Ante ello, dijo, el gobierno mexicano analizó la situación de manera seria y llevó a cabo los contactos pertinentes con Estados Unidos para resolver el problema.
Sin embargo, tras agotar todas las instancias sin obtener una respuesta favorable nos vemos obligados a adoptar medidas de represalia conforme el TLC lo dispone, reveló Ruiz Mateos.
Añadió que la respuesta comercial busca preservar la integridad del TLC y significa el costo que tendrá que pagar Estados Unidos por no cumplir sus compromisos.
Los productos a los que se incrementarán los aranceles están relacionados con los sectores industrial y agrícola, que en 2007 representaron un volumen de comercio por 2 mil 400 millones de dólares, cifra que representa 1.7 por ciento de las importaciones totales de México.
Casi 70 por ciento de las mercancías que se comercian entre México y Estados Unidos se transportan por carretera.
La Secretaría de Economía (SE) publicará esta semana la lista de los productos en el Diario Oficial de la Federación y detallará los porcentajes de incrementos.
Ruiz Mateos mencionó tres criterios por los cuales se decidió tomar la represalia comercial a los 90 productos en particular.
Uno ellos es que las mercancías provengan de un número importante de estados de Estados Unidos, y cuyas exportaciones a México representen un porcentaje importante respecto de lo que se vende al resto del mundo.
El segundo criterio es que no fueran insumos que pudieran afectar las cadenas productivas mexicanas y no impactar el precio del bien final.
Por último, el gobierno mexicano buscó que no hubiera un impacto en los precios de los artículos de la canasta básica.
En la conferencia de prensa, el titular de la SE acusó a Estados Unidos de proteger a los transportistas estadunidenses y de afectar con ello la competencia de la región.
Explicó que el argumento estadunidense para impedir el paso a los transportistas mexicanos es que no cumplen con las reglas de seguridad, pese a que en el periodp de vigencia del programa binacional eliminado por Obama hubo más de 46 mil cruces sin que se registraran incidentes de importancia.
México y Estados Unidos acordaron abrir sus estados fronterizos a los transportistas de carga en diciembre de 1995 y a todo el territorio a partir de enero de 2000, pero Washington decidió no llevar a cabo la apertura argumentando cuestiones de seguridad.
Entre septiembre de 2007 y febrero anterior un total de 26 empresas mexicanas y 10 estadunidenses participaron en el programa binacional denominado Proyecto Demostrativo.
Dicho proyecto fue cancelado por Obama el 11 de marzo, cuando firmó la Ley de Presupuesto para 2009 y en la que se establece la prohibición al Departamento de Transporte de usar recursos para el programa.