Las irregularidades relacionadas con las notificaciones a los portadores con VIH tienen muchas aristas. En los últimos días las cifras de personas afectadas han subido exponencialmente y, al parecer, las soluciones de un plan de acción de 90 días o la intervención de la Comisión Nacional del Sida, Conasida, no son suficientes para corregir este escenario. Luego que el recién asumido ministro de Salud, Álvaro Erazo, reconociera que el número de casos no notificados en el sector público asciende a 320, el senador del PPD, Guido Girardi, añadió un nuevo ingrediente con las cifras en el sistema de salud privado, elevando el total a mil.
“Hay un número importante de casos en el sector privado que yo pido que se investiguen. Mi estimación es que en el sistema privado habría, sólo en regiones, cerca de 381 casos de que no hay evidencia de que hayan sido notificados, más unos 250 casos en la Región Metropolitana. Por lo tanto, estaríamos hablando sólo en el sector privado de una cantidad de casos cercanos a los 600, que se sumarían a los 320 del sistema público, lo que darían el número de mil pacientes a nivel nacional que está dando vuelta”, dijo Girardi.
Por eso, desde distintos sectores se plantean diversas apuestas: modificar la ley, mejorar la gestión, decretar estado de emergencia, además de las críticas a las notificaciones express. Todo, a pocas horas que el ministro de Salud entregue a la comisión especial de la Cámara de Diputados un detallado informe sobre este escándalo que ya le costó el puesto a su antecesora, Soledad Barría, y que no parece acabar.
Las agrupaciones ciudadanas Vivo Positivo, coordinadora nacional de organizaciones de personas viviendo con VIH/SIDA, y la asamblea de organizaciones sociales y ONGs con trabajo en SIDA (ASOSIDA) se manifestaron preocupadas y calificaron la situación como “la peor crisis sanitaria que enfrenta el país en los últimos años”.
“Lo que está haciendo el ministerio es responder de forma histérica a una cuestión que da cuenta del mal manejo de la gestión de los hospitales, porque lo que no se ha hecho es generar las condiciones materiales para que los profesionales de la salud puedan atender la demanda de miles y miles de personas. Lo que hay es un discurso, que está bien instalado, que es la protección del derecho de las personas, pero que sea en el marco de no sacrificar las condiciones mínimas”, criticó Marcos Becerra, coordinador ejecutivo de ASOSIDA.
Asimismo, dijeron que se trata no sólo como un problema de gestión sino como una “flagrante violación a los derechos humanos y, en lo concreto, al derecho a la vida” y responsabilizaron a las autoridades sanitarias y a los servicios de salud pública.
Por su parte, parlamentarios de RN llamaron a la Presidenta a tomar cartas urgentes en el asunto. “También en el afán de ayudar la ministro y dada la gravedad de la situación, le hemos pedido hoy a la Presidenta como bancada de Renovación Nacional, que decrete la emergencia sanitaria”, declaró la diputada Karla Rubilar.
Petición que Juan Luis Castro, representante de la comisión de salud del Partido Socialista e integrante del Colegio Médico, calificó como exagerada y fuera de lugar.
“Plantear emergencia sanitaria, que es una figura que existe en la ley chilena que significa desastres de carácter sanitario globales, por ejemplo cuando hubo emergencias medio ambientales en Antofagasta, los terremotos, eso es otra situación que no tienen que ver con esto y, en ese sentido, no puede generarse una alarma pública”, afirmó Castro.
Confidencialidad en juego
Otra de las nuevas aristas de esta polémica son las llamadas notificaciones express. Desde que salieron a la luz pública los casos de Iquique, Vallenar y Santiago, y que ahora parecen extenderse a todo el sistema de salud público y privado del país, la urgencia por avisar a las personas que son portadoras de VIH ha generado circunstancias en las que claramente se viola el derecho a la confidencialidad que la ley estipula para estas delicadas circunstancias, según denuncian organizaciones ciudadanas y parlamentarios de la oposición. “No es bajo ningún punto de vista aceptable que las personas que no habían sido notificadas, sean hoy, en este ejercicio de notificación express, es decir, de última hora instruido por el ministerio de Salud, lo que las expone públicamente vulnerando su derecho a la confidencialidad ¿Se trