¿Por qué cuando se habla de los fracasos del actual gobierno no se pronuncia la palabra “patrimonio”? La primera razón es porque quienes acaparan los medios de comunicación son los sempiternos políticos cuyas preocupaciones están en terrenos que les dan más dividendos que la cultura.
No es una novedad que los artistas de todo tipo, pero más los de visibilidad mediática, cobren una relevancia inusitada en el rol que les cabe en los destinos de la nación para los períodos de elecciones, pero una vez superada esta coyuntura electoral, son nuevamente acotados al espacio marginal al que la “cultura de la entretención” los ha destinado.
Ya es tiempo que los mismos actores y artistas que siguen prestándose para estos carnavales que se montan en torno al voto, evalúen de manera profesional en qué se ha traducido el compromiso que ellos han manifestado de manera consistente. Y más vale que lo hagan luego, porque ya se escuchan los sones del siguiente montaje en torno a las elecciones presidenciales.
La segunda razón por la cual la palabra “patrimonio” está casi excluida de la discusión pública es que existe en los círculos de poder una suerte de pacto por omisión…no vaya a ser que la gente se acuerde que el Instituto del Patrimonio viene siendo una de las promesas presidenciales que más se ha repetido en los discursos del 21 de mayo y que ha quedado en calidad de eso, de promesa.
¿Para qué un Instituto del Patrimonio? Para que un órgano del Estado se encargue de proteger los edificios, lugares, personas, costumbres y tanto más que son parte esencial de nuestra historia e identidad, y que corren el riesgo de quedar sólo en un recuerdo debido a diferentes causas. En lo que a patrimonio material se refiere una de las causas más frecuentes para que los edificios que marcaron una época sean destruidos a vista y paciencia de todos nosotros es la codicia. Así es como lo identificó la directora del Departamento de Historia y Arquitectura de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, Marcela Pizzi, al recordar el doloroso hecho que llevó, recientemente, a la demolición de las bodegas de la ex ECA, cuyos dueños, previendo una posible declaratoria de monumento nacional, y producto de la ambición inmobiliaria, prefirieron convertirlas en polvo. ¿Y cómo pueden producirse hechos de esta naturaleza en un Chile que se jacta aún de que la crisis económica no lo va a tocar debido a su previsión? Es la misma académica la que agrega: “el actual marco legal que protege a los monumentos nacionales está envejecido, a lo que se suma la falta de una política continua y coherente que proteja nuestro patrimonio. Las acciones del Estado o iniciativas particulares tienen un carácter disperso, esporádico y descoordinado”.
Tanta es la conciencia de la irresponsabilidad estatal, que la sociedad civil ha preferido tomar un rol más activo en el cuidado del Patrimonio. El ejemplo de los vecinos del Barrio Yungay es elocuente donde existe una vasta red de 40 organizaciones vecinales que le dan vida y promueven el rescate del patrimonio arquitectónico e histórico de ese territorio, participando incluso en la redacción del expediente técnico que solicitó al Consejo de monumentos Nacionales declarar el barrio Yungay como Zona Típica.
Y en la misma línea nace la Fundación Chile Patrimonial que busca impulsar proyectos de este tipo y también educar. Detrás de esta iniciativa están el restaurador Claudio Cortés, la historiadora Isabel Cruz, la fotógrafa Paz Errázuriz y el arquitecto Eduardo San Martín, además de los artistas Claudio Di Girólamo y Arturo Duclós.
Todo indica, sin embargo, que en este tema ha habido una indolencia enorme. Resulta a todas luces una falta de respeto y de conciencia de lo que aquí está en juego, que se haya convocado hace meses atrás, después del primer anuncio presidencial, a personas de larguísima trayectoria en el tema patrimonial material e inmaterial, que los hayan tenido trabajando seis meses por nada y claro, ad honorem…para al final, en el más grande de los mutismos hacerse los desentendidos y dejar el tema para la siguiente administración.
Ya es tiempo que los mismos actores y artistas que siguen prestándose para estos carnavales que se montan en torno al voto, evalúen de manera profesional en qué se ha traducido el compromiso que ellos han manifestado de manera consistente. Y más vale que lo hagan luego, porque ya se escuchan los sones del siguiente montaje en torno a las elecciones presidenciales.
La segunda razón por la cual la palabra “patrimonio” está casi excluida de la discusión pública es que existe en los círculos de poder una suerte de pacto por omisión…no vaya a ser que la gente se acuerde que el Instituto del Patrimonio viene siendo una de las promesas presidenciales que más se ha repetido en los discursos del 21 de mayo y que ha quedado en calidad de eso, de promesa.
¿Para qué un Instituto del Patrimonio? Para que un órgano del Estado se encargue de proteger los edificios, lugares, personas, costumbres y tanto más que son parte esencial de nuestra historia e identidad, y que corren el riesgo de quedar sólo en un recuerdo debido a diferentes causas. En lo que a patrimonio material se refiere una de las causas más frecuentes para que los edificios que marcaron una época sean destruidos a vista y paciencia de todos nosotros es la codicia. Así es como lo identificó la directora del Departamento de Historia y Arquitectura de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, Marcela Pizzi, al recordar el doloroso hecho que llevó, recientemente, a la demolición de las bodegas de la ex ECA, cuyos dueños, previendo una posible declaratoria de monumento nacional, y producto de la ambición inmobiliaria, prefirieron convertirlas en polvo. ¿Y cómo pueden producirse hechos de esta naturaleza en un Chile que se jacta aún de que la crisis económica no lo va a tocar debido a su previsión? Es la misma académica la que agrega: “el actual marco legal que protege a los monumentos nacionales está envejecido, a lo que se suma la falta de una política continua y coherente que proteja nuestro patrimonio. Las acciones del Estado o iniciativas particulares tienen un carácter disperso, esporádico y descoordinado”.
Tanta es la conciencia de la irresponsabilidad estatal, que la sociedad civil ha preferido tomar un rol más activo en el cuidado del Patrimonio. El ejemplo de los vecinos del Barrio Yungay es elocuente donde existe una vasta red de 40 organizaciones vecinales que le dan vida y promueven el rescate del patrimonio arquitectónico e histórico de ese territorio, participando incluso en la redacción del expediente técnico que solicitó al Consejo de monumentos Nacionales declarar el barrio Yungay como Zona Típica.
Y en la misma línea nace la Fundación Chile Patrimonial que busca impulsar proyectos de este tipo y también educar. Detrás de esta iniciativa están el restaurador Claudio Cortés, la historiadora Isabel Cruz, la fotógrafa Paz Errázuriz y el arquitecto Eduardo San Martín, además de los artistas Claudio Di Girólamo y Arturo Duclós.
Todo indica, sin embargo, que en este tema ha habido una indolencia enorme. Resulta a todas luces una falta de respeto y de conciencia de lo que aquí está en juego, que se haya convocado hace meses atrás, después del primer anuncio presidencial, a personas de larguísima trayectoria en el tema patrimonial material e inmaterial, que los hayan tenido trabajando seis meses por nada y claro, ad honorem…para al final, en el más grande de los mutismos hacerse los desentendidos y dejar el tema para la siguiente administración.
¿Qué es lo que sucede en el aparataje estatal para que las ministras de Educación y Cultura hoy se laven las manos frente a este tema y no lo consideren como uno de sus grandes fracasos?