La primera elección a sufragio universal se efectuó en 1979; desde entonces el Parlamento es renovado cada cinco años. Trabaja en 23 idiomas oficiales, en dos sedes: Estrasburgo y Bruselas. Esta última ciudad es también sede de numerosos y poderosos lobbies financiados por empresas multinacionales, que intentan ejercer influencia sobre las decisiones.
Las tres grandes instituciones europeasEl Parlamento elegido a través del sufragio universal mantiene una complicada y quizá opaca relación triangular con dos instituciones: el Consejo de la UE y la Comisión Europea.
El Consejo de la UE (o Consejo de Ministros) está encargado de dirigir las políticas exteriores de la UE y sus decisiones en asuntos de justicia y libertades. Lo componen los ministros de los gobiernos de los 27 estados, pero a cada reunión asisten los ministros concernidos por los temas a tratar. Cada país dispone de un número de votos proporcional a su población, aunque los menos poblados están sobre representados. Su presidencia es rotativa; un estado lo preside durante seis meses.
La Comisión Europea es el órgano ejecutivo de la Unión, que dispone del monopolio de la iniciativa legislativa. Está compuesta por 27 comisarios que tienen a cargo unos 24.000 funcionarios.
Una de las grandes controversias del quinquenio se dio en torno al proyecto de directiva que autorizaba la semana de trabajo de 65 horas, aprobada por la mayoría de los ministros de trabajo, pero con la oposición de España, Bélgica, Grecia, Hungría y Chipre. El parlamento la rechazó y mantuvo la semana de 48 horas, vigente desde 1993. Gran Bretaña gobernada entonces por Tony Blair, consiguió una cláusula transitoria de no participación (opt-out) que le permite contratar trabajadores fuera del marco recomendado por la Organización Internacional del Trabajo.
Otro gran debate fue la “directiva de servicios” presentada por el comisario al mercado interno Frits Bolkestein, que aplicaba a cada trabajador la legislación social de su país de origen. Así, un asalariado polaco trabajando en Francia dispondría sólo de la pequeña protección social de su país y no la francesa. Aquella norma se habría provocado el contrato masivo de trabajadores con poca protección, poniendo en peligro los sistemas sociales más avanzados. El Parlamento contradijo la Comisión: la protección social de los trabajadores expatriados no será regida por el país de origen sino por la que está vigente en el país de destino.
En el plano de las relaciones internacionales, el Parlamento limitó las transferencias de informaciones de los pasajeros con destino a Estado Unidos, solicitada por la administración Bush: la “raza”, religión, y la eventual adhesión a un partido político, no se transmiten de forma automática. Por otra parte, el Parlamento constituyó una comisión para investigar los vuelos secretos de la CIA, presidida por el portugués Carlos Coelho, cuyo ponente fue el italiano Claudio Fava. El informe, aprobado en febrero 2007, señala que hubo al menos 1.245 vuelos organizados por la CIA sobre el espacio aéreo europeo, con la finalidad de transferir detenidos ilegales hacia lugares secretos controlados por aliados de la administración Bush, donde se aplicaba la tortura. Sin embargo, la investigación se estrelló con una evidente mala voluntad de varios estados, como Austria, Polonia, Italia, Portugal y el Reino Unido, que se negaron a colaborar oponiendo el “secreto militar”. Este trabajo apunta el rol turbio desempeñado por Barroso, el actual presidente de la Comisión, cuando era Primer ministro de Portugal.
Por último, en el plano ético, el Parlamento vetó por primera vez la designación de un comisario después de su presentación ante el hemiciclo. El italiano Rocco Buttiglione no pudo acceder a la función de comisario de Justicia, después de afirmar que el objetivo de la familia era que la mujer procreara, protegida por su marido, y que la homosexualidad era “pecaminosa”.
Las casi 400 directivas o reglamentos adaptados por el Parlamento en la legislatura 2004-2009, en materias que afectan la vida cotidiana de prácticamente todos los ciudadanos de la UE, indican que este ha sin duda aumentado su poder político.