“El Acuerdo sobre el término de la negociación no se ha firmado aún, porque surgieron diferencias que hasta ahora no se han resuelto en favor de los trabajadores. La autoridad quiere imponer una redacción en un artículo que plantea que el Acuerdo regiría por los años 2009 y 2010, impidiéndonos cualquier negociación de demandas salariales por dos años. Se le presentó a las autoridades tres alternativas de redacción del artículo en cuestión, pero no fueron consideradas por la Directora Ejecutiva, Loreto Amunátegui, y sus asesores, por lo que los sindicatos nos negamos a firmar cualquier documento”, dice Rosa Hueraleo Vega, presidenta del Sindicato Nº1.
Este 3 de diciembre se repartió en Jardines Infantiles, Salas Cuna y Oficinas Regionales una carta donde la Fundación aseguraba a padres y apoderados: “Estamos contentos con el acuerdo firmado con las dirigentes sindicales y el Ministerio de Educación”. Información completamente falsa según los sindicatos.
“Hacemos un llamado a todas nuestras compañeras en Santiago y en todas las regiones del país a mantenerse en alerta la próxima semana. En estos días se están recogiendo las votaciones de nuestras afiliadas para resolver el camino a seguir si el Ministerio de Hacienda y la Fundación insisten en que firmemos un Acuerdo que nos atará de manos por dos años… Nos quieren tratar como si fuéramos trabajadores que tienen derecho a ‘negociar colectivamente’, pero sin percibir los derechos que esos trabajadores han adquirido. En el sector privado los contratos colectivos se firman por un mínimo de dos años y un máximo de cuatro años, pero se deja establecido cuáles serán los aumentos salariales de cada año y los beneficios que obtendrán. En nuestro caso, siempre se nos ha dicho que no tenemos derecho a negociar colectivamente por recibir recursos del Estado, así que siempre hemos ‘negociado’ en las mismas condiciones que los trabajadores del sector público, que negocian año a año. ¿Por qué se nos quiere impedir negociar nuevamente el próximo año? Las autoridades quieren prácticamente congelar nuestras legítimas aspiraciones de seguir mejorando nuestras remuneraciones y obtener beneficios. No quieren que negociemos ni quieren reconocer nuestros derechos… Si el argumento es que Fundación Integra trabaja con dineros del Estado, entonces ¿por qué no se nos reconoce como funcionarios públicos y se nos entregan todos los beneficios y regalías que tienen los trabajadores del sector? A los empleados públicos no se les hace firmar acuerdos a largo plazo… Por lo mismo, hacemos un llamado a mantener la unidad y la fuerza que hasta ahora hemos demostrado, tanto los sindicatos nacionales como las otras agrupaciones sindicales que también se han movilizado por sus legítimos derechos y por obtener el reconocimiento de parte de las autoridades”, agrega Rosa Hueraleo.
Auxiliares, administrativas, educadoras, profesionales y no profesionales se han movilizado más allá de estar o no incorporadas a los sindicatos nacionales a los que la autoridad “permite” la presentación de petitorios. En la Fundación Integra laboran más de doce mil trabajadores y hay tres sindicatos nacionales: el Nº1, afiliado a la Confederación General de Trabajadores (CGT), y dos afiliados a la CUT: SINATI y Nº2. Hasta ahora, las autoridades han permitido que cada año estos sindicatos presenten un “petitorio” con sus demandas. Pero también han surgido otras agrupaciones sindicales, que son escisiones de los sindicatos nacionales afiliados a la CUT, y que se han producido porque muchas trabajadoras no se sienten representadas por sus dirigentas o no están de acuerdo con la forma en que se han llevado las negociaciones. Hasta ahora, la Dirección de la institución -al igual que los sindicatos Nº2 y SINATI-, se niegan a reconocer a estas agrupaciones, pese a que se encuentran legalmente constituidas. “Salvo la firme posición del Sindicato Nº1, no hay en los demás el más mínimo interés porque se reconozca a estas organizaciones e incluso se las descalifica llamándolas ‘divisionistas, fomentadoras de la dispersión el fraccionamiento y el sectarismo’”, dice Manuel Ahumada, presidente de la Confederación General de Trabajadores, CGT.
