Los incrementos constatados en la reciente década (entre 2000 y 2006 el precio de la electricidad subió 100%) evidencian una vez más los perjuicios de una matriz eléctrica atada a combustibles fósiles importados. La producción de electricidad en Chile cuesta 400% más que en Argentina y casi el doble que en Colombia, Perú y Brasil, lo que la convierte en la más cara de América Latina, según un estudio publicado el pasado invierno por la consultora argentina Montamat.
Las alzas constatadas desnudan el irrisorio argumento de estas empresas monopólicas, que anuncian que la puesta en marcha de la nueva ley de promoción de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), promulgada en marzo pasado por la Presidenta Michelle Bachelet, significaría alzas de 3% ($300 por hogar). Al contrario, el primer estudio del “Aporte potencial de ERNC y eficiencia energética (EE) a la matriz eléctrica 2008-2025” (de la U. de Chile y la U. Santa María, y un Comité Consultivo integrado por gobierno, empresarios y sociedad civil) concluye que, a partir del precio actual o uno mayor de la energía, el país podría abastecer a lo menos 53,6% de la demanda eléctrica del Sistema Interconectado Central (entre Tal Tal y Chiloé) en 2025, y así evitaría la construcción de una potencia térmica de 7 mil a 10 mil MW a 2025 y la emisión de 16 a 22 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2), que este año han aumentado en 30 millones, y se proyectan a casi 70 toneladas hacia 2017. Esto, obviamente, implica riesgos de castigos impositivos a las exportaciones, pues Chile figura hoy en el segundo lugar mundial de los países con mayor crecimiento de emisiones, luego de China.
Sin embargo, pese al anuncio de la Presidenta Bachelet de invertir US$ 400 millones en promoción de ERNC y eficiencia energética, y la creación, por parte del candidato presidencial de la oposición de derecha, Sebastián Piñera, de una comisión para estudiar estas alternativas no contaminantes, el sector energético ha presentado 6 proyectos térmicos a carbón por 3.860 MW. Esto, sumado a los 2.201 MW en construcción, significa aumentar la dependencia externa del actual 16,4% de la capacidad instalada a 30% en 2020.
Si a esto agregamos que Chile no cuenta con normativa para las termoeléctricas, la autoridad debe asumir su responsabilidad por la agudización de protestas sociales. Estos focos ya son visibles al sur de Constitución (a causa del proyecto Los Robles, de AES Gener, que lidera la expansión del carbón con casi US$ 6 mil millones en inversiones); en Coronel (a causa de Bocamina II, donde la Corema decidió reevaluar el proyecto de Endesa, colindante con poblaciones); en La Higuera (a causa de Cruz Grande, de CAP y Barrancones, de Suez Energy), y Farellones, donde la estatal cuprífera Codelco ha puesto en peligro la contigua Reserva de pingüinos de Humboldt y tuvo que suspender la tramitación de su iniciativa porque este carecía de información relevante para ser evaluado.
Directora del Programa Chile Sustentable
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