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Agosto 18, 2026

Ley de Amnistía: el error que la Concertación intenta enmendar

Santiago.- El 2009 será un año decisivo para Chile en materia de derechos humanos. Debe concretar dos hitos fundamentales frente a la comunidad internacional: presentar un informe sobre su estado y ratificar el Estatuto de Roma, con el cual se reconoce la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional.  Y las intenciones de la Presidenta Michelle Bachelet, es que este acuerdo sea aprobado antes de su próximo viaje a Holanda, lo que demuestra la importancia que tiene para el gobierno la ratificación del TPI.

Pero aunque corren por carriles diferentes, el país quedó en mal pie en materia de derechos humanos a nivel internacional debido al rechazo que sufrió el proyecto que interpreta la ley de amnistía. El Senado optó por no legislar en esta materia, pero esa decisión la tomaron sólo los once senadores presentes en la sala, mayoritariamente pertenecientes a la Alianza. Pese a que se trata de un proyecto impulsado por el ex presidente de la Cámara, Juan Bustos, y de una materia relevante para el Ejecutivo, los parlamentarios oficialistas no acudieron a la votación. Asimismo, el presidente del Senado, Jovino Novoa, optó por no posponerla y dejó en manos del reducido quórum la aprobación o el rechazo del proyecto, algo que desde la Concertación calificaron como un acto de mala fe.

El rechazo del proyecto que establece como inamnistiables e imprescriptibles los crímenes de lesa humanidad, de guerra y el genocidio, contraviene un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

”Esta resolución obliga al Estado de Chile a enfrentar el tema de la impunidad por el caso Almonacid. Hace casi tres años hubo un fallo de esta Corte que le exige y lo obliga a enfrentar la impunidad, y que por tanto, los violadores a los derechos humanos deben ser condenados”, recordó la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro.

De esta forma se reafirma el camino adoptado por Chile, donde los últimos gobiernos han mostrado graves retrocesos. Para el académico de la Universidad de Chile, Felipe Portales, esto “significa una grave violación de los tratados, porque es evidente que Chile tiene que cumplir de acuerdo a la Convención Americana de Derechos Humanos y con las sentencias de la Corte”.

Esta mala señal que se suma a otras, como por ejemplo, la prohibición a los tribunales de justicia de conocer las denuncias de torturas y tratos vejatorios cometidos en la dictadura, y que fueron entregados por miles de personas a la Comisión Valech, lo que contraviene todos los preceptos legales que rigen en el país, subrayó Portales.

En el gobierno el tema es visto con preocupación, por lo que a través de su vocera, Carolina Tohá, se comprometió a envío de una nueva iniciativa al Parlamento para rectificar el decreto ley de amnistía.

”Vamos a buscar mecanismos, independientes de los que busquen las agrupaciones y los parlamentarios, para que a través de otros proyectos que están en discusión podamos incorporar nuevamente al debate esto y se vote en la sala con la presencia de todos los parlamentarios, y respondamos así lo que hemos comprometido frente a las agrupaciones”, aseguró.

Junto con ello, los diputados Tucapel Jiménez y Sergio Aguiló adelantaron la presentación de una nueva iniciativa, la que pedirán sea patrocinada con suma urgencia por el Ejecutivo, y que contiene un nuevo artículo adicional al proyecto anterior rechazado en el Senado.

”Le vamos a agregar ahora la media prescripción, porque a algunos criminales se les está aplicando la amnistía y los que logran ser condenados se les aplica la media prescripción. En el caso de la muerte de mi padre a todos se les aplicó así, siendo ellos mismos los que dilataron el proceso. Esta ley maldita, la vergüenza de tener esta legislación en Chile, hoy nos da más vergüenza que en democracia no hayamos sido capaces de eliminarla”, enfatizó el hijo del asesinado sindicalista Tucapel Jiménez.

Aunque afirmó que están concientes de que el interés del presidente del Senado, Jovino Novoa, y los legisladores afines a sus ideas, será boicotear el proyecto e incluso declararlo inconstitucional, aseguró que mantendrán la propuesta y pedirán, en caso de ser necesaria, la intervención del Tribunal Constitucional para que dirima en este caso.