Los últimos meses del 2008 la agenda de Derechos Humanos chilena escrita durante la dictadura se vio sorprendida por situaciones insólitas: los tres casos de falsos detenidos desaparecidos que no sólo han devenido en fraudes económicos al haber cobrado los familiares de las simuladas víctimas las indemnizaciones que otorga el Estado, sino también ha puesto bajo la mirada pública la calidad de los procesos de registros e investigación de las violaciones a los derechos humanos.
De paso, algunos sectores involucrados con esas violaciones, han intentado deslegitimar todo el proceso. No sólo las investigaciones, sino también la verdad.
El remezón provocado por estos tres casos de fraudes ha vuelto a colocar en la agenda pública la necesidad de reabrir las comisiones Rettig (de desaparición y ejecución) y Valech (de prisión y tortura) para hacer una revisión de los procesos, una solicitud que el gobierno rechazó en su momento y que el abogado especializado en Derechos Humanos Nelson Caucoto considera necesaria. No por la revisión, sino por los numerosos casos que desde el cierre de estas comisiones necesitan investigación. Caucoto, uno de los principales especialistas chilenos en esta materia, conversó con Terra Magazine en su oficina del Departamento de Derechos Humanos de la Corporación de Asistencia Judicial.
Usted, junto a otros abogados, ha solicitado hace unas semanas a la Corte Suprema la restitución de los jueces con dedicación exclusiva en la investigación de casos de violaciones a los Derechos Humanos. ¿Por qué? ¿No sirve la actual institucionalidad?
Se ha solicitado la restitución de estos jueces, que existieron en Chile pero quedaron sin efecto desde el 2006 por una decisión de la Corte Suprema. Lo que perseguimos es un tipo de fenómeno que es tremendamente importante. Nos estamos quedando sin juzgados del crimen. El 2010 no quedará ninguno de los 36 que existían. Hoy quedan unos cuatro, los que son insuficientes para responder a los requerimientos que se vayan formulando en materia de Derechos Humanos y que no se corresponden con hechos de la actualidad. Porque si fueran hechos del 2005 a esta fecha serían reconocidos por el nuevo sistema procesal penal. Pero los temas de derechos humanos son mucho más antiguos.
Se trata de casos antiguos, pero también han de ser muy pocos…
Aquí mismo, en esta oficina de la Corporación de Asistencia Judicial, hemos venido recibiendo casos de denuncia de gente que desapareció y que nunca había sido denunciada antes. La pregunta es qué se hace frente a esos casos. La única manera de establecer si desapareció o no esa persona y si el caso responde a cuestiones políticas es investigando judicialmente. Cualquier persona en Chile tiene derecho a saber qué sucedió con sus seres queridos, sea por razones políticas o por otros motivos. Si alguien salió de su casa el 73 y nunca más volvió ese familiar tiene derecho a que el Estado le dé una respuesta. Y la única respuesta posible es a través de los tribunales.
¿En qué situación están las investigaciones en este momento?
Cuando hoy en día nos enfrentamos a una realidad con tribunales con fecha de vencimiento que han acopiado el trabajo de miles de causas de más de 30 tribunales que ya desaparecieron, uno se coloca en el lugar de los jueces. Esos jueces están preparados para cerrar su tribunal y eso es lo que están haciendo. Todas estas denuncias que uno presenta reciben un trato inadecuado desde el punto de vista de la investigación. No son aceptados o son rápidamente cerrados porque el tribunal no quiere acumular más trabajo. Allí se produce, en los hechos, una situación de denegación de justicia que es muy grave. Durante la lucha de estos treinta y tantos años en materia de Derechos Humanos hemos logrado consolidar un criterio de que hay crímenes que son imprescriptibles, los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra son imprescriptibles, de manera que deberá haber siempre un tribunal dispuesto a recoger estas denuncias para investigar. Ese es un tema que es necesario abordar.
¿Cuantas nuevas denuncias se han recibido?
No tengo cifras. Pero en esta oficina se deben haber recibido 50 o 60 denuncias nuevas que no han tenido un tratamiento judicial adecuado. Pero un informe de la continuadora de la Comisión Rettig, calificó el año 1996 unos 700 casos más. Pero así como calificó esos 700, rechazó 1200 casos que se le presentaron.
¿Cree usted que es necesario reabrir la comisión Rettig?
Por toda esa gente que se quedó sin calificación en la Comisión Rettig, que hoy en día han de sumar más de mil, es necesario reabrir las comisiones, no para revisar lo ya hecho sino para acoger lo nuevo, lo no denunciado en su oportunidad.
¿De que cifras estamos hablando?
Seamos conservadores y supongamos que si se hiciera una revisión surgieran unos cien casos de detenidos desaparecidos más. Esos casos que califica la comisión Rettig tendrán que ir a un juzgado para que los investigue. Pero qué juzgado investigará si ya no hay tribunales. Lo mismo la Comisión Valech, que calificó 30 mil personas que dijeron que fueron presos o torturados. Creo que esa cifra es muy exigua porque hubo muy poca gente que se presentó a la comisión Valech. En el inconsciente colectivo nacional existen unos 500 mil presos y torturados, en tanto sólo hay 30 mil calificados en la comisión. Sólo a esta oficina han llegado más de cien casos en el último tiempo. Yo creo que ellos tienen todo el derecho que se les califique como presos y torturados. Y también creo que tienen derecho a que se investigue judicialmente sus caso. Pero sin juzgados, el estado no puede responder.
¿Cuántos casos han podido resolverse en estos años?
De los casos de la comisión Rettig de ejecutados y desaparecidos sólo han tenido acceso a jueces exclusivos menos de la mitad. El resto no se han investigado lo suficiente. Porque el gran avance en las investigaciones sucede a partir del 2000 con los jueces de dedicación exclusiva. Solo se ha investigado con seriedad a partir de esa fecha. Los 400 procesamientos que se producen entre el 2000 y el 2003 no se habían producido en los veinte años de investigaciones previas.
¿Qué efecto puede tener en estas investigaciones los casos de falsos detenidos desaparecidos?
Creo que el mejor antídoto para que no sigan apareciendo falsos desaparecidos es haciendo una investigación judicial. Este es el mejor antídoto para evitar esos errores, que fueron menores, sin duda, en comparación al trabajo de las calificaciones que se hicieron.
Un proceso que puede ser infinito…
Detrás de todo esto hay una cuestión de realismo. Yo creo que las causas de Derechos Humanos tienen que tener un horizonte finito. Creo que alguna vez tenemos que terminar dando una respuesta. No se pueden eternizar estas investigaciones. Ya nos cuesta mucho investigar una causa de 1973 por todo el tiempo pasado. Es muy complejo, sin testigos, sin documentos, sin agentes vivos. Y no queremos que esto siga eternamente. ¿Cómo podemos acercarnos a ponerles un fin? Sólo investigando con rapidez, eficiencia. Esa es mi idea. Si no lo hacemos hoy en día, lo dejaremos pendiente por mucho tiempo más porque son delitos que no prescriben. Pero yo no quiero que esto se alargue innecesariamente. El Estado, el gobierno, tiene la obligación de acometer todos los casos. Hay que ir hacia el cierre de las causas abiertas e iniciar otras que nunca han estado abiertas.
PAUL WALDER
paulwalder@yahoo.es
paulwalder@yahoo.es
Entrevista publicada en Terra Magazine. reproducida en Clarín con autorización de Terra y de su autor.