El candidato presidencial de izquierda, Jorge Arrate, destacó hoy la necesidad que tanto los ministros de Hacienda, como del Trabajo y la directora del INE, expliquen por qué no han dado a conocer los resultados de la actualización de la Encuesta Nacional de Empleo que permitiría contar con una medición más exacta del nivel de cesantía existente en el país y así poder aplicar políticas más eficientes en la materia.
Igualmente, junto al economista Manuel Riesco, sostuvo que se deben eliminar los requisitos para acceder al seguro de cesantía y aumentar, como mínimo, en 1.200 millones de dólares el subsidio estatal para el fondo solidario respectivo.
“Quiero señalar la preocupación de nuestro comando por el aumento de la desocupación que supera las 700 mil personas, cifra que representa un aumento del desempleo del orden del 30 por ciento en el último año”, dijo Arrate, acompañado por el economista Manuel Riesco y por el dirigente de la CUT, Guillermo Salinas. Agregó que “esta cifra que representa a más de 700 mil familias, demuestra que, después de todo, la economía chilena no estaba tan blindada como sostuvo el Ministro de Hacienda hace unos meses”. “Nuestra preocupación es aún mayor cuando conocemos antecedentes que indican que la cifra de desempleo de un 9,8% entregada por las autoridades de Gobierno, si se mide a través de una medición técnicamente más refinada, es superior. Esto lo han dicho personeros de derecha que fueron los mismos que modificaron en 1986 la encuesta de empleo que se hacía desde el año 71, para tratar que la cesantía apareciera más baja. De modo que cuando ellos critican la actual encuesta, lo que critican es lo que ellos mismos elaboraron y fabricaron en dictadura”, recordó Arrate. El año 1986, la dictadura militar realizó una encuesta a su medida para impedir la visibilización adecuada de fenómenos como el desempleo. Aquella encuesta es la que se sigue aplicando al día de hoy por los gobiernos de la Concertación. Sin embargo a mediados de esta década, sobrevino una reflexión desde el Gobierno y el INE, fundamentalmente motivado por la necesidad de tener estadísticas “comparables” a nivel internacional que permitan el ingreso de Chile a la OCDE, se propuso actualizar dicha encuesta. La nueva Encuesta Nacional de Empleo viene aplicándose desde 2007 en forma regular. Sin embargo, por razones supuestamente “técnicas”, esos datos se le han escondido a la ciudadanía, ya que marcan por lo general un mayor desempleo, y aparte, permiten observar más nítidamente fenómenos como el trabajo precario y la subcontratación. A los contribuyentes se le hacen gastar millones para financiar una encuesta que lleva inexplicablemente 2 años en “piloto” y “marcha blanca”, en circunstancias que a nivel internacional los tiempos de adaptación en este tipo de instrumentos son mucho menores. Sabemos que la encuesta se realiza y que arroja cifras, y sin embargo, la ciudadanía no las conoce. El presidenciable de izquierda, acotó que “lo que se hace normalmente en estos casos es dar a conocer ambos instrumentos, por eso quiero pedir una explicación al Ministro Velasco y a la directora del INE para que nos digan por qué este instrumento se ha demorado tanto. Debemos emplazar al Ministro de Hacienda quien en este país, realmente, toma las decisiones claves en materia laboral y las impone a los ministros del trabajo”. “Velasco debe dar una explicación sobre por qué razón el desempleo sigue subiendo y por qué sus programas no han sido suficientes y por qué no se atreve a entrar de lleno al control público del desempleo, para evitar que el destino de los trabajadores quede sólo en manos de los empleadores a través de la aplicación del artículo 161, que deja abierta la posibilidad de despedir cuando al empleador se le de la gana”, dijo Arrate, quien reiteró que “el Gobierno ha sido débil en esta materia”. Manuel Riesco, en tanto, agregó que es necesario que el Gobierno aumente su aporte al fondo solidario de cesantía en 1.200 millones de dólares. “El grueso de las personas que quedan desocupadas en Chile no tiene resguardado su