“La idea es estandarizar, que haya un certificador de prestaciones, fundamentalmente de insumos, de medicamentos y de algunas prestaciones que son las de mayor frecuencia, es tener un certificado donde la gente pueda comparar, porque se constatan diferencias de precios entre clínicas que no tienen una explicación mágica”, subrayó Erazo.
El secretario de Estado explicó que ya tienen algunos estudios sobre el costo de las diferentes clínicas y recintos privados de salud con los que se puede hacer una comparación de los precios.
Más allá del costo por la internación de un paciente en una clínica privada y los servicios de hotelería que esto implica, en el gobierno hay seguridad que estas empresas aumentan de sobre manera el valor final que pagan los pacientes por los exámenes y otros procedimientos, por lo que anunciaron que estudiarán si corresponde legislar en esta materia.
“La diferencia de precios de los exámenes en las clínicas no tiene una explicación razonable y vamos a estudiar la fórmula, para ver cómo lo podemos resolver. Evidentemente que no hay una explicación más allá de la hotelería para que haya una disparidad tan grande de precios. Todos nosotros cuando hemos concurrido a sacar algún examen, nos damos cuenta que si vamos a una clínica x, vamos a pagar el doble que si vamos a otra, y eso no parece justificarse”, indicó el ministro Secretario General de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo.
Además de las indagaciones que comenzarán inmediatamente un equipo del ministerio de Salud y del SERNAC sobre los valores de los servicios en las entidades privadas, aunque para un grupo de parlamentarios también es necesario dotar de mayores herramientas para la fiscalización a la Superintendencia de Salud.
Así lo explicó, a nombre de la bancada de diputados demócrata cristianos, Jorge Burgos, quien junto a otros integrantes de ese grupo de legisladores se reunieron con el ministro Viera Gallo y el superintendente, Manuel Inostroza, donde adelantaron que presentarán una moción parlamentaria que esperan sea respaldada por el Ejecutivo para solucionar este tema.
“Es indispensable dotar de mayores facultades a la Superintendencia de Salud en materia de trasparencia y regulación de los precios que cobran las clínicas, ahí hay un espacios enorme y eso está redundando en que los chilenos pagamos la gana”, dijo Burgos.
Los diputados DC ejemplificaron con el caso de un examen de perfil bioquímico que en la Clínica Alemana cuesta 23 mil pesos, mientras que en la Clínica Dávila su valor alcanza los 9 mil, con una diferencia del 162 por ciento.
Sin embargo, puntualizaron que en algunos casos las diferencias superan el 450 por ciento por un mismo examen, situación que se debe regular a la brevedad, plantearon a la salida del encuentro con Viera Gallo.
Resguardar la libre competencia
Sobre las farmacias, Erazo explicó que continúan con el plan desplegado por el Ejecutivo, el que contempla la revisión quincenal de los precios de los medicamentos en las farmacias por parte del SERNAC y la Central Nacional de Abastecimiento.
Además, indicó que será la Presidenta Bachelet la que dará a conocer la decisión de la venta de medicamentos de uso común en los supermercados, así como la presencia de un listado de trescientos genéricos en las farmacias para que la gente pueda optar por cuál comprar.
Por su parte, el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Rafael Guilisasti, en un encuentro que sostuvo con el presidente del Senado, Jovino Novoa, analizó el caso de colusión de las tres principales empresas farmacéuticas del país, que ha afectado la credibilidad de la actividad empresarial.
“Queremos que se aclare a fondo lo que ha pasado, nosotros somos partidarios de la libre competencia y cuando ésta no ocurre se daña la imagen de la actividad del empresariado”, enfatizó Guilisasti.
El líder empresarial y el presidente del Senado conversaron también acerca del fortalecimiento de la legislación que regula el sistema de libre competencia y que incluye mayores atribuciones investigativas a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y al Tribunal de la Libre Competencia (TDLC).
En este proyecto se ha esbozado también la posibilidad de volver a tipificar penalmente las infracciones a la confianza de la economía de libre mercado.
“Todos los proyectos que se han presentado debido al caso de las farmacias serán analizados, pero quiero precisar que fue el Presidente Lagos quien envió el proyecto que despenalizaba estas conductas, porque se quería que la FNE hiciera las investigaciones y al penalizar debe pasar al Ministerio Público, lo que representa un cambio que no se hace de un día para otro”, indicó Novoa.
En el marco de esta discusión también se está analizando en comisión mixta del Congreso la polémica figura de la delación compensada.
Llaman a exigir asesorías de químicos farmacéuticos
Quienes también se refirieron al escándalo de colusión de las farmacias, fueron los integrantes del Consejo de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile.
A través de una declaración pública manifestaron su categórico rechazo a las prácticas ilegítimas de estas empresas y llamaron a las farmacias a “retomar su condición de establecimientos de salud”.
“Insistimos en la conveniencia que las autoridades correspondientes, se aboquen a revisar las normativas relacionadas con la entrega segura e informada de los medicamentos en estos establecimientos”.
Asimismo, aclararon que “profesionales químico-farmacéuticos que trabajan en las cadena, no tienen responsabilidad en la toma de decisiones comerciales, como es la fijación de precios” y llamaron a la población a hacer valer su derecho de ser atendido por un profesional de este rubro.