Así las cosas, parece coherente la renuncia voluntaria de ella y sus ministros, al aumento que les corresponde por ley cobrar, sobre todo, si ese aumento, en términos constantes y sonantes, equivale a tres o cuatro sueldos de un trabajador medio. Sin embargo, nadie que tenga conocimiento de los porcentajes debiera escandalizarse de estos resultados que se muestran como insultantes cada vez que un trance de esta naturaleza ocurre.
No es que los ministros o parlamentarios ganen mucha plata, digamos la verdad, es que los trabajadores del país, que son los más, ganan muy poco dinero. Aquí es donde está radicado el escándalo, aquí está el escupitajo lanzado a la cara del pueblo.
Michelle Bachelet no se permite terminar su período con una imagen de abierta inconsecuencia, y dirigiéndose a la galería muestra la donación que ella y sus ministros entregarán a no se cual institución de beneficencia.
He aquí el epílogo mediático de una disputa entre empleados y empleadores.
Por lo pronto, mientras toda esta farándula política ocurre en los medios de comunicación, la platita de los cotizantes y pensionados chilenos se fuga, se hace agua, cada día, sin que al parecer exista nadie ni nada que le ponga atajo.
Bachelet y acaso su ministro de hacienda, serán recordados como los pusilánimes irresponsables que permitieron que los hombres y mujeres que jubilan y que jubilarán durante una década más, jubilen con una pérdida en sus fondos que alcanzará para una mísera cantidad que deberá estirarse, puesto que están siendo estafados por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), y que como si fuera una burla desde su intocable posición, están cobrando a todos los trabajadores chilenos una comisión por administrar las pérdidas, por aquella cantidad que ya no existe, que se hizo humo y que hasta el lunes antepasado, era de 26.400 millones de dólares (Revista Punto Final nº 675, pág.6).
Este tragedia también tiene su imagen, pero su proyección en el telón será más tarde, cuando ya no haya nada que hacer.
El Estado tiene la obligación de velar por el derecho a la seguridad social de sus ciudadanos, debe tomar iniciativas para impedir la impunidad con que operan estos grandes consorcios financieros.
El pueblo debe movilizarse, debe enfrentar este desvalijamiento de sus fondos con acciones concretas, debe exigir al gobierno medidas urgentes, debe conminarlo a cumplir con su deber.
René Dintrans. A
erredintrans@yahoo.es