El préstamo de 400 millones de dólares se avaló con una carta de respaldo firmada por ambos secretarios de Estado. De acuerdo al informe, este documento comprometió dineros del Fisco en la operación, vulnerando las facultades de Parlamento, que debió dar su aprobación.
De acuerdo a la comisión investigadora, los secretarios de Estado “jugaron un rol activo en la concreción de una estrategia política, técnica y comunicacional destinada a sustentar una construcción jurídica que, vulnerando la Constitución y las Leyes, permitiera seguir financiando el sistema de transportes de Santiago, por una vía alternativa al Congreso Nacional”.
Según el Presidente de la instancia, el PRI Carlos Olivares, la aprobación del texto significa que la Cámara reivindicó la institucionalidad en este caso.
“La Cámara de Diputados manda un mensaje: no vamos a seguir tolerando estas situaciones, aquí hay una institucionalidad que respetar. Esto es lo último que vamos a aceptar. Veremos más adelante todos los caminos que nos confiere la ley para hacer respetar la legalidad vigente”, afirmó Olivares.
El informe agrega que esta operación desnaturalizó la función de la cuenta de reembolso del sistema, lo que fue rechazado por el diputado PPD Jorge Inzunza, quien señaló que este texto es parte de una serie de acciones para traspasar las responsabilidades de los operadores privados del sistema de transportes al erario público.
“Ellos no tienen ningún interés en dar soluciones, sino en profundizar la crisis. La presentación que hizo la derecha ante el Tribunal Constitucional, el fallo del TC y esta misma resolución de la Cámara, transforma una deuda privada, de los operadores del transporte público, en una deuda pública. Lo que tenían que pagar las empresas, ahora va a tener que ser cubierta por el Estado”, expuso Inzunza.
Finalmente, en la Alianza Por Chile, el diputado de la UDI Patricio Melero, señaló su satisfacción con el resultado, agregando críticas por los magros resultados económicos del sistema.
“El Parlamento hoy día lo ha dicho: Basta ya que sigan gastando la plata de los chilenos en un Transantiago fracasado en vez de ayudar a los que no tienen trabajo, no tienen accedo a la salud, a los que no tienen vivienda. Basta ya de seguir comprometiendo el patrimonio del Estado y de una vez por todas debe dejarse de seguir despilfarrando el patrimonio de los chilenos”, enfatizó.
Otro de los factores que marcó el debate en la sala fue el rol jugado por la Contraloría, que visó la operación, aunque fue declarada inconstitucional después del fallo por parte del TC a requerimiento de la Alianza, que motivó la creación de la comisión investigadora.