Convengamos que los anteriores son necesarios, pero no son determinantes y por ello sostenemos que muchos de ellos, se han transformado en meros intermediarios entre los inversionistas y las municipalidades. Están asustados porque perderán altos grados de influencia para decidir discrecionalmente materias de orden urbano. Tienen pavor a perder esta antigua prebenda.
Entendemos que esos “expertos”, uno de los cuales es el arquitecto Cristián Boza, hombre del comando presidencial de Piñera, han acusado el golpe y tratan de cambiar el curso de la historia. Asimismo, otros actores expresan que los plebiscitos son muy caros y que, por ello, sólo en unas 10 comunas se podrían llevar a cabo. Dicen que el de Vitacura habría costado 200 millones de pesos.
Los Planes Reguladores Comunales (PRC) son instrumentos normativos de duración indefinida y la experiencia nos indica que en nuestro país las regulaciones allí establecidas se modifican a gusto de quien desea hacer un buen negocio y por ello sus normas se cambian a cada rato, llegándose al extremo que en ocasiones se modifican ciertos parámetros para transformar en legales construcciones abiertamente viciadas.
En Chile los particulares relacionados con las cúpulas del poder han obtenido enormes plusvalías patrimoniales, ya que la explotación del uso del suelo ha estado determinada por decisiones “técnicas” adoptadas por autoridades light y por las llamadas tendencias del mercado. Por ello, en ciertas comunas pobres del poniente de la ciudad de Santiago el m2 de superficie urbana se transa en UF 1 y ese mismo m2 en una comuna de moda del sector nor-oriente se transa en UF 150 y esta inequidad se debe, entre otros motivos, porque en esta región, los vertederos, las cárceles, las plantas de tratamiento de aguas servidas, los cementerios y todas aquellas actividades indeseadas, obligatoriamente se tienen que ejecutar en las comunas más modestas. Como vemos, el Estado protege a las comunas top, prohibiendo tales tipos de equipamientos, consagrándose así la desigualdad más absoluta. Y quienes generan más basura, son los consumidores de más altos ingresos.
Si queremos modernizar la estructura del Estado en materias urbanas se necesita terminar con los “trajes a la medida” para aquellos que desean verse favorecidos con cambios en la reglas del juego y ello pasa por disponer de Consejos Consultivos en cada comuna en donde intervengan actores privados, funcionarios municipales y actores ciudadanos. Toda propuesta de cambio, después de ser conocida por ese cuerpo colegiado, deberá ser publicada en la página web de cada municipalidad y será administrada por el profesional que ejerce la función de Asesor Urbanista, quien la tabulará en una planilla, en donde se incorporarán las demás propuestas de cambios.
Por lo anterior, sería deseable que el actual gobierno, en una iniciativa de apertura a la participación ciudadana de verdad, prepare un proyecto de ley para consagrar el plebiscito cada 4 años, en la misma fecha de las elecciones de alcalde y concejales, con lo cual serán los electores de las comunas quienes decidirán sus formas de vida en materia urbana. Está claro que los candidatos presidenciales deberían pronunciarse sobre esta propuesta, la que tendrá el gran mérito de tener costo cero para los 345 municipios del país.
Otra ventaja implícita es la relacionada con la transparencia, ya que así los candidatos a alcalde y concejales podrán expresar en sus campañas proselitistas sus preferencias ante las distintas posiciones urbanísticas en juego. Y los ciudadanos, sabiendo lo que piensan y dicen los candidatos, estarán en mejores condiciones para votar. Verse las caras de frente siempre es bueno y si prospera la idea, terminaremos con el mentiroso doble discurso tan habitual en nuestro país.
Patricio Herman