Mientras que los trabajadores a contrata bordean los 90 mil, cifra que supera levemente a los casi 88 mil que tienen la categoría de planta en las distintas reparticiones públicas.
Consultada por esta polémica, la ministra Secretaria General de Gobierno, Carolina Tohá, manifestó la disposición del Ejecutivo a corregir este vicio, pero aclaró que está dentro de los marcos legales.
“No hay ninguna ilegalidad, ni anormalidad. Lo que hay es una política que se ha mantenido en el tiempo y que debe profundizarse a futuro, en el sentido de que no haya personas con funciones permanentes que se mantengan a honorarios y que sean crecientemente incorporadas en la contrata, como se ha hecho y continuará haciendo durante este año”, señaló Tohá.
Por su parte, Patricia Silva, directora de la Dirección del Trabajo, ratificó que el gobierno no está incurriendo en un ilícito, y enfatizó que aumentar la cantidad de personal de planta en el sector público es responsabilidad de los legisladores.
“Ese es un tema de ley, son discusiones de Parlamento, tiene que ver con aumento de la dotación real del Estado. Los que dicen que hay que cumplir la ley y cuando llega al Parlamento no quieren un Estado más fuerte, y lo que han hecho es debilitar al Estado todo este tiempo… La verdad es q este doble discurso hay que colocarlo en su justa dimensión”, manifestó Silva.
Otro actor que salió al ruedo en la polémica fue el sector empresarial, el que de acuerdo a las estadísticas de la Dirección del Trabajo han recibido grandes multas por prácticas que implican una precarización del empleo.
Al respecto, el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Rafael Guillisasti, emplazó al gobierno y a todos los sectores políticos a realizar una discusión de fondo sobre modernización del Estado para evitar la propagación de este tipo de vicios administrativos en el sector público y privado.
“Esta es una situación que realmente no da para más. Espero que a raíz de que se transparentaron los datos se enfrente una modernización del Estado, lo planteó en su momento el ministro Pérez Yoma. No depende de nosotros que eso se implemente, pero para reformar el Estado tiene que haber un acuerdo transversal”.
A su vez, el presidente de la ANEF, Raúl de la Puente, reiteró su disconformidad con el asunto y aseguró que, como mecanismo de presión, los quince gremios del sector público se encuentran en estado de alerta para realizar futuras movilizaciones por estas demandas.
“Nosotros estamos esperando que se instale la mesa sectorial política con los ministros de Hacienda y del Trabajo. Además, le hemos solicitado a la Presidenta ser recibidos y ella se comprometió con nosotros a recibirnos en marzo, situación que no se a cumplido. Por eso que la ANEF está en estado de alerta y no descarta modificaciones. Vamos a luchar por que esta situación se regularice”, aseguró De la Puente.
Si bien el gobierno asegura que la ley establece que no puede haber más del 20 por ciento de empleados bajo el sistema de contrata y pago con boletas, plantea que será un desafío de la próxima administración respetar la norma.