Tel Aviv.- Pocos días después de celebrar lo que muchos tildan de pírrica victoria militar en Gaza, Israel comienza a mostrar inquietante preocupación por las repercusiones legales, más que morales, de sus atroces bombardeos, a escala internacional. Aún cuando el gobierno hebreo se sabe protegido de incondicionales y poderosos aliados, las cada vez más fuertes presiones de autoridades de la ONU, organizaciones humanitarias mundiales y los propios palestinos se hacen sentir en la política doméstica.
El domingo, el primer ministro, Ehud Olmert, se vio obligado a dedicar buena parte de la reunión semanal del gabinete a examinar el blindaje judicial con el que pretende hacer frente a acusaciones de haber cometido crímenes de guerra en la franja costera.
Los 22 días de ataques contra Gaza dejaron mil 314 palestinos muertos, incluidos 412 niños y 110 mujeres, además de cinco mil 300 heridos, de los cuales mil 855 son infantes y 795 féminas, según estimados de socorristas y la ONU.
Pero al margen de la desproporcionada cifra de víctimas, casi la mitad civiles en una operación supuestamente de autodefensa, a Israel se le imputa haber utilizado fósforo blanco y bombas “DIME” contra civiles y en zonas con alta densidad poblacional.
Esa sustancia química, que causa serias quemaduras en la piel que se adentran hasta los huesos y también puede ocasionar ceguera, está autorizada en conflictos armados para acciones de camuflaje contra el enemigo, pero prohibida en áreas con población civil.
Círculos oficiales israelíes admitieron ya que utilizaron fósforo blanco, pero “en forma apropiada”, y se justificaron diciendo que no emplearon municiones que no haya usado Estados Unidos o Gran Bretaña en la invasión a Iraq o en otros conflictos armados recientes.
Las evidencias, sin embargo, refuerzan las acusaciones de que las lanzaron en el bombardeo contra Jebaliyah, y contra escuelas y el complejo de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos en Gaza (UNRWA), en el que murieron decenas de personas inocentes.
La UNRWA denunció que se atacaron instalaciones suyas que servían de refugio a civiles, mientras grupos humanitarios aseguran que el empleo del fósforo blanco fue “indiscriminado” y, por lo mismo, constituye un crimen de guerra.
Aunque el ejército israelí afirma tener en marcha una investigación sobre el tema, grupos defensores de los derechos humanos en el propio Israel, en los territorios palestinos y a nivel mundial gestionan formalizar una acusación ante el Tribunal Penal Internacional.
Hace días, el experto de la ONU en derechos humanos Richard Falk, acusó a Tel Aviv de haber violado la legislación internacional al lanzar una ofensiva contra lo que describió como “una población esencialmente indefensa”.
Olmert prometió protección legal a los soldados que combatieron durante tres semanas en el enclave y encomendó al ministro de Justicia, Daniel Friedman, encabezar un comité interministerial para proporcionar una defensa coordinada a los uniformados.
“El estado de Israel respaldará plenamente a aquellos que actuaron en su defensa. Los soldados y comandantes que fueron enviados a misiones en Gaza deben saber que están protegidos de la acción de varios tribunales”, afirmó.
Por si no bastaran pronunciamientos verbales, el gobierno israelí ratificó una suerte de ley con el propósito de formalizar “ayuda y apoyo” a oficiales y soldados de las fuerzas armadas tras la Operación Plomo Fundido, involucrando a otros ministros y al Fiscal del Estado.
La semana pasada, el órgano de censura del ejército prohibió a medios noticiosos locales y extranjeros dentro del territorio judío mostrar los rostros de los militares que participaron en la agresión, tanto en fotografías como en videos televisivos.
La medida obedeció al temor de que puedan ser identificados a título individual y apresados durante algún viaje al extranjero, apuntaron fuentes oficiales.
De acuerdo con el canciller de la Autoridad Nacional Palestina, Riad al-Malki, Israel no podrá evadir que gobiernos de todo el mundo y grupos humanitarios acusen a sus dirigentes políticos y militares por la despiadada agresión contra Gaza.
En declaraciones hechas el domingo en Bruselas, al-Malki aseguró que “no hay impunidad” para quienes responsabilizó con “la muerte y la destrucción del pueblo de Gaza”, y confió en que en el futuro no desmayen los esfuerzos para hacer justicia.
A todo lo anterior, se suman desde flancos como Nueva York y varias capitales árabes presiones sobre el gobierno judío para que reabra los cruces fronterizos con el enclave costero y levante el bloqueo impuesto de modo implacable desde hace 19 meses.