derecho a mantener su ingreso, aun cuando pierda su empleo. El seguro de desempleo funciona sobre la base del mismo principio de las AFP, con la idea que basta con los ahorros del cada trabajador para estar protegidos ante el desempleo. Hay también una consideración adicional que es el fondo solidario que se forma con el aporte pequeño de los empleadores, otro de los trabajadores y también un subsidio del Estado y se supone que este fondo debe complementar los ahorros de los trabajadores para asegurar que todos tengan la posibilidad de mantener su ingreso. Esto no está funcionando”, explicó Riesco. “Para poder acceder al fondo solidario, un trabajador que pierde su empleo tiene que haber cotizado en los últimos dos años, un promedio de un mes de cada dos, es decir de 24 meses, tiene que haber cotizado 12. Según las estadísticas, los trabajadores que cumplen con ese requisito son sólo un tercio de la masa laboral, por lo tanto las restricciones que se ponen para acceder al seguro de cesantía dejan fuera a dos tercios de la masa laboral que son justamente los que más lo necesitan. Este requisito hay que eliminarlo”, expuso. Asimismo, sostuvo que el subsidio estatal no alcanza para cubrir las necesidades reales del seguro de cesantía. En febrero se acordó un subsidio de 12 millones de dólares para este año, y es fácil sacar la cuenta. Tenemos un millón de cesantes, el subsidio entregado significa doce dólares por cesante al año, osea un dólar por cesante al mes. Eso es un chiste. Lo que nosotros planteamos es que el Gobierno debe establecer un subsidio de cesantía de verdad. El costo mínimo de esto es de 1.200 millones de dólares y lo que estamos planteando es que en el segundo paquete reactivador que el Gobierno va a tener que lanzar porque la crisis se está agravando y se va a agravar aún más, tiene que contemplar un aporte al subsidio de cesantía de 1.200 millones de dólares, esto es cien dólares al mes por trabajador cesante”. Finalmente, el dirigente de la CUT, Guillermo Salinas dijo que “todo lo dicho demuestra que en Chile hace falta un nuevo trato laboral, porque el problema de las fórmulas de cuantificación de la cesantía y el mismo seguro de cesantía, en la práctica obedecen a que acá las relaciones laborales son una selva donde el más fuerte se come al más débil y no hay una responsabilidad del Estado para cuidar el empleo”.
“Quiero señalar la preocupación de nuestro comando por el aumento de la desocupación que supera las 700 mil personas, cifra que representa un aumento del desempleo del orden del 30 por ciento en el último año”, dijo Arrate, acompañado por el economista Manuel Riesco y por el dirigente de la CUT, Guillermo Salinas. Agregó que “esta cifra que representa a más de 700 mil familias, demuestra que, después de todo, la economía chilena no estaba tan blindada como sostuvo el Ministro de Hacienda hace unos meses”. “Nuestra preocupación es aún mayor cuando conocemos antecedentes que indican que la cifra de desempleo de un 9,8% entregada por las autoridades de Gobierno, si se mide a través de una medición técnicamente más refinada, es superior. Esto lo han dicho personeros de derecha que fueron los mismos que modificaron en 1986 la encuesta de empleo que se hacía desde el año 71, para tratar que la cesantía apareciera más baja. De modo que cuando ellos critican la actual encuesta, lo que critican es lo que ellos mismos elaboraron y fabricaron en dictadura”, recordó Arrate. El año 1986, la dictadura militar realizó una encuesta a su medida para impedir la visibilización adecuada de fenómenos como el desempleo. Aquella encuesta es la que se sigue aplicando al día de hoy por los gobiernos de la Concertación. Sin embargo a mediados de esta década, sobrevino una reflexión desde el Gobierno y el INE, fundamentalmente motivado por la necesidad de tener estadísticas “comparables” a nivel internacional que permitan el ingreso de Chile a la OCDE, se propuso actualizar dicha encuesta. La nueva Encuesta Nacional de Empleo viene aplicándose desde 2007 en forma regular. Sin embargo, por razones supuestamente “técnicas”, esos datos se le han escondido a la ciudadanía, ya que marcan por lo general un mayor desempleo, y aparte, permiten observar más nítidamente fenómenos como el trabajo precario y la subcontratación. A los contribuyentes se le hacen gastar millones para financiar una encuesta que lleva inexplicablemente 2 años en “piloto” y “marcha blanca”, en circunstancias que a nivel internacional los tiempos de adaptación en este tipo de instrumentos son mucho menores. Sabemos que la encuesta se realiza y que arroja cifras, y sin embargo, la ciudadanía no las conoce. El presidenciable de izquierda, acotó que “lo que se hace normalmente en estos casos es dar a conocer ambos instrumentos, por eso quiero pedir una explicación al Ministro Velasco y a la directora del INE para que nos digan por qué este instrumento se ha demorado tanto. Debemos emplazar al Ministro de Hacienda quien en este país, realmente, toma las decisiones claves en materia laboral y las impone a los ministros del trabajo”. “Velasco debe dar una explicación sobre por qué razón el desempleo sigue subiendo y por qué sus programas no han sido suficientes y por qué no se atreve a entrar de lleno al control público del desempleo, para evitar que el destino de los trabajadores quede sólo en manos de los empleadores a través de la aplicación del artículo 161, que deja abierta la posibilidad de despedir cuando al empleador se le de la gana”, dijo Arrate, quien reiteró que “el Gobierno ha sido débil en esta materia”. Manuel Riesco, en tanto, agregó que es necesario que el Gobierno aumente su aporte al fondo solidario de cesantía en 1.200 millones de dólares. “El grueso de las personas que quedan desocupadas en Chile no tiene resguardado su derecho a mantener su ingreso, aun cuando pierda su empleo. El seguro de desempleo funciona sobre la base del mismo principio de las AFP, con la idea que basta con los ahorros del cada trabajador para estar protegidos ante el desempleo. Hay también una consideración adicional que es el fondo solidario que se forma con el aporte pequeño de los empleadores, otro de los trabajadores y también un subsidio del Estado y se supone que este fondo debe complementar los ahorros de los trabajadores para asegurar que todos tengan la posibilidad de mantener su ingreso. Esto no está funcionando”, explicó Riesco. “Para poder acceder al fondo solidario, un trabajador que pierde su empleo tiene que haber cotizado en los últimos dos años, un promedio de un mes de cada dos, es decir de 24 meses, tiene que haber cotizado 12. Según las estadísticas, los trabajadores que cumplen con ese requisito son sólo un tercio de la masa laboral, por lo tanto las restricciones que se ponen para acceder al seguro de cesantía dejan fuera a dos tercios de la masa laboral que son justamente los que más lo necesitan. Este requisito hay que eliminarlo”, expuso. Asimismo, sostuvo que el subsidio estatal no alcanza para cubrir las necesidades reales del seguro de cesantía. En febrero se acordó un subsidio de 12 millones de dólares para este año, y es fácil sacar la cuenta. Tenemos un millón de cesantes, el subsidio entregado significa doce dólares por cesante al año, osea un dólar por cesante al mes. Eso es un chiste. Lo que nosotros planteamos es que el Gobierno debe establecer un subsidio de cesantía de verdad. El costo mínimo de esto es de 1.200 millones de dólares y lo que estamos planteando es que en el segundo paquete reactivador que el Gobierno va a tener que lanzar porque la crisis se está agravando y se va a agravar aún más, tiene que contemplar un aporte al subsidio de cesantía de 1.200 millones de dólares, esto es cien dólares al mes por trabajador cesante”. Finalmente, el dirigente de la CUT, Guillermo Salinas dijo que “todo lo dicho demuestra que en Chile hace falta un nuevo trato laboral, porque el problema de las fórmulas de cuantificación de la cesantía y el mismo seguro de cesantía, en la práctica obedecen a que acá las relaciones laborales son una selva donde el más fuerte se come al más débil y no hay una responsabilidad del Estado para cuidar el empleo”.