Santiago.- Las acusaciones cruzadas fueron las protagonistas del intenso debate político que se dio en la sesión especial del Senado convocada para analizar las coimas pagadas por la compra de 25 aviones Mirage a Bélgica. Concentrados en culparse mutuamente, hubo un discurso que los legisladores no quisieron oír. Desde Brasil llegó la declaración de uno de sus colegas, el senador Nelson Ávila, quien a través de una extensa misiva hecha para ser leída en la Sala, cuenta detalladamente el largo camino que recorrió para reunir una larga y contundente lista de antecedentes del polémico caso.
En el texto hace referencia a la indagación personal que inició en 1997, cuando desempeñaba como diputado por la Quinta Región. Ese año, Ávila se reunió en privado con el entonces ministro de Defensa, Edmundo Pérez Yoma, y le dio a conocer una información que recibió desde Bélgica, a través de una persona que pidió mantener su identidad en reserva.
Esta fuente tenía un nexo directo con uno de los integrantes del equipo que allanó el domicilio de Jacques Lefevbre, general en retiro de la Fuerza Aérea de Bélgica involucrado en la transacción, y que se suicidó en 1995 dejando una nota en la que confesaba la preocupación de que pudiera ser descubierto el vínculo chileno en los ilícitos.
“Percibí en él (Pérez Yoma) la incomodidad que le producían cuestionamientos en un ámbito tan sensible como la probidad, en el área que él manejaba. Sospeché que pensó en una reanudación de mis ‘hostilidades’ a la Fuerza Aérea. Al ‘Rattán’ y al proyecto ‘Atlas’, seguirían ahora los ‘Mirage’. Quizás por ese prejuicio, transcurrió el tiempo sin reacción alguna, pese a que la información suministrada era muy inquietante”, dice en su discurso.
“Dispositivo chileno”
En el allanamiento a la casa de Lefevbre se encontraron documentos secretos sobre la compra de los Mirage, entre ellos, los depósitos en dinero que se le hicieron al llamado “dispositivo chileno”. “En lo que insistió mucho la persona relacionada con este hallazgo, fue en que Bélgica había ‘hecho la pérdida’ de estos aviones, y la jugada consistía en poder venderlos a algún país en que se dieran las condiciones apetecidas. Así, todo sería ganancia”, explica. Estas eran las comisiones que estaban destinadas a los involucrados en la compra de los aviones, y sobre las que aún no se determina el número de personas que las recibieron. Casi dos años después, Ávila volvió a recurrir a la autoridad competente, esta vez al segundo ministro de Defensa del Presidente Eduardo Frei, José Florencio Guzmán. El encuentro no fue personal, sino que a través de una carta donde le consigna las declaraciones judiciales del general Lefevbre, las que aluden a una eventual asociación ilícita conformada para recibir los pagos: “Luego de las pesquisas a Europavia (firma vinculada al pago de las coimas y para la que trabajaba Lefevbre), el 3 de marzo de 1995, los documentos relativos a Chile han sido encontrados. Estos son confidenciales. Su divulgación en los medios sería catastrófica, ya que descubriría la red local y nuestros agentes estarían en dificultades”. Y aunque al menos el actual senador radical recibió respuesta de parte de la autoridad, ésta no tuvo la consistencia que él esperaba. El ministro Florencio Guzmán, pese a la gravedad de los informes, sólo instruyó una investigación sumaria, “a partir de los antecedentes que obran en la institución”, es decir, en la propia FACH. La conclusión de estas indagaciones internas fue entregada a Ávila en una carta del 26 de enero de 1999: “El abogado Spreutels expresó que a la fecha no existía ninguna investigación sobre la venta de aviones Mirage-Mirsip a Chile, que estuviera radicada en los tribunales belgas”. Proceso “Mirsip”
Sin respuestas contundentes en Chile, Nelson Ávila viajó a Bruselas ese mismo año para entrevistarse con el juez Daniel Fransen, quien estaba a cargo de la investigación que en nuestro país no se pudo detectar, según el sumario interno de Guzmán: el proceso “Mirsip” abierto en 1997 en ese país. En el encuentro, según consigna en su carta, el entonces diputado por la Quinta Región pidió al magistrado un exhorto a nuestro país para formalizar el caso. Pero además, en su visita conoció parte de la investigación donde se establece cómo se repartieron las coimas entre los integrantes del llamado “dispositivo chileno”. Según la declaración, las comisiones se repartieron entre diversos organismos públicos, pero estaban destinadas a este grupo de personas con quienes se selló la oscura transacción con el gobierno belga. “La tarea del ministro en visita, entonces, debe medirse por su capacidad para completar la nómina y cuadrar la caja. Ni más, ni menos”. Esta es la conclusión del parlamentario respecto al trabajo