de pusilanimidad de su élite política termina decantándose por lo mas fácil, destituir al presidente bajo la acusación de romper el orden constitucional.
El peligro de la situación, si no se repone al Presidente en el mínimo de tiempo, es la espiral de represión y violencia que se avecina en Honduras, cuyos efectos, sin duda, se extenderían al resto de la región. Si se piensa que los deseos de los golpistas es evitar el desarrollo y puesta en marcha de las reformas democráticas, debemos preguntarnos ¿qué paraguas le cobija”. Pregunta pertinente si sabemos que un acto tan ignominioso sería condenado mayoritariamente por la comunidad internacional, frustrando su objetivo. Si la respuesta es Los Estados Unidos, no cabe duda que los nuevos golpistas y sus gobernantes cipayos seguirán su plan para desmantelar las políticas implementadas por el hasta ayer presidente constitucional Manuel Zelaya.
De confirmarse esta hipótesis, la administración de Barack Obama muestra sin reservas su política hacia el subcontinente. Se vuelve a las acciones destinadas a revertir procesos populares en nombre de la libertad. Asistimos a una nueva versión del garrote y la zanahoria. En este marco, tampoco resulta muy halagüeño el futuro de las instituciones y organismos internacionales regionales si no logran cambiar el rumbo de los acontecimientos. La primera en sucumbir será la OEA, sellando definitivamente su carta de defunción. Y por otro lado, los nuevos sectores golpistas en América latina se sentirán avalados por los Estados Unidos, alentando a las fuerzas reaccionarias para acabar con cualquier proyecto democratizador en América latina.
Parece ser que la ilegitimidad del gobierno de Manuel Zelaya se asienta en un llamado ilegítimo de referéndum para modificar la constitución. La petición venía avalada por más de cuatrocientas mil firmas, cifra requerida para hacer la consulta. De ser positiva la respuesta del pueblo hondureño, las comisiones podrían trabajar para hacer una propuesta coincidiendo con las elecciones parlamentarias. En otras palabras, el Presidente y su gobierno buscaban poner al día la carta magna. Nada hay de extraño en modificar constituciones. Se hace continuamente y no por ello se acusa al ejecutivo de manipular el orden social o cambiar las reglas del juego. Es cuestión de modernización, no de manipulación. Esta lógica se entiende como un rediseño del ámbito normativo de lo público y lo privado. En eso consiste la reforma. Es cierto que puede afectar al régimen político si se llega a alterar la división de poderes, pero este no era el caso. Se trataba de armonizar lo que es una realidad en América latina. La posibilidad de reelección de los presidentes. Colombia lo realizó hace unos años para facilitar la permanencia de Álvaro Uribe. Y si queremos un ejemplo extra-continental, en España no hay límites y el presidente de gobierno puede presentarse indefinidamente y su rey, salvo abdicación, es inamovible. ¿Dónde esta el problema en Honduras? ¿Por qué se produce un golpe de Estado?
Si hablamos de legitimidad, el ejecutivo respeta la legislación vigente. Nadie debe sentirse afectado o dolido ni menos considerar que se alteran las reglas del juego. Por lo tanto hay que buscar las causas del golpe en otro lugar. Pensar en el referéndum puede llevarnos a un callejón sin salida. El gobierno de Honduras y su presidente podrían querer cambiar parte de los artículos de la carta magna, sin por ello pensar que Zelaya acudiría a su reelección. Para que quede claro, un gobierno puede aprobar por ley el divorcio y no por ello todas las parejas se separan. La ley es universal en su enunciado.
El problema es de fondo, en Honduras, la realidad estaba cambiando. Un presidente adscrito al partido liberal, había optado por el ALBA, decantándose por políticas sociales de corte popular, rompiendo el sempiterno concepto de ser Honduras un país controlado por los Estados Unidos donde las reformas se acallaban a balazos. Sólo en las tres primeras décadas del siglo XX hasta la dictadura de Tiburcio Carias (1933) se habían sucedido 14 gobiernos y 159 acciones de guerra civil. Mientras en el siglo XIX se produjeron 98 cambios de gobierno y se computaron 213 acciones de guerra civil Aquella visión de una república bananera llegaba a su fin. Su presidente, Manuel Zelaya, dejó de ser un funcionario puesto en nómina de las compañías transnacionales o a la orden del embajador estadounidense de turno. La frase de Samuel Zemurray, director de la Cuyamel Fruit en 1929 señalando que:” comprar a un diputado en Honduras cuesta menos que una mula” podía considerarse el recuerdo de un mal sueño. Por primera vez, después de dos siglos de independencia, existía el ánimo de realizar un proyecto social inclusivo de las grandes mayorías sociales. Del campesino pobre, de los pueblos indios, del proletariado, las clases trabajadoras. Una ilusión que concita la ira de la oligarquía terrateniente y crea el miedo en las empresas maquiladoras. Aún así, pocos podían aventurar el retorno de los golpes de Estado para acallar los deseos democráticos de una mayoría social identificada con las reformas de su gobierno. Ello significa abortar por enésima vez la posibilidad de constituir un estado-nación soberano. Por esta razón, el proyecto de Zelaya significa romper los lazos dependientes y dejar sin efecto las palabras pronunciadas por un expresidente, también liberal, Azcona Hoyos, afirmando “que un país pequeño como Honduras no se puede permitir el lujo de tener dignidad”. Sin embargo, todo apunta a un retorno de lo segundo. El grado de pusilanimidad de su élite política termina decantándose por lo mas fácil, destituir al presidente bajo la acusación de romper el orden constitucional.
El peligro de la situación, si no se repone al Presidente en el mínimo de tiempo, es la espiral de represión y violencia que se avecina en Honduras, cuyos efectos, sin duda, se extenderían al resto de la región. Si se piensa que los deseos de los golpistas es evitar el desarrollo y puesta en marcha de las reformas democráticas, debemos preguntarnos ¿qué paraguas le cobija”. Pregunta pertinente si sabemos que un acto tan ignominioso sería condenado mayoritariamente por la comunidad internacional, frustrando su objetivo. Si la respuesta es Los Estados Unidos, no cabe duda que los nuevos golpistas y sus gobernantes cipayos seguirán su plan para desmantelar las políticas implementadas por el hasta ayer presidente constitucional Manuel Zelaya.
De confirmarse esta hipótesis, la administración de Barack Obama muestra sin reservas su política hacia el subcontinente. Se vuelve a las acciones destinadas a revertir procesos populares en nombre de la libertad. Asistimos a una nueva versión del garrote y la zanahoria. En este marco, tampoco resulta muy halagüeño el futuro de las instituciones y organismos internacionales regionales si no logran cambiar el rumbo de los acontecimientos. La primera en sucumbir será la OEA, sellando definitivamente su carta de defunción. Y por otro lado, los nuevos sectores golpistas en América latina se sentirán avalados por los Estados Unidos, alentando a las fuerzas reaccionarias para acabar con cualquier proyecto democratizador en América latina.