Y la respuesta al llamado del gremio fue masiva. Cientos de profesores salieron a las calles. A esta hora se realizan marchas en cada ciudad de la región que tienen por destino las sedes municipales, salvo en Valparaíso, donde los docentes pasaron primero por la Intendencia para manifestarse.
La paralización de los profesores tuvo como consecuencia que algunos establecimientos escolares debieran suspender las clases y enviar a los alumnos de regreso a sus casas, hecho que generó enorme molestia en el gobierno.
La Secretaría Regional de Educación de Valparaíso, advirtió que están investigando los hechos y anunció sanciones si se comprueba responsabilidades. “No vamos a aceptar como gobierno que por una reivindicación gremial, legítima si se quiere, se esté privando a los estudiantes, primero, de educación y, segundo, del beneficio que es tan importante para los niños de escasos recursos, que es la alimentación, íbamos a entregar los textos de estudio también”, subrayó el seremi Fernando Pérez.
Funcionarios del Mineduc critican nuevo paso de la LEGE
En el Congreso, en tanto, la comisión de Educación del Senado despachó el proyecto de Ley General a la comisión de Hacienda en el marco de su segundo trámite constitucional.
Esto, luego que el senador socialista, Juan Pablo Letelier, incluyera dos indicaciones más al texto que buscan dar un reconocimiento legal a las instituciones que aplican el sistema Baldor de educación y asegurar la no discriminación en los establecimientos.
El senador Ricardo Núñez, presidente de la comisión, destacó que el proyecto fue enriquecido, aunque reconoció que no genera total consenso. “El acuerdo político ha estado como escenario, por cierto que lo hemos respetado, pero todos hemos entendido que los acuerdos políticos son siempre perfectibles, a tal punto que hemos sacado una Ley General que puede ser que no tenga el respaldo del conjunto de las fuerzas políticas, ideológicas o culturales que existen en el país, pero nunca una ley general lo ha tendido”.
Precisamente ese desacuerdo es el que manifestó el presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Educación, (Andime), Nelson Viveros, quien rechazó la aprobación de la Ley General de Educación, porque, a su juicio, consolida la privatización de la enseñanza pública.
El dirigente denunció que el año pasado comenzaron a funcionar empresas de Asesorías Técnicas Educacionales (ATE), encargadas de aconsejar a los establecimientos en la detección y solución de los problemas de aprendizaje, externalizando las tareas de algunas áreas del Mineduc, incluso antes que la legislación fuera aprobada.
“Los efectos de esta iniciativa, por ejemplo, ha significado que el Estado traspasó miles de millones de pesos a comienzo del 2008 sin que estuvieran efectuados los diagnósticos de las realidades de los establecimientos a los cuales se les estaban otorgando estos recursos. Comenzó a aplicarse viciadamente la ley que estableció la ley de Subvención Escolar Preferencial”.
Viveros indicó, además, que con la creación de la Superintendencia de Educación y la agencia de aseguramiento de la calidad de la misma, más de mil 200 empleados profesionales dependientes del Mineduc perderán su trabajo y las garantías laborales de funcionarios estatales, ya que dejarán de regirse por el Estatuto Administrativo para adherirse al Código del Trabajo.
“Cuando estas leyes se aprueben, cuatro quintas partes del ministerio aproximadamente se van a ir a la ‘cancha’, porque va a quedar un ministerio empequeñecido, encogido, gibarizado, porque ya se le están cortando pedazos al ministerio”, afirmó el dirigente.
Por esta razón, la Asociación de Funcionarios del Mineduc anunció vigilias de protesta en todo el país donde buscarán informar a la comunidad sobre el problema en educación chilena.
Además, confirmaron su participación en el paro nacional convocado por la CUT para el 16 de abril.