La otra es la transparencia pasiva, donde cada ciudadano deberá actuar solicitando la información, ya sea personalmente, vía carta o por formato electrónico, para recibir una respuesta, en casos justificados, en un máximo de veinte días después de ser solicitada.
Esta apertura significará un importante paso, afirmó la Presidenta Michelle Bachelet, aunque hizo un llamado a utilizar sus herramientas de manera correcta.
“Es una ley para mejorar las cosas, no para iniciar una cadena de agravios; es una ley para participar, no para obstruir. Con esta ley deberían ir quedando en el pasado las denuncias al boleo y las dudas a priori sobre la honorabilidad de las personas con tal de ganar atención en los medios porque ahora todas las personas van a tener la posibilidad de informarse”,
La ley obliga a que cada repartición pública tenga disponible la información desde 2004, con lo que, por ejemplo, se permitiría conocer al menos parte de los honorarios que recibió el ex ministro de Defensa, Patricio Rojas, junto a tres de sus ex subsecretarios, por las asesorías que realizaron en estas materias hasta 2007.
Sin embargo, en el propio Consejo para la Transparencia reconocen la poca cultura que tiene nuestro país sobre registros, situación que se espera superar junto al Archivo Histórico Nacional en los próximos meses.
Otra duda que surge sobre la obligatoriedad que tendrán los organismos de publicar toda su información, es, por ejemplo, en los municipios donde se entregan subsidios a personas con enfermedades como VIH, niños víctimas de abuso sexual o sobre los integrantes de los programas de rehabilitación.
Sobre este punto, el vicepresidente de la Asociación de Municipalidades, Claudio Arriagada, fue enfático al hacer un llamado a las alcaldías para no hacer pública este tipo de información.
“Hay una norma de protección a la identidad de los beneficiarios que es superior a esta ley, debemos respetar esa integridad y no tener miedo a ninguna sanción porque se ha hablado con el presidente del Consejo para la Transparencia y entendemos que a través de la comisión de gobierno interior hicieron las consultas para que se pronuncie sobre la obligatoriedad de subir estos subsidios a la información pública”, explicó Arriagada.
Pero los empleados del sector público también están preocupados porque, según el presidente de la ANEF, Raúl de la Puente, la nueva normativa de transparencia no entrega protección sobre la información de los funcionarios.
“La ley en ninguna parte protege al trabajador del acoso de las casas comerciales, de las empresas o los bancos y tampoco lo protege de inescrupulosos o delincuentes que pudieran aprovechar esa información para sustraer, estafar o cometer algún delito en contra de un funcionario público”, expuso De la Puente.
Más del noventa por ciento de los municipios, así como todo el Ejecutivo y otras entidades del Estado, estarán en condiciones de cumplir con la ley a partir de este lunes 20 de abril cuando entre en vigencia, aunque se le critican varios aspectos y temas que aún quedan por responder.