La entrada en vigencia este 20 de abril de la Ley 20.285 sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública constituye tanto un hito histórico como una señal desde el Estado, respondiendo a la constante lucha post dictadura de las organizaciones ciudadanas, de trabajadores, profesionales y periodistas por ejercer su derecho de acceso a la información relevante para la defensa del interés público, los bienes comunes y la democratización del país.
También han influido en la dictación de la Ley, las crecientes exigencias de los organismos políticos y financieros multilaterales con el fin de impulsar una modernización de la institucionalidad y legislación del país para su aceptación como miembro pleno de la comunidad internacional.
La aplicación de la Ley sobre Transparencia materializa el artículo 8 de la Constitución Política que ordena dar publicidad a los actos y resoluciones de los órganos del Estado; y el Consejo para la Transparencia será el órgano autónomo que fiscalizará el cumplimiento de la nueva normativa.
Esta nueva institucionalidad, sin duda generará inéditas tensiones entre el “viejo Chile”, de carácter secretista, autoritario, acostumbrado a administrar el país en base a tradicionales y nacientes castas políticas y empresariales, versus las crecientes aspiraciones y demandas de participación, transparencia y control social de una “nueva sociedad” chilena. Este nueva ciudadanía está emergiendo paradojalmente como resultado de los cambios culturales y productivos, derivados de la mundialización de la economía, unida a un complejo proceso de profundas transformaciones culturales y sociales, consecuencia de casi 60 años de diversas experiencia políticas en Chile y América Latina.
Los ojos de la sociedad chilena y de la comunidad internacional estarán a partir de hoy puestos en ver cómo la administración del Estado, municipalidades, empresas públicas y organismos autónomos, como el Banco Central y el Congreso, cumplen con el desafío de la transparencia activa contenida en la ley.
Es evidente que el Consejo para la Transparencia estará sujeto desde su inicio a fuertes presiones provenientes desde los dos Chiles. Ello será especialmente relevante en lo referido a aspectos como la metodología de publicidad, el sistema de reclamo por negativas de acceso a la información pública, el ejercicio de las funciones de garantía y de regulación del Consejo.
Sin embargo, lo que marcará la evaluación que hará la ciudadanía del trabajo fundacional del Consejo, será la relevancia de la jurisprudencia que logre generar para orientar a la administración pública y a los representantes del Estado.
El empleo de la tecnología de la información y la adecuación de los sitios de comunicación electrónica por parte del sector público, sin duda debería favorecer el ejercicio del derecho de acceso a la información fidedigna, la transparencia y el control ciudadano.
También lo deberían ser la creación de los indicadores sobre el cumplimiento de las obligaciones de transparencia “activa”, el seguimiento de la tramitación de las solicitudes de acceso a la información ante los órganos de la administración, y el seguimiento de los reclamos ante el Consejo de la Transparencia.
Queda como desafío ver si los ciudadanos vamos lograr acceder a información realmente trascendente, o si vamos a estar rodeado de una gran cantidad de información formal y no relevante, lo cual sería otra forma de desinformar.
A partir de hoy, la promoción y difusión de la ley y su reglamento a nivel de los ciudadanos, especialmente en los establecimiento de educación pública y universidades, organizaciones de trabajadores y colegios profesionales, entre otros, constituirá un elemento clave para la formación y consolidación de un cambio cultural, que dote a los ciudadanos de una capacidad plena para ejercer activamente sus derechos y deberes de manera autónoma frente al Estado, la industria y los partidos políticos.
Por: Juan Carlos Cárdenas N
Médico Veterinario
Director Centro Ecocéanos
Santiago de Chile, 20 de abril de 2009