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Agosto 18, 2026

¿Estudiantes de Derecho de primera o segunda clase?

No me explico por qué los decanos de la carrera de Derecho de cinco universidades de las llamadas tradicionales, al proponer un examen voluntario y nacional para medir la calidad de los nuevos abogados hayan dejado al margen del debate, a los decanos de las universidades privadas. ¿Acaso hay estudiantes de primera, segunda o tercera categoría?, ¿por qué no se establece un diálogo serio y no excluyente?, ¿por qué imponer ciertos criterios en  forma arbitraria?

Los decanos de las universidades privadas tenemos tanta trayectoria, tanto prestigio, conocimientos y currículo académico como las autoridades de los planteles tradicionales. No estamos en un nivel inferior y contamos con las mismas capacidades.

A mi juicio, una prueba elaborada exclusivamente por las universidades tradicionales, tal como se ha propuesto, puede tener, en la práctica, una doble lectura: para los decanos de esas instituciones, las universidades privadas simplemente desde el punto de vista académico no existimos, o bien, estiman que la enseñanza es mala en estas universidades. Pensar de esa forma es un grave error. Sin embargo, esta mirada por encima del hombro se contrapone con una realidad de la que a diario somos testigos quienes ejercemos la docencia. Existen decanos de instituciones tradicionales que han hecho clases en planteles privados y a su vez muchos profesores de universidades privadas imparten cátedra en las universidades tradicionales.

Estoy en total desacuerdo con  el sistema de la prueba nacional en los términos en que se ha propuesto. Lo primero que se debiera hacer es estudiar las mallas y evaluar los requisitos establecidos por las distintas facultades para lograr la titulación.  No es válido esperar que un alumno llegue al último año, dé el examen de grado, realice su práctica y al final de todo ese proceso, se le someta a un examen que mida sus conocimientos y competencias. Es demasiado el tiempo que ha invertido y con esta nefasta estrategia, daríamos pie a una sociedad de abogados frustrados, porque tal vez varios terminarían reprobando el examen.

En el caso de nuestra Facultad de Derecho, estamos trabajando por la acreditación de la carrera y hemos modificado el tradicional examen de grado. En ese marco, el alumno debe rendir una prueba habilitante y si obtiene buenos resultados puede dar el examen de grado. Pedirle después que se someta a un examen tradicional elaborado por las facultades de Derecho tradicionales, sería un abuso.

La última palabra en este debate la tiene la generación de estudiantes que se titula de las universidades privadas y, en el caso de la Facultad de Derecho de la Universidad Central, se destacan por ejercer importantes cargos, la mayoría en el sistema público.

Respondiendo al nivel en que se encuentra el debate hoy, convoco a los decanos de todas las Facultades de Derecho del país a una reunión para discutir con seriedad y sin espíritu de protagonismo alguno la situación de los estudios de Derecho en Chile y el ejercicio de la profesión de abogado, porque éste es un tema que interesa a toda la sociedad y no es discrecional de algunas Facultades.

Por: Ángela Cattan Atala, Decana (i) de la Facultad de Derecho de la Universidad Central.