La política de prevención inconsistente e inapropiada, si es que ha habido alguna, desarrollada por las autoridades no puede ser calificada sino como un rotundo, grave y muy lamentable fracaso, dado que pese a los adelantos, los accidentes y los decesos aumentan en lugar de disminuir. Los encargados simplemente se muestran incapaces e indiferentes ante la realidad y parece no importarles que los accidentes se constituyan en una verdadera epidemia, causando más muertes en un año que el SIDA en veinte.
La última iniciativa de importancia concretada en la Ley de Tránsito data de diciembre de 2005 cuando, luego de más de 10 años de tramitación, se promulgó la Ley Nº 20.068, que, entre otras modificaciones, introdujo la “tasa legal” definiendo el estado de ebriedad de un conductor. Pero la “Licencia de Conductor a Puntos”, establecida por primera vez hace más de 60 años en Conneticut, EE UU., con resultados muy positivos en todos los países en que se ha implantado y que recientemente rige en Argentina, fue materia de estudio a partir de 2002 y se materializó en un proyecto de ley que duerme en el Congreso desde 2004, más adelantada en todo caso, que iniciativas tan importantes como el establecimiento de una “Agencia Nacional de Estándares de Conductores” o la introducción del concepto de “Conductor de Alto Riesgo”, iniciativas todas que ni siquiera han sido propuestas al Legislativo y que, de acuerdo a la experiencia foránea, deberían disminuir en al menos un 25% la cantidad de accidentes y de muertos en la carretera, bajando éstos en 450 con relación a los anunciados en 2008.
Cuando en mayo de 2007 nos enteramos de que un automovilista, a 180 Kmh. en una vía urbana dio muerte a un joven de 24 años que transitaba por un paso habilitado para peatones y un conductor difundía su hazaña de transitar a 280 Kmh., nos preguntamos ¿qué se hace en Chile para prevenir los accidentes de tránsito? Luego del revuelo levantado por esos casos puntuales y otros que dieron lugar a declaraciones inconducentes de los más irresponsables y fatuos personajes, debemos concluir que, de acuerdo a los hechos concretos, ni el Ministerio de Transportes, ni los parlamentarios, ni autoridad alguna, han hecho nada.
Baste con mencionar el caso de España, uno de los países europeos con las tasas más altas de mortalidad en carretera, donde políticas adecuadas e inteligentes como la entrada en vigor en enero de 2006 del carné por puntos y las numerosas campañas de prevención e información del gobierno, han logrado bajar el número diario de fallecidos de 11 a 5.9 personas, luego de cinco años seguidos de descensos, llevando el porcentaje acumulado de menos fallecidos en la ruta desde 2003, al 45,8 %.
Se puede actuar seriamente, como ha quedado demostrado, pero en Chile no hay voluntad política y menos parece haber preparación, capacidad e inteligencia para hacerlo. Cabría preguntar ¿quién responde por los “450 muertos de más” que arrojan las estadísticas?
Leonardo Aravena Arredondo
Profesor de Derecho, Universidad Central