actual que lleva adelante el juez Omar Astudillo. En vista de los antecedentes, el senador radical decidió dejar en Bélgica a cargo del caso al abogado Tibault Bouvier. Todo esto, antes de que recibiera la extraña respuesta del ministro Guzmán ese 26 de enero de 1999. Diez días después, ya en posesión de la negativa del sumario encargado por el secretario de Estado acerca de cualquier investigación que se llevara adelante en Bélgica, Ávila le respondió con la evidencia del proceso que se seguía en ese país. Entre ellas, estaban las declaraciones de Lefevbre, donde admite la existencia de un “dispositivo local competente”, y una denuncia que describe el procedimiento para repartir en Chile los 15 millones de dólares en coimas. Indiferencia oficial
Luego vinieron una serie de entrevistas, citas y encuentros con las distintas autoridades vinculadas a este caso. El objetivo de Ávila era darle fuerza al tema. No sólo recurrió al ministro José Florencio Guzmán, sino también a la entonces presidenta del Consejo de Defensa del Estado, Clara Szczaranski. Pero finalmente el “dossier” con antecedentes del proceso “Mirsip” sólo fue entregado por el ministro Guzmán a la Fuerza Aérea, pero nunca llegó a manos del CDE. “El secretario de Estado en cuestión, con tales antecedentes, en vez de aportar al esclarecimiento de los hechos en el sumario interno de la FACH, lo que hizo fue dar luces para precipitar el resultado en una dirección exactamente contraria. En ese momento, no eran sólo personas individuales las involucradas, como lo sostiene el ‘defensor público de Palacio’ Francisco Vidal, sino la FACH, institucionalmente. Esto lo prueba el resultado de la ‘investigación interna’, la cual omitió un informe técnico sobre los aviones que habría echado por tierra la operación en marcha”, explica el senador en la intervención escrita que no logró la unanimidad del Senado para ser leída a viva voz el viernes. Últimos intentos
Los esfuerzos de Ávila no surtían el efecto esperado. El tema nunca adquirió la importancia que merecía, por lo que comenzó a jugar sus últimas cartas. El 2004, cuando el ex comandante en jefe de la FACH, ahora procesado por la compra irregular de las aeronaves de combate, Ramón Vega, se desempeñaba como senador designado, pidió un ministro en visita por las repercusiones que volvían a tener estos hechos con la actuación de la jueza Sandra Rojas y el posible viaje del juez Daniel Fransen a Chile para hacer efectivo el exhorto. Dentro de la información que entregó al presidente de la Corte Suprema de la época, Marcos Libedinsky, el parlamentario enfatizó la figura del yerno del ex comandante Vega, Bernardo Van Meer, como “intermediario fantasma” y el pago que recibió por su labor. Según expresa Ávila en su discurso, la gravedad de los hechos no estaba a la altura de la actitud que las distintas autoridades tuvieron frente al caso y a la actuación de Ramón Vega.
En el allanamiento a la casa de Lefevbre se encontraron documentos secretos sobre la compra de los Mirage, entre ellos, los depósitos en dinero que se le hicieron al llamado “dispositivo chileno”. “En lo que insistió mucho la persona relacionada con este hallazgo, fue en que Bélgica había ‘hecho la pérdida’ de estos aviones, y la jugada consistía en poder venderlos a algún país en que se dieran las condiciones apetecidas. Así, todo sería ganancia”, explica. Estas eran las comisiones que estaban destinadas a los involucrados en la compra de los aviones, y sobre las que aún no se determina el número de personas que las recibieron. Casi dos años después, Ávila volvió a recurrir a la autoridad competente, esta vez al segundo ministro de Defensa del Presidente Eduardo Frei, José Florencio Guzmán. El encuentro no fue personal, sino que a través de una carta donde le consigna las declaraciones judiciales del general Lefevbre, las que aluden a una eventual asociación ilícita conformada para recibir los pagos: “Luego de las pesquisas a Europavia (firma vinculada al pago de las coimas y para la que trabajaba Lefevbre), el 3 de marzo de 1995, los documentos relativos a Chile han sido encontrados. Estos son confidenciales. Su divulgación en los medios sería catastrófica, ya que descubriría la red local y nuestros agentes estarían en dificultades”. Y aunque al menos el actual senador radical recibió respuesta de parte de la autoridad, ésta no tuvo la consistencia que él esperaba. El ministro Florencio Guzmán, pese a la gravedad de los informes, sólo instruyó una investigación sumaria, “a partir de los antecedentes que obran en la institución”, es decir, en la propia FACH. La conclusión de estas indagaciones internas fue entregada a Ávila en una carta del 26 de enero de 1999: “El abogado Spreutels expresó que a la fecha no existía ninguna investigación sobre la venta de aviones Mirage-Mirsip a Chile, que estuviera radicada en los tribunales belgas”. Proceso “Mirsip”
