Durante noviembre el gobierno de Michelle Bachelet anunció que otorgará una ayuda, un subsidio, por 450 millones de dólares a la industria salmonera. Lo que pudo se una información más para la agenda económica, ha marcado, sin embargo, un cambio más o menos profundo en las políticas económicas que ha desarrollado la Concertación durante los últimos 18 años. No sólo porque históricamente la coalición de gobierno chilena ha rechazado otorgar subsidios a la empresa privada, sino porque además ha discriminado favorablemente a este sector de la economía respecto a otros. Las reacciones ya han comenzado.
La industria del salmón es uno de los principales rubros de exportación chilenos. Durante el año pasado, las empresas pesqueras exportaron productos por 3.826 millones de dólares, de los cuales 2. 326 millones, o poco más del 60 por ciento, fueron salmónidos. Una suma que colocó a Chile como el segundo exportador mundial de esta variedad, sólo desplazado por Noruega. Se trata de un negocio nuevo, que en muy pocos años ha crecido a un ritmo vertiginoso. Según datos de la Asociación de Productores de Salmón y Trucha, desde principios de los años 90 hasta la fecha, la industria chilena pasó de exportar 265 millones de dólares a los 3.800 millones en 2007. ¡Un crecimiento del mil 300 por ciento!
A partir de entonces comenzó la decadencia. Durante el año en curso la industria salmonera sólo ha sumado informaciones negativas. Primero, por el virus ISA (Anemia Infecciosa del Salmón), que, junto con frenar el desarrollo y la salud de los peces, cerró numerosos mercados internacionales. Más tarde, y como consecuencia de las anteriores, las empresas de salmón, tanto las chilenas como extranjeras que operan aquí, eliminaron, no sin conflictos, numerosos puestos de trabajo: Durante el año ha habido unos cuatro mil despidos, los que aumentarán el 2009. Los mismos ejecutivos de las empresas los han adelantado: podrían elevarse a unos seis mil. En sólo dos años, la industria del salmón habría despedido a unas diez mil personas de un total de 55 mil.
Giuliana Furci, coordinadora del Programa de Salmonicultura de la Fundación Terram, comentó a Terra Magazine que desde mayo el gobierno, a través del Ministerio de Economía, ha sostenido frecuentes reuniones con representantes de esta industria a raíz del problema del virus ISA. Un contacto que ha derivado en el millonario subsidio y que prevé una modificación de la ley de pesca en materia de concesiones acuícolas. Para esta Fundación, como para otros ambientalistas y pescadores artesanales, el cultivo de salmón es altamente contaminante y depredador en las costas y los lagos. Una ampliación de las concesiones profundizaría este problema.
“Es impresentable –sostiene Giuliana- que una industria cuyas ganancias para el 2007 superaron el 20 por ciento de las ventas, y que se ha caracterizado por incurrir en malas prácticas ambientales y laborales, resulte beneficiada ahora con fondos que pertenecen a todos los chilenos, a través de este subsidio anunciado por el gobierno”. Una industria, agrega, que no beneficia en nada al país: “paga hoy en día al Estado el 0,05 por ciento de sus exportaciones por concepto de concesiones acuícolas, y en cambio recibe subsidios a la mano de obra”.
El científico chileno Felipe Cabello, Miembro Correspondiente de la Academia Chilena de Ciencias, ha seguido desde hace algún tiempo “el desarrollo de los problemas biológicos de la industria, los que tienen sus raíces en las imperfectas condiciones sanitarias y la falta importante de control científico y técnico con que se ha desarrollado”.
Cabello fue uno de los primeros en lanzar la alerta de los graves problemas sanitarios que sufría el sector, los que posteriormente mutaron en los actuales problemas económicos, laborales y financieros. En conversación con este corresponsal hace unos meses, Cabello le comentó que ya entonces la prensa especializada noruega había indicado que los problemas biológicos y sanitarios de la industria eran de tal magnitud que probablemente requerirán del abandono de la Décima Región. También citaba la visita de expertos estadounidenses a las instalaciones salmoneras, cuyas condiciones sanitarias en la Décima Región describieron como “calamitosas”.
El director del Centro Ecocéanos, Juan Carlos Cárdenas, también se ha cuestionado este subsidio y dice: “Resulta paradojal, por decir lo menos, que quienes han sido campeones de la eliminación del rol del Estado y la disminución del pago de impuestos, sean finalmente quienes más se beneficien al transferir sus costos al Estado y utilizar a manos llenas el dinero de los contribuyentes chilenos”. Y se pregunta: “¿Por qué los contribuyentes chilenos son quienes debemos asumir los costos de uno de los negocios más rentables de nuestra economía en los últimos 15 años?” Costos que, por lo demás, no son solo de empresas chilenas, sino también extranjeras, entre ellas de capitales españoles, japoneses, daneses y noruegos.
Otros grupos, como los pescadores artesanales, tampoco avalan esta inédita ayuda del gobierno a una actividad transnacional. A un sector de la producción, han comentado, que no sólo ha generado nocivos impactos ambientales, sino también ha demostrado tener una de las más altas tasas de accidentes laborales.
Pero una de las críticas más sorprendentes ha sido un editorial en el conservador diario El Mercurio, portavoz del sector privado. En un texto aparecido hacia la mitad de noviembre, este matutino señaló que el apoyo financiero “es discutible, porque el Estado no debería utilizar sus recursos para apoyar discrecionalmente a una industria respecto de otras (…) Nadie discute que la industria salmonera es viable, pero en un momento de gran incertidumbre, como el actual, hay reticencia a prestarle recursos”.
Pero nada confirma las afirmaciones del diario sobre la viabilidad de la industria. No se sabe con certeza si podrá seguir a flote en un escenario económico que prevé una larga y profunda recesión. Durante el 2009 la producción salmonera podría disminuir en un 50 por ciento, en tanto la mayoría de las empresas están con problemas financieros y deberán renegociar sus pasivos que superan, según informaciones de la prensa especializada, los dos mil millones de dólares.
Está mal, pero la pregunta es si está peor que otros sectores orientados a los mercados de exportación, como las forestales, la minería, la fruta.
Porque hay rumores que hablan de una crisis terminal. La Asociación Gremial de Organizaciones de Pescadores Artesanales de Aysén (AGO) en un documento distribuido la semana pasada confirmó esos rumores: “Se trata de garantizarle a la industria salmonera un retiro sin pasar por la declaratoria de quiebra o bancarrota inmediata, para hacer más digna la desaparición de una actividad que, como la pesca artesanal lo sostuvo desde hace años, era ambiental, social y económicamente insustentable”.
El gobierno, dice, “hoy aparece para enterrar, en las mejores condiciones posibles, a una industria que ha causado una de las peores tragedias ambientales en la historia de Chile y por las que nadie parece dispuesto a responder”.
Como dijo el doctor Cabello: Es “necesario resolver la problemática situación de enfermedades infecciosas de la acuicultura del salmón en la Décima Región y para prevenir con ello el potencial descalabro social y económico provocado por esta crisis y temido por los trabajadores y por los parlamentarios de la región”. Pero hoy, parece que ya es tarde.
Una muerte anunciada que podría traer todo tipo de desdichas para el 2009. No sólo las económicas, laborales y sociales. También las políticas. Aquí hay un gobierno saliente que deberá ir a elecciones el 2009 en medio de una profunda crisis económica.
