Pedro Hernández, dirigente de los funcionarios penitenciarios, aclaró que el personal en huelga va a evitar cualquier tipo de enfrentamiento, pero subrayó que “la exacerbación de los ánimos corresponde al anuncio del Gobierno de aplicar la Ley de Seguridad del Estado” contra los dirigentes del paro.
Trascendió la víspera que la jerarquía católica estaría dispuesta a ayudar en la solución del paro, pero voceros de la iglesia aclararon que no había sido llamada por las partes.
Ante la situación creada en varios penales, el Gobierno interpuso una querella basada en la Ley de Seguridad del Estado, que aumenta las actuales penas a los responsables de la interrupción de actividades, ante lo cual el personal de Gendarmería se acuarteló.
Distintos medios señalaron que en algunos penales hubo incidentes, cuando los Gendarmes impidieron el traslado de reclusos a los tribunales para sus audiencias, así como el ingreso de nuevos imputados, tareas que cumplen temporalmente Carabineros y la PDI.