Sin respuestas contundentes en Chile, Nelson Ávila viajó a Bruselas ese mismo año para entrevistarse con el juez Daniel Fransen, quien estaba a cargo de la investigación que en nuestro país no se pudo detectar, según el sumario interno de Guzmán: el proceso “Mirsip” abierto en 1997 en ese país. En el encuentro, según consigna en su carta, el entonces diputado por la Quinta Región pidió al magistrado un exhorto a nuestro país para formalizar el caso. Pero además, en su visita conoció parte de la investigación donde se establece cómo se repartieron las coimas entre los integrantes del llamado “dispositivo chileno”. Según la declaración, las comisiones se repartieron entre diversos organismos públicos, pero estaban destinadas a este grupo de personas con quienes se selló la oscura transacción con el gobierno belga. “La tarea del ministro en visita, entonces, debe medirse por su capacidad para completar la nómina y cuadrar la caja. Ni más, ni menos”. Esta es la conclusión del parlamentario respecto al trabajo actual que lleva adelante el juez Omar Astudillo. En vista de los antecedentes, el senador radical decidió dejar en Bélgica a cargo del caso al abogado Tibault Bouvier. Todo esto, antes de que recibiera la extraña respuesta del ministro Guzmán ese 26 de enero de 1999. Diez días después, ya en posesión de la negativa del sumario encargado por el secretario de Estado acerca de cualquier investigación que se llevara adelante en Bélgica, Ávila le respondió con la evidencia del proceso que se seguía en ese país. Entre ellas, estaban las declaraciones de Lefevbre, donde admite la existencia de un “dispositivo local competente”, y una denuncia que describe el procedimiento para repartir en Chile los 15 millones de dólares en coimas. Indiferencia oficial
Luego vinieron una serie de entrevistas, citas y encuentros con las distintas autoridades vinculadas a este caso. El objetivo de Ávila era darle fuerza al tema. No sólo recurrió al ministro José Florencio Guzmán, sino también a la entonces presidenta del Consejo de Defensa del Estado, Clara Szczaranski. Pero finalmente el “dossier” con antecedentes del proceso “Mirsip” sólo fue entregado por el ministro Guzmán a la Fuerza Aérea, pero nunca llegó a manos del CDE. “El secretario de Estado en cuestión, con tales antecedentes, en vez de aportar al esclarecimiento de los hechos en el sumario interno de la FACH, lo que hizo fue dar luces para precipitar el resultado en una dirección exactamente contraria. En ese momento, no eran sólo personas individuales las involucradas, como lo sostiene el ‘defensor público de Palacio’ Francisco Vidal, sino la FACH, institucionalmente. Esto lo prueba el resultado de la ‘investigación interna’, la cual omitió un informe técnico sobre los aviones que habría echado por tierra la operación en marcha”, explica el senador en la intervención escrita que no logró la unanimidad del Senado para ser leída a viva voz el viernes. Últimos intentos
Los esfuerzos de Ávila no surtían el efecto esperado. El tema nunca adquirió la importancia que merecía, por lo que comenzó a jugar sus últimas cartas. El 2004, cuando el ex comandante en jefe de la FACH, ahora procesado por la compra irregular de las aeronaves de combate, Ramón Vega, se desempeñaba como senador designado, pidió un ministro en visita por las repercusiones que volvían a tener estos hechos con la actuación de la jueza Sandra Rojas y el posible viaje del juez Daniel Fransen a Chile para hacer efectivo el exhorto. Dentro de la información que entregó al presidente de la Corte Suprema de la época, Marcos Libedinsky, el parlamentario enfatizó la figura del yerno del ex comandante Vega, Bernardo Van Meer, como “intermediario fantasma” y el pago que recibió por su labor. Según expresa Ávila en su discurso, la gravedad de los hechos no estaba a la altura de la actitud que las distintas autoridades tuvieron frente al caso y a la actuación de Ramón Vega.
En este punto, se refiere a la “limpieza de imagen” que le hizo el propio Senado: “Pareciera que un espeso manto de impunidad se hubiere desplegado generosamente para tutelar ciertos nombres. Según el Observatorio Cono Sur de Defensa y Fuerzas Armadas, en enero del 2004, la comisión de Ética, presidida por el senador Gabriel Valdés, habría manifestado lo siguiente: ‘el ex comandante en jefe de la FACH y actual senador designado, Ramón Vega, no cometió ningún acto reñido con su condición de parlamentario en la cuestionada compra de aviones Mirage’. Ello, sin sopesar antecedente alguno, en la más pura y desprejuiciada expresión de solidaridad corporativa”, concluye en su discurso.