Para la teoría económica, la libre competencia es sinónimo del mercado perfecto, que es aquel en que la oferta y la demanda revisten las características de la atomicidad
[1] y fluidez. A estos dos tenemos que agregar otro que ha estado ausente en esta polémica: la transparencia. Pero sigamos adelante, tratando de resumir el contexto, los mercados imperfectos son aquellos en que falta alguna de las condiciones o características antes señaladas, es por ello que la imperfección de los mercados o su falta de fluidez se puede presentar en diferentes casos y obedecen a múltiples causas; como algunos fenómenos climáticos o como en el caso en comento, pueden ser obra de los hombres, y es precisamente aquí donde hay mercado imperfecto o de competencia monopólica.Hagamos memoria, fue precisamente el año pasado en que las empresas tuvieron una guerra de precios en que se llegó a ofrecer un segundo medicamento “a un peso”.
Con todo lo anterior, conviene preguntarse si nuestros organismos antimonopolios están preparados para actuar debidamente. La respuesta es afirmativa, Chile cuenta con una institucionalidad como el tribunal de la libre competencia que es un ente autónomo, por otro lado se ha discutido si la fiscalía nacional económica cuenta con facultades para lograr detectar estas y otras distorsiones en el mercado. En esta línea conviene recordar que se encuentra en el Congreso en su segundo trámite legislativo la aprobación de nuevas herramientas que puedan dotarla de mayores facultades como interceptación de llamadas, incautación de documentos, etc. En este punto es donde me quiero detener para recordar que la actual institucionalidad es la del DL 211 de 1973, reformada en 1979 en que al Tribunal de la Libre competencia, se le encargó señalar expresamente que los atentados a la libre competencia y los abusos monopólicos pueden investigarse, corregirse, y sancionarse por los órganos especiales que la misma ley establece, sin necesidad de afirmar la existencia de un delito penal.
El actual proyecto contempla el beneficio de la delación compensada, que se daría a quien primero entregue antecedentes de una colusión, siempre que no sean los instigadores del mismo, ahora bien, como los principales problemas que enfrentan las fiscalías económicas en el mundo son la dificultad para recabar medios de prueba que sustenten la investigación y una posterior condena, para algunos la delación compensada si bien es cierto puede generar reticencias en la ciudadanía al premiar a una empresa que participó en un cartel, sobre todo si como es en este caso, obtuvo un considerable beneficio económico a costa de los consumidores. No es menos cierto que este acuerdo entre Fasa y la FNE, ha generado un hito sin precedentes, aún cuando la figura de la delación compensada no existe en nuestro país, pero que sin lugar a dudas da un fuerte impulso a la aspiración de otorgar mayores poderes a la fiscalía.
Me parece que cuando hablamos de un hito, hablamos de un hecho sin precedentes, del cual se puede aprovechar esta coyuntura para la reflexión. Adam Smith, en 1776 en su obra titulada “ Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones” defiende que el Estado debe mantenerse apartado de la economía del país, no debe fijar precios, ni salarios, ni debe proteger a los obreros, los empresarios pueden actuar con entera libertad y como mejor les parezca. En otras palabras Laissez Faire, es decir, dejar hacer, dejar pasar, una verdadera mano invisible que activa y mueve las fuerzas que rigen la economía, donde hay un orden económico natural que funciona mejor cuanto menos intervenga el Estado. Ciertamente asumimos que hoy en día en pleno siglo XXI el mercado tiene un rol como asignador de recursos, pero claramente, esto dista mucho de ser una economía social de mercado, esto demuestra a todas luces que si el mercado no cuenta con un rol activo del Estado, la mano invisible puede terminar por subir la lista de precios de los medicamentos.
Carlos Alvear, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Central de Chile. Consejero Nacional Comisión Chilena de Derechos Humanos.