Según la profesional, en la instancia se le consultará al ministro José Antonio Viera-Gallo, las razones por las que el país aún no ratifica los tratados internacionales en la materia.
“El compromiso del Estado chileno con el derecho internacional es ratificar los acuerdos a los que aún no se ha adherido como, por ejemplo, el protocolo facultativo de la Convención para eliminar la discriminación contra la mujer o el Estatuto de Roma. Respecto de la institucionalidad en derechos humanos ¿qué respuestas puede dar el Estado de Chile para que en el año 2009 aún no tenga un ente estatal preocupado por la promoción y defensa de los derechos humanos? “, indicó la experta.
Otros de los puntos a cuestionar son la aplicación de la ley antiterrorista al pueblo mapuche durante gobiernos democráticos, la propuesta para un nuevo código de justicia militar, y las medidas concretas para adoptar los acuerdos del código 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La personera indicó que producto de este diálogo que se sostendrá entre los representantes de Chile y el grupo de trabajo de la ONU se logrará articular un informe con una serie de recomendaciones que el país deberá tener en consideración.
“Lo importante de este proceso es que va a hacer un diálogo en el cual el Estado chileno presentará este diagnóstico y otros Estados del Consejo harán las preguntas correspondientes. Después se nombrará una comisión que el próximo martes entregará una lista de recomendaciones o compromisos sugeridos al Estado de Chile”, explicó Olea.
Para concluir con esta etapa, la comitiva nacional regresará en noviembre a la instancia internacional para informar sus compromisos en la materia, el plazo que tendrán para hacerlo o las razones para negarlo.
Todos alineados con Roma
Como los plazos son cortos y aún queda mucho por hacer, el gobierno y los parlamentarios calificaron como un paso trascendental para el país la aprobación del proyecto que tipifica los crímenes de lesa humanidad y genocidio que se registró en la Cámara de Diputados.
Tucapel Jiménez, uno de los diputados que redactó la propuesta, dijo que este es un paso al frente hacia la ratificación del Estatuto de Roma que integra a Chile en la Corte Penal Internacional (CPI) y comentó que “la iniciativa recibió la adhesión de todos los sectores políticos”.
Sin embargo, la votación no estuvo exenta de polémica. El controversial artículo 44, que plantea que la ratificación de la CPI no es retroactiva, lo que implica que el Tribunal no tiene competencia en los crímenes cometidos previamente a su adhesión, causó miradas divergentes entre los parlamentarios.
“Yo voté en contra porque me hubiese gustado que se diera esa condición y que el Tribunal Internacional existiese antes del 73. De ser así, Pinochet hubiese pensando no una, sino dos veces antes de cometer un genocidio o cualquier delito de lesa humanidad”, sentenció Jiménez.
Pero a pesar que el artículo 44 de la ley declara que los efectos de la ella no son retroactivos, aún se mantiene la persecución de los delitos de lesa humanidad según la legislación vigente a la hora de su promulgación, es decir, toda la jurisprudencia conocida y aplicada en materia penal que castiga este tipo de crímenes.
Por eso, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Marta Godoy, manifestó su conformidad con la aprobación de este proyecto, ya que los crímenes de lesa humanidad son perseguidos por toda la legislación internacional.
“Todo lo que se ha aprobado en términos de tratados internacionales señala que los crímenes de lesa humanidad, genocidio y guerras son imprescriptibles, por lo que deben ser juzgados desde el momento en que se cometieron, aunque se aprueben otro tipo de leyes”, explicó la dirigenta.
En el gobierno también manifestaron su satisfacción con el avance del proyecto, que se da en medio de la presentación de Chile ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde también se han planteado fuertes críticas a la situación que en esta materia se vive en nuestro país.
Edgardo Riveros, ministro Secretario General de la Presidencia (s), destacó la aprobación de la iniciativa y el reconocimiento a nivel internacional de los avances hechos en este punto.
“En América Latina prácticamente no hay Estados que no formen parte del Estatuto de Roma y en el cono sur nosotros somos la única excepción, por eso queremos culminar el proceso en la materia. Sin embargo, me gustaría destacar que en el sistema general de protección a los derechos humanos, sin lugar a dudas que Chile tiene antecedentes claros y categóricos que indican que somos parte de todo el instrumental de protección a los derechos humanos”, afirmó el representante de la cartera.
El proyecto está listo para ser promulgado, aunque deberá ser el Senado en segundo trámite legislativo el que apruebe o rechace el artículo 93 de la iniciativa que reinterpreta el decreto ley de amnistía, con lo que los delitos contra los derechos humanos se declaran imprescriptibles y sin posibilidad de ser amnistiados.