Quince millones de pesos en cursos de inglés, 350 mil pesos en almuerzos y comidas, entre otros suntuosos gastos fueron los que realizó el ex director del Registro Civil, Guillermo Arenas, los que fueron objetados en una investigación que realizó la Contraloría.
Estos nuevos antecedentes sirvieron para que el diputado de Renovación Nacional, Nicolás Monckeberg, criticara al gobierno y emplazó a entregar una investigación en 24 horas sobre todas las irregularidades en este servicio.
“Emplazo al gobierno a que en vez de guardar silencio como siempre hace frente a estos casos presenten en 24 horas una querella porque hay claramente delitos de fraude. La Contraloría detecta fallas administrativas, pero cuando en una repartición pública se encomienda una asesoría, se paga por esta. Luego la contraloría detecta que esos informes eran copiados de Internet o que con esa plata de cancelaban clases particulares a funcionarios al mando de la institución, eso es un delito aquí y en cualquier país del mundo”, afirmó. Monckeberg y otros parlamentarios de la Alianza adelantaron además que solicitarán que se forme una comisión investigadora para que además se analicen las responsabilidades políticas que cabrían en este caso. Aún así, en el gobierno se destacó que se continúe con el curso de las investigaciones, las que comenzaron gracias a las denuncias del propio Ejecutivo, recordó el portavoz, Francisco Vidal. “Ahora los antecedentes de la Contraloría han sido puestos por el Director del Servicio en manos de la Fiscal que lleva el caso, incluso antes que saliera públicamente y también ha puesto los mismos antecedentes a disposición del Consejo de Defensa del estado. De manera que el gobierno cumple su labor frente a denuncias de irregularidades las coloca donde corresponde en este caso la fiscalía y el Consejo de Defensa del estado”, aseveró el vocero de Gobierno. Junto con agregar que en estos casos no es bueno prejuzgar, el ministro señaló que lo importante es esperar lo que diga la justicia, donde se analizan todas las irregularidades cometidas bajo la gestión de Arenas, las que incluyen la licitación del soporte tecnológico del servicio con la empresa india TATA. Entre quienes aparecen cuestionados por sus asesorías al Registro Civil también aparece el hijo de la diputada Isabel Allende, Gonzalo Meza, quien recibió honorarios por más de 600 mil pesos por estudios titulados “La experiencia francesa en las elecciones” y “La aparición molesta de Lavín para la Alianza”.
Consultada sobre este tema, la parlamentaria indicó que se trata de trabajos por los cuales deberá responder su hijo, aunque desvirtuó cualquier acusación de aprovechamiento o nepotismo. “Hace varios años que el vive de hacer asesoría, ahora con que criterio es un tema entre él y la institución que lo contrata, yo no tengo que ver en esto, porque no soy la que contrata, ni la que pide, ahora me parece que cualquier institución debe tener no sólo los temas especializados de toda la institución, sino que además debe estar informado, también debe conocer las coyunturas políticas que vive el país, pero es un tema que no voy a tratar”, precisó la diputada. Todos estos antecedentes son investigados por la Contraloría General y la justicia, los que se remontan a la gestión de Guillermo Arenas, quien fue destituido de su cargo en marzo de 2008 por una serie de irregularidades en la adjudicación de la empresa TATA, donde su principal asesor trabajaba, monto que ascendía a los 80 millones de dólares.
“Emplazo al gobierno a que en vez de guardar silencio como siempre hace frente a estos casos presenten en 24 horas una querella porque hay claramente delitos de fraude. La Contraloría detecta fallas administrativas, pero cuando en una repartición pública se encomienda una asesoría, se paga por esta. Luego la contraloría detecta que esos informes eran copiados de Internet o que con esa plata de cancelaban clases particulares a funcionarios al mando de la institución, eso es un delito aquí y en cualquier país del mundo”, afirmó. Monckeberg y otros parlamentarios de la Alianza adelantaron además que solicitarán que se forme una comisión investigadora para que además se analicen las responsabilidades políticas que cabrían en este caso. Aún así, en el gobierno se destacó que se continúe con el curso de las investigaciones, las que comenzaron gracias a las denuncias del propio Ejecutivo, recordó el portavoz, Francisco Vidal. “Ahora los antecedentes de la Contraloría han sido puestos por el Director del Servicio en manos de la Fiscal que lleva el caso, incluso antes que saliera públicamente y también ha puesto los mismos antecedentes a disposición del Consejo de Defensa del estado. De manera que el gobierno cumple su labor frente a denuncias de irregularidades las coloca donde corresponde en este caso la fiscalía y el Consejo de Defensa del estado”, aseveró el vocero de Gobierno. Junto con agregar que en estos casos no es bueno prejuzgar, el ministro señaló que lo importante es esperar lo que diga la justicia, donde se analizan todas las irregularidades cometidas bajo la gestión de Arenas, las que incluyen la licitación del soporte tecnológico del servicio con la empresa india TATA. Entre quienes aparecen cuestionados por sus asesorías al Registro Civil también aparece el hijo de la diputada Isabel Allende, Gonzalo Meza, quien recibió honorarios por más de 600 mil pesos por estudios titulados “La experiencia francesa en las elecciones” y “La aparición molesta de Lavín para la Alianza”.
Consultada sobre este tema, la parlamentaria indicó que se trata de trabajos por los cuales deberá responder su hijo, aunque desvirtuó cualquier acusación de aprovechamiento o nepotismo. “Hace varios años que el vive de hacer asesoría, ahora con que criterio es un tema entre él y la institución que lo contrata, yo no tengo que ver en esto, porque no soy la que contrata, ni la que pide, ahora me parece que cualquier institución debe tener no sólo los temas especializados de toda la institución, sino que además debe estar informado, también debe conocer las coyunturas políticas que vive el país, pero es un tema que no voy a tratar”, precisó la diputada. Todos estos antecedentes son investigados por la Contraloría General y la justicia, los que se remontan a la gestión de Guillermo Arenas, quien fue destituido de su cargo en marzo de 2008 por una serie de irregularidades en la adjudicación de la empresa TATA, donde su principal asesor trabajaba, monto que ascendía a los 80 millones de dólares.