La derecha piñerista, defensora sempiterna de los mecanismos institucionales de explotación de la fuerza de trabajo —está claro— no le dará sus votos en el Congreso a un proyecto que cuestione una ley de origen dictatorial. Incondicionales y representantes fácticos del poder empresarial, los aliancistas no querrán cambiarle ni una coma a un código laboral cuya matriz fue diseñada por el neoliberal José Piñera Echenique, el hermano del presidenciable.
Pese a los dimes y diretes, la Ministra del Trabajo Claudia Serrano fue clara —según lo informado por la prensa capitalina— en revelar el contenido del mentado paquete de reformas laborales. Ella lo definió como “un proyecto sensato y consensuado con los empresarios” puesto que no eliminará la cláusula que permite a la patronal de reemplazar a los trabajadores durante la huelga ni aquella que impide la negociación interempresas.
Se trata entones, en toda lógica, de un remedo de reforma laboral. O más bien de continuismo neoliberal en materia de derechos laborales. Pero los concertacionistas quieren hacer creer lo contrario. Que es posible ejercer el derecho de huelga cuando los patrones pueden contratar krumiros o rompehuelgas para destruir el movimiento reivindicativo legal.
¿Y no es normal acaso que en una sociedad respetuosa de los derechos colectivos los trabajadores de empresas de rubro común como los de las salmoneras puedan negociar juntos el precio y las condiciones en las cuales venden su fuerza de trabajo para poder disputarle a los empresarios una tajada mayor de la riqueza por ellos generada?
En general, las intervenciones de socialistas, como Escalona y Viera Gallo, buscan crear la ilusión que la Concertación es favorable a los intereses de los trabajadores. Además, lo que es una paradoja, tanto los dirigentes de la izquierda no gobiernista como los de la CUT son conscientes del juego, pero por el momento sólo han utilizado una táctica discursiva. No se han planteado claramente en la práctica una estrategia de movilización por la reconquista de los derechos colectivos de los asalariados.
¿No es acaso la función histórica de la izquierda?
¿Será el precio a pagar por el pacto electoral restarse al debate y evitar pronunciarse claramente?
¿No tendría la CUT que llamar a un ampliado de dirigentes para diseñar la lucha democrática a seguir para dotarse en período de crisis del capitalismo global y nacional de los instrumentos legales necesarios para hacerle el peso al poder empresarial?
La única manera de llevarla a cabo sería con una agenda de movilizaciones para obtener leyes laborales que permitan que en el proceso de negociación colectiva los trabajadores fijen condiciones para no ser despedidos. En períodos de crisis económica e ideológica (del neoliberalismo como discurso justificativo de la explotación humana) como ésta, es cuando se revela con claridad que los que activan la lucha de clases son los propietarios del capital.
Miembro de la FNEEQ, Federación Nacional de Profesores de Québec.