El gobierno decidió no reabrir las comisiones Valech y Rettig para revisar los casos de personas que figuraban en el listado de detenidos desaparecidos y que finalmente estaban vivas o murieron en otras circunstancias diferentes a la represión política desatada el 11 de septiembre de 1973.
Así lo informó el ministro vocero de La Moneda, Francisco Vidal, quien comentó que mientras se discute el proyecto que crea el Instituto de Derechos Humanos los casos los llevará el programa que tiene sobre esta materia el ministerio del Interior.
“Existía la posibilidad de reabrir vía decreto las comisiones Rettig o Valech para que evaluaran lo que ya ha sido consolidado, las listas que conocemos. Esa tarea, frente a una denuncia responsable, la va a seguir haciendo el programa de derechos humanos del ministerio del Interior”, recalcó, haciendo alusión a las declaraciones de Sebastián Piñera, quien asegura que son ocho los casos de personas que erróneamente figuran en las listas de desaparecidos.
Vidal agregó que el gobierno mantendrá la idea de la creación del Instituto de Derechos Humanos, el que una vez aprobado reabrirá las comisiones por seis meses, aunque sólo para calificar nuevos casos que han quedado fuera como reclaman organismos de ex prisioneros políticos. Respecto a la situación de las personas que figuraban como detenidas desaparecidas, el presidente del Consejo de Defensa del Estado, Carlos Mackenney, indicó que los antecedentes que fueron entregados al organismo por la subsecretaría del Interior son sólo cuatro, los que están estudiando para tipificar la comisión de algún delito. “Cada caso es distinto, en consecuencia, el Consejo tiene que tomarse el tiempo necesario para analizar los antecedentes proporcionados, eventualmente requerir otros antecedentes adicionales, como lo hemos hecho en el caso del señor Cofré, y aprovechando la exitosa gestión de la subsecretaría en orden de obtener el nombramiento de un ministro en visita, concentrar las investigaciones en esa sede jurisdiccional”, detalló. Mackenney señaló que luego de este proceso el CDE evaluará si corresponde presentar acciones judiciales, en caso que se determine la mala utilización de los beneficios a los que accedieron los familiares de las víctimas del régimen militar. Carlos Gajardo, ministro en visita que investiga estos casos, atribuyó a un error administrativo que el nombre de estas personas figuren en los registros de detenidos desaparecidos, por lo que desechó la posibilidad de revisar eventuales procesos judiciales que los involucren. “Lo concreto es que en estos cuatro casos no hay resolución judicial alguna que los haya calificado como detenidos desaparecidos, por lo tanto, no hay ninguna persona que haya sido procesada y menos condenada respecto de estos cuatro casos”, aseguró. Gajardo agregó que una vez que finalice la investigación se podría constituir la figura de fraude. Por su parte, Camilo Escalona, presidente del Partido Socialista, desmintió que el gobierno supiera desde el 2005 sobre estos casos y enfatizó que la “aparición” de estas personas no cambian en lo absoluto las vejaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura.“Más allá de los errores administrativos, independiente de cualquier contingencia, de las personas que cometieron la falta de información o no, para nosotros el punto principal es que no puede dañarse la memoria histórica chilena, en el sentido que el terrorismo de Estado y en especial la política institucionalizada de la desaparición forzada, fue el resultado más terrible de la dictadura militar”.