Nadie parece recordar que inicialmente hubo un sólo sindicato en Integra, y fue el Nº1. “Este nunca descalificó ni estigmatizó a nadie. Muy por el contrario, se la ha jugado siempre para que todas las agrupaciones sindicales que existen en Integra sean reconocidas y se les trate de la misma manera”, agrega.
“El gobierno sigue negando a los trabajadores de Integra el derecho a negociar colectivamente -amparándose en el inciso tercero del articulo 304 del Código del Trabajo-, no obstante que toda la relación entre la Fundación y sus trabajadores es precisamente a través del Código del Trabajo. ¿Por qué los funcionarios de Integra no son reconocidos como funcionarios públicos y se les entregan todas las regalías del sector, o de una buena vez se les reconoce su condición de trabajadores privados y se les permite negociar colectivamente?”, se pregunta Ahumada.
Es legítimo que tanto el Sindicato de la V Región, como las educadoras integradas al SITES, tengan derecho a ser parte de los procesos de negociación y sean incorporadas a toda futura mesa de negociación. En el actual proceso de movilización, la participación ha sido masiva y disciplinada: marchas, propaganda explicativa y una permanente comunicación entre la dirección sindical y la base. Unas cincuenta educadoras agrupadas en el SITES se manifestó en las afueras de las oficinas centrales de Fundación reclamando ser escuchadas e incluidas en las negociaciones. Consiguieron un compromiso verbal. Al día siguiente, dirigentas y socias de los tres sindicatos ocuparon las instalaciones de la institución mientras las trabajadoras coparon la calle Alonso Ovalle, entre Zenteno y San Diego, pero fueron brutalmente reprimidas por Carabineros y sus Fuerzas Especiales, dejando un saldo de decenas de detenidos, contusos y lesionados. En Iquique, trabajadores ocuparon la Dirección Regional de Integra. En Santiago, un piquete de trabajadoras encaró a la Directora Ejecutiva, Loreto Amunátegui, a la salida de una actividad en un céntrico hotel de Santiago, exigiéndole el cumplimiento de los compromisos suscritos con los sindicatos el año 2007. Los funcionarios administrativos, ausentes en otras movilizaciones, se incorporaron y participaron activamente.
Los trabajadores se aprestan a realizar en Santiago y regiones movilizaciones y acciones en defensa de su petitorio, que no sólo implica aumento de remuneraciones, sino exigir respeto y reconocimiento de los acuerdos, la palabra y compromiso contraído el 2007; acuerdo que la Fundación Integra y el gobierno se han empeñado en desconocer. “Han ignorado por mucho tiempo las demandas de las trabajadoras de Integra. Esa es la explicación de las masivas manifestaciones y de que las tías estén dispuestas, incluso, a ser reprimidas por la policía. Hemos perdido el miedo porque estamos exigiendo lo que es justo y nuestros derechos como trabajadores. Exigimos que el gobierno cumpla sus compromisos, y que se nos dé igual trato que a los demás trabajadores públicos”, dice Rosa Hueraleo.
Los sindicatos denuncian que durante el paro nacional la institución presionó a directoras y coordinadoras pedagógicas para que se descolgaran de las movilizaciones, amenazándolas incluso con despidos y otras sanciones, lo que se promovió durante las giras por regiones de la Directora Nacional, Loreto Amunátegui y de los miembros del Comité Ejecutivo de la Fundación, además de algunas misivas en igual sentido de las Directoras y Directores Regionales, donde se ha presionado a los trabajadores para que no se sigan movilizando por sus derechos.
Trabajadoras de Integra aún no llegan a acuerdo
El Sindicato Nº1 reiteró a los trabajadores de Fundación Integra que en el proceso de “negociación” que se desarrolla desde noviembre con las autoridades no se ha suscrito aún ningún acuerdo ni con el Ministerio de Hacienda ni con la institución. Las dirigentas sindicales llamaron a sus bases a mantenerse “atentas” y “dispuestas a retomar las movilizaciones”.
Esto a raíz de la distribución en algunos Jardines Infantiles y Salas Cuna de un documento, calificado de “mentiroso” por los sindicatos, dirigido a los trabajadores y padres y apoderados, y que afirmaba que el acuerdo ya se había firmado. Según las autoridades de la Fundación la distribución del documento fue un “lamentable error”.