La petición que hizo esta mañana el gobierno, a través del subsecretario del Interior, Patricio Rosende, de nombrar un ministro en visita para investigar los casos de falsos detenidos desaparecidos conocidos en los últimos días, fue inmediatamente aceptada por el Poder Judicial. Por diez votos contra ocho, la Corte de Apelaciones de Santiago encomendó al magistrado Carlos Gajardo la tarea de esclarecer la situación de las últimas tres personas descubiertas con un proceso de calificación erróneo respecto a su condición de desaparecidos.
El argumento que utilizó el tribunal de alzada capitalino fue la “conmoción pública” que generan estos hechos. La decisión de elegir a Gajardo no fue al azar, ya que él es quien lleva adelante cerca de veinte causas de violaciones a los derechos humanos y la investigación sobre los errores en la identificación de osamentas del Patio 29.
Además de los tribunales, el gobierno remitió todos los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado y al Ministerio Público para que se hagan parte de las indagaciones.
La asesora presidencial en materia de derechos humanos, María Luisa Sepúlveda, informó que en la reunión sostenida con el subsecretario del Interior se acordó que él “va a poner en antecedentes al Consejo de Defensa del Estado y a los tribunales para que investiguen si hubo o no delito, o algo similar”.
La oportunidad del Instituto de DD.HH.
Darle urgencia o no al proyecto de ley que crea el Instituto de Derechos Humanos. Esa es la decisión que debe tomar la Presidenta Michelle Bachelet, para definir si podrán reabrirse las comisiones de derechos humanos, Rettig y Valech. Esta fue la solución que evaluó el gobierno para esclarecer una eventual crisis de legitimidad que podría cernirse sobre los miles de detenidos desaparecidos que fueron detectados y calificados en ambas instancias, y que hoy están en tela de juicio por el descubrimiento de cuatro “aparecidos” en cerca de un mes. La Mandataria enfatizó en que no aceptará “aprovechamientos políticos ni que se juegue con el sufrimiento de muchas familias que aún esperan verdad y justicia”. De esta forma, hizo un llamado “a todas las fuerzas políticas para que depongan cualquier intento de manipulación y de sacar pequeñas ventajas de un tema que hemos sabido enfrentar como sociedad, con responsabilidad y madurez”. Además, la Presidenta enfatizó en la “vergüenza nacional” que ha quedado registrada para siempre en la historia de Chile por los errores de este tipo, pero afirmó que estos hechos no empañan en trabajo y el avance que el país ha logrado en materia de derechos humanos. El vocero de gobierno, Francisco Vidal, enfatizó que en el Parlamento existe el proyecto de ley que crea el Instituto de Derechos Humanos, que ya pasó por todos los trámites, y que ahora será votado por las Cámaras, luego de una revisión de comisión mixta y de estar congelado durante meses. Vidal señaló que “en este nuevo contexto, la creación del Instituto nos parecería oportuno porque nos permitiría dos cosas: reabrir estas comisiones por un periodo de seis meses, y lo segundo es que permite, por el enriquecimiento del proyecto en el Parlamento, recoger algunas insuficiencias derivadas de la ley Valech en materia de reparación”. Por lo mismo, el portavoz del Ejecutivo se reunirá durante esta tarde con la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, para abordar el tema, ya que la dirigenta plantea la creación de una subsecretaría de Derechos Humanos.
Darle urgencia o no al proyecto de ley que crea el Instituto de Derechos Humanos. Esa es la decisión que debe tomar la Presidenta Michelle Bachelet, para definir si podrán reabrirse las comisiones de derechos humanos, Rettig y Valech. Esta fue la solución que evaluó el gobierno para esclarecer una eventual crisis de legitimidad que podría cernirse sobre los miles de detenidos desaparecidos que fueron detectados y calificados en ambas instancias, y que hoy están en tela de juicio por el descubrimiento de cuatro “aparecidos” en cerca de un mes. La Mandataria enfatizó en que no aceptará “aprovechamientos políticos ni que se juegue con el sufrimiento de muchas familias que aún esperan verdad y justicia”. De esta forma, hizo un llamado “a todas las fuerzas políticas para que depongan cualquier intento de manipulación y de sacar pequeñas ventajas de un tema que hemos sabido enfrentar como sociedad, con responsabilidad y madurez”. Además, la Presidenta enfatizó en la “vergüenza nacional” que ha quedado registrada para siempre en la historia de Chile por los errores de este tipo, pero afirmó que estos hechos no empañan en trabajo y el avance que el país ha logrado en materia de derechos humanos. El vocero de gobierno, Francisco Vidal, enfatizó que en el Parlamento existe el proyecto de ley que crea el Instituto de Derechos Humanos, que ya pasó por todos los trámites, y que ahora será votado por las Cámaras, luego de una revisión de comisión mixta y de estar congelado durante meses. Vidal señaló que “en este nuevo contexto, la creación del Instituto nos parecería oportuno porque nos permitiría dos cosas: reabrir estas comisiones por un periodo de seis meses, y lo segundo es que permite, por el enriquecimiento del proyecto en el Parlamento, recoger algunas insuficiencias derivadas de la ley Valech en materia de reparación”. Por lo mismo, el portavoz del Ejecutivo se reunirá durante esta tarde con la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, para abordar el tema, ya que la dirigenta plantea la creación de una subsecretaría de Derechos Humanos.