Pero no son estos los únicos aspectos singulares. Esta ha sido la primera gran protesta bajo una desatada y también ya reconocida crisis económica. Aun cuando el gobierno trabaja sus cifras con una proyección macroeconómica –para el 2009 el crecimiento del PIB se estima en un cuatro por ciento y la inflación en poco más del seis por ciento anual- cualquier apuesta hacia delante hoy se hace un poco con los ojos cerrados. Nadie, hoy podría afirmarse, puede realizar una proyección más o menos certera para el 2009. Por cierto, tampoco los trabajadores, que buscan una protección y una recuperación al perdido poder adquisitivo. Y si se hecha a andar la memoria económica, las más venales crisis de finales de la década pasada, como la asiática, rusa, brasileña y argentina, contrajeron el PIB chileno. Los anuncios para la que se gesta –no levantados por agoreros, sino hoy por las mismas autoridades políticas- podrían superar esas marcas.
La memoria de los empleados es fresca y no requiere remontarse muy atrás. Así ha pasado con la inflación del 2008, que superó todas las proyecciones atadas el 2007. De un cálculo para el PIB entre el cinco y seis por ciento y de una inflación del 5,5 por ciento se ha pasado a una variación de precios anualizada del 9,9 por ciento y una tasa de crecimiento que no superará los cinco puntos. Si así fue para el año en curso, nada puede asegurar que otra vez las cifras se vuelquen.
El gobierno ha actuado con rudeza. No ha hablado de números, ha enviado a las fuerzas del orden a la calle y lanzado amenazas a los trabajadores. Una actitud que no sólo ha molestado a los empleados, sino que ha sorprendido a parlamentarios de oposición y de gobierno. Mientras el ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, advertía a los funcionarios de descuentos salariales por cada día no trabajado, el diputado de Renovación Nacional Nicolás Monckeberg, que es también presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara, sugería al gobierno sentarse a negociar con los trabajadores. El problema, dijo, ha surgido por la falta de credibilidad del gobierno, que el año pasado erró en sus cálculos macroeconómicos, lo que provocó un perjuicio en los bolsillos de los trabajadores.
Por el momento, el interregno. Tras la movilización, vendrán las primeras negociaciones entre trabajadores y gobierno. Hacia el lunes, el proyecto debe ingresar al Congreso. De allí, en horas, en pocos días, la ley.
El problema, bien se sabe, no es solo un guarismo salarial. Es la crisis financiera mundial en plena maduración y sus efectos económicos y sociales locales. Es también su extensión y la reproducción de gestos y movilizaciones en otros sectores y gremios. Una crisis que el gobierno de Michelle Bachelet sólo ha reconocido en toda su magnitud hace escasas semanas. Tras haber mantenido durante largos meses un discurso sobre el “blindaje de la economía chilena” ante los diversos efectos financieros, hoy lo ha cambiado de manera bastante radical. La primera advertencia clara la hizo Michelle Bachelet hace un par de semanas durante la Cumbre Iberoamericana en El Salvador cuando dijo que “necesitaremos medidas adicionales y más contundentes, en proporción a la magnitud de la demanda que introducirá la crisis a partir de los próximos meses y el próximo año”. Y a partir de allí, varios de sus ministros y dirigentes de partidos de gobiernos ya no andan con rodeos. Lo que viene el 2009 no será fácil. “Lo peor está por venir”, dijeron esta semana desde el secretario general del Partido Socialista a la Asociación de Bancos de Chile.
Artículo publicado en Terra Magazine. Reproducido en Clarín con permiso de Terra y del autor.