Finalmente los trascendidos e interpretaciones se cumplieron. La empresa Hidroyasén solicitó a la Corema de la Undécima Región un plazo de nueve meses para responder a las más de tres mil objeciones que puso el Gobierno al estudio medioambiental que presentó el 14 de agosto pasado. El encuentro entre el ministro del Interior, Edmundo Pérez, de Energía, Marcelo Tokman, y de Hacienda, Andrés Velasco, hace algunas semanas para analizar el tema tuvo un claro objetivo: la negativa del Ejecutivo a la realización del polémico proyecto, pero en un proceso menos traumático que el rechazo de plano.
Ya lo había adelantado la ministra de Medio Ambiente Ana Lya Uriarte al hacer públicas sus críticas a HidroAysén, por lo que la estrategia final fue darle sólo cinco días para presentar sus respuesta a una serie de observaciones, una tarea imposible de realizar en ese plazo.
Y aunque la ministra Uriarte aludió a las versiones de prensa, lo cierto es que el Gobierno ya tenía claro que el resultado de sus exigencias terminaría en una petición de suspensión por parte de la empresa.
“La empresa tenía cinco días hábiles para responder, por lo tanto, dado que en este plazo resultaría muy difícil cumplir la tarea, la empresa ha señalado que, insisto, a través de los medios de prensa, que va a suspender el procedimiento. Ese plazo de suspensión la empresa deberá presentar a la autoridad ambiental en el plazo que estime adecuado”, señaló la ministra.
A través de un comunicado, el gerente general de HidroAysén, Hernán Salazar, señaló que este es el proyecto de mayor envergadura y complejidad que ha enfrentado la institucionalidad medioambiental en Chile, siendo de enorme relevancia para el futuro energético del país.
Agregó que solicitar una suspensión es una alternativa habitual en este tipo de procesos y que servirá para contar con el tiempo necesario para complementar la información del Estudio de Impacto Ambiental.
En el texto se informa que una vez que se reciba el resto de las observaciones ciudadanas, la empresa analizará y aportará los antecedentes para que sean adecuadamente ponderadas en la Resolución de Calificación Ambiental.
Para el secretario ejecutivo del Consejo de Defensa de la Patagonia, Patricio Rodrigo, es casi imposible que en las actuales condiciones el proyecto pueda salir a flote, porque no sólo es un mal proyecto, sino que además se presentó un pésimo Estudio de Impacto Ambiental.
“Estamos convencidos de que es muy difícil que este proyecto pueda remontar, porque ha demostrado que es un muy mal proyecto. Presentó un pésimo Estudio (de Impacto de Ambiental), por lo que esto ya estaría chuteándose hasta el próximo Gobierno, esperando la empresa que a lo mejor la nueva administración le preste auxilio”, afirmó Rodrigo.
En este sentido, señaló que esta jugada debió haberse conversado entre el Ejecutivo y la empresa para que ellos retiraran el estudio y poder hacerlo de nuevo.
Aunque Rodrigo vaticina que también es posible que las transnacionales Acciona y Enel, a las que pertenece Hidroaysén, no estén dispuestas a sufrir un daño tan grande en su imagen en el resto del mundo, como consecuencia de los negocios que intentan impulsar en la Patagonia chilena, algo que mataría definitivamente el megaproyecto hidroléctrico.