El Presidente Evo Morales anunció su decisión de abrir las puertas a la comunidad internacional para que supervise la implementación y cumplimiento de la nueva Constitución Política. “El gobierno es transparente, no tiene miedo a nadie. Los veedores vengan de donde vengan son bienvenidos”, aseveró durante una ceremonia militar realizada el pasado viernes. Morales agregó que los observadores internacionales podrán, además, verificar en terreno la aplicación del referéndum tras el cual el pueblo optó por abolir el latifundio.
En su alocución, el Jefe de Estado instó a las Fuerzas Armadas a cooperar con la ejecución de la nueva política agraria.
“Ese pueblo es tan sano, tan sabio que ha decidido no tener más de 5 mil hectáreas de tierra por persona y para eso sería importante la presencia de la comunidad internacional y de esta manera juntos, de manera transparente, implementar las grandes aspiraciones del pueblo boliviano”, afirmó el gobernante.
La convocatoria del mandatario se da en medio de llamados a la desobediencia civil promovidos por acaudalados latifundistas quienes – organizados en escuadrones paramilitares- se niegan a aceptar el proceso de reconversión de propiedad de la tierra acordado por votación popular.
Junto a los gobernadores Rubén Costas (Santa Cruz), Ernesto Suárez (Beni), Mario Cossío (Tarija) y Savina Cuellar (Chuquisaca), los hacendados han constituido un frente opositor a la puesta en marcha de la recién aprobada Constitución Política del Estado.
En la zona agropecuaria del Alto Parapeti, departamento de Santa Cruz, donde se enclava uno de los más promisorios acopios de gas del país, los terratenientes se han parapetado en defensa de sus tierras para impedir que el Instituto de Reforma Agraria (INRA) ejecute la reversión de 40 mil hectáreas de tierras ociosas”, difundió la Agencia Boliviana de Informaciones.
El Informe Desarrollo Humano 2005 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), señala que la distribución de la tierra en Bolivia es tan desigual que menos de 100 familias son propietarias de 25 millones de hectáreas, mientras que dos millones de familias campesinas – la gran mayoría indígenas- apenas tienen acceso a este recurso y trabajan en minifundios que suman cinco millones de hectáreas.
Otros estudios, publicados en el país altiplánico, dan cuentan que el centenar de clanes familiares controla la agroindustria, el comercio exterior, la banca y los grandes medios de comunicación.
“Ese pueblo es tan sano, tan sabio que ha decidido no tener más de 5 mil hectáreas de tierra por persona y para eso sería importante la presencia de la comunidad internacional y de esta manera juntos, de manera transparente, implementar las grandes aspiraciones del pueblo boliviano”, afirmó el gobernante.
La convocatoria del mandatario se da en medio de llamados a la desobediencia civil promovidos por acaudalados latifundistas quienes – organizados en escuadrones paramilitares- se niegan a aceptar el proceso de reconversión de propiedad de la tierra acordado por votación popular.
Junto a los gobernadores Rubén Costas (Santa Cruz), Ernesto Suárez (Beni), Mario Cossío (Tarija) y Savina Cuellar (Chuquisaca), los hacendados han constituido un frente opositor a la puesta en marcha de la recién aprobada Constitución Política del Estado.
En la zona agropecuaria del Alto Parapeti, departamento de Santa Cruz, donde se enclava uno de los más promisorios acopios de gas del país, los terratenientes se han parapetado en defensa de sus tierras para impedir que el Instituto de Reforma Agraria (INRA) ejecute la reversión de 40 mil hectáreas de tierras ociosas”, difundió la Agencia Boliviana de Informaciones.
El Informe Desarrollo Humano 2005 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), señala que la distribución de la tierra en Bolivia es tan desigual que menos de 100 familias son propietarias de 25 millones de hectáreas, mientras que dos millones de familias campesinas – la gran mayoría indígenas- apenas tienen acceso a este recurso y trabajan en minifundios que suman cinco millones de hectáreas.
Otros estudios, publicados en el país altiplánico, dan cuentan que el centenar de clanes familiares controla la agroindustria, el comercio exterior, la banca y los grandes medios de comunicación.