Si bien el miércoles el director de la Policía de Investigaciones, Arturo Herrera, manifestó que no daría de baja ni tomaría ninguna medida en contra de los funcionarios acusados en este caso mientras no se comprobaran las acusaciones, luego que el jueves el fiscal preferente en esta investigación, Pablo Avendaño, anunciara que pedirá la formalización de los nueve policías implicados, la PDI decidió suspender a cinco de sus miembros en servicio activo mientras dure el sumario interno y las indagaciones judiciales.
Avendaño especificó que formalizará a “nueve personas: un particular, seis funcionarios de la Policía de Investigaciones y dos ex funcionarios”.
En la mañana del jueves, la vocera de gobierno expresó que “la confianza continúa” y que el Ejecutivo espera celeridad en el sumario que la PDI realiza internamente, y “que tiene que traducirse en acciones que tienen que ser muy ejemplificadoras y tomadas oportunamente. Ante un programa de televisión que ponen en conocimiento público una situación de este tipo, no se puede esperar porque la población no quiere en suspenso decisiones en este ámbito, las quiere ver tomadas de inmediato”, señaló la vocera de gobierno, Carolina Tohá.
Y aunque el gobierno confía en la rapidez de la investigación, la audiencia de formalización contra los involucrados quedó fijada para 20 días más, es decir, el miércoles 1 de julio a las 9:30 horas.
Pero para la Asamblea por los Derechos Humanos, organismo que ha tomado parte en este caso, se necesita aún mayor celeridad y se requiere la intervención directa de la presidenta Michelle Bachelet.
Según el abogado Hugo Gutiérrez, el subsecretario de Investigaciones, Ricardo Navarrete, así como el director de Investigaciones, Arturo Herrera, mienten. El primero por ocultar información a la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, hasta donde llegaron estas denuncias con anterioridad; mientras que el jefe policial por defender al subdirector de la institución, Alfredo Jiménez Ogalde, quien no puso a disposición los antecedentes de este caso.
Asimismo, el abogado criticó duramente la defensa que el director de la PDI realizó a los funcionarios acusados de participar de esta red de prostitución, aduciendo que es una muestra de su hombría luego del programa de televisión concurrieran a autodenunciarse a la fiscalía.
“Yo creo que él tiene que dar un paso al lado y la Presidenta de la República tiene que tomar las medidas correspondientes. No es posible que él esté hablando de la hombría, de la virilidad de sus hombres, después que todo Chile vio cómo estos viriles funcionarios lo único que hacían era violar a menores de edad, incitar a la prostitución y, más aún, ponerse de acuerdo para sacar a mujeres en trata de blancas hacia el extranjero, si eso no tiene alguna repercusión, estamos en un país que no merece ser vivido”
Ministerio Público salpicado
El fiscal preferente Pablo Avendaño además confirmó la existencia de un sumario en contra del fiscal José Uribe, quien investigaba al proxeneta de la red Carlos Parra Cruz, y está acusado de pagar cien mil pesos a una de las menores para que no declarara en el caso, de la cual además era cliente.
La denuncia la habría realizado la parlamentaria del PPD Laura Soto, quien expresó su preocupación porque, a pesar de presentarse recursos ante la Justicia, el caso se ha retrasado en su investigación lo que, a su juicio, estaría directamente relacionado con el fiscal Uribe.
“A mí lo que me preocupa es que el fiscal hoy día está de manera activa procediendo, pero durante dos años no pasó absolutamente nada. Yo le presenté la semana pasada al Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, una petición para que se reunificaran las causas porque entre las personas que aparecen ligadas a esta red de prostitución infantil existe un fiscal”, afirmó la parlamentaria.
Soto solicitará una ampliación de las querellas por los delitos de estupro, abuso sexual y facilitación de prostitución de menores de edad, para que se acumulen los antecedentes a las causas, acciones legales a favor de Millaray Díaz y Yohana Olguín, dos menores que también eran parte de la red y que no figuran en la investigación periodística.
Otra de las aristas de esta intrincada trama de delitos, es la que afecta al ex subcomisario Héctor Guzmán, quien fue separado de la PDI por denunciar estos hechos.
El ex policía reiteradamente ha manifestado que él y su familia ha sido objeto de amenazas, incluso de muerte. Acusación que motivó al abogado Hugo Gutiérrez a anunciar que presentarán un recurso de amparo a favor del ex subcomisario.
Pero además, se habría dicho que María Elena Delgado, madre de la menor Sabina Bustos y empleada de uno de los locales nocturnos donde funcionaba esta red, fue presionada por el Ministerio Público de Valparaíso para envolver a Guzmán en estos ilícitos, hecho que negó tajantemente.
“A mí nadie me ha presionado para involucrar al señor Héctor Guzmán. Dicen que él frecuentaba el local Louisiana, yo estuve cinco años y yo no tengo recuerdos de él en el local, en otro lado no sé, pero yo hablo por lo que yo trabajé en el Louisiana”, afirmó Delgado.
La mujer acusó que su hija fue intimidada por funcionarios de la PDI para impedir que denunciara que ellos eran clientes y protegían esta red de prostitución infantil.
“Ya la han secuestrado dos veces, ellos saben que eso es verdad, pero yo no me voy a echar para atrás con esta denuncia, yo no doy pie atrás en esto, abusaron demasiado de ella, mucho tiempo”, aseguró la madre de Sabina Bustos.
Aguas turbias
“Marinos extranjeros llegaban a Chile y violaban a estas niñas, menores, pobres y vulnerables, por lo cual eran doblemente acreedoras de una protección del Estado. Esta situación era encubierta por instituciones como la Armada, que siendo la anfitriona tendría que haber sabido que pasaba con esta situación”, afirmó el abogado.
Según Jerez, existen declaraciones y antecedentes que estarían en poder de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, así como estudios de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Valparaíso, donde se establece la veracidad de estas denuncias que involucran a marines estadounidenses.
En una carta que entregó en La Moneda dirigida a la Presidenta Michelle Bachelet, critica lo que consideran una negligencia de la Cancillería chilena frente a los abusos cometidos por los soldados foráneos.
Sin embargo, el jefe de la diplomacia chilena, Mariano Fernández, descartó tener antecedentes.
“Por supuesto que si la Cancillería hubiera tenido cualquier información, hubiera procedido como corresponde. Si algún extranjero, de cualquier naturaleza, tuviera actuaciones criminales o delictivas en Chile, junto con la acción de los tribunales, la Cancillería presentaría la molestia a los gobiernos que correspondientes”, aseguró el ministro.
Fernández dijo que de haber antecedentes los abogados deben colocarlos a disposición de la justicia para clarificarlos. Además, reiteró que consultó sobre estas acusaciones a diferentes departamentos del ministerio de RREE, incluyendo a la repartición de derechos humanos, sin que hasta ahora aparezca la información que, según los juristas, está en poder de esta secretaría de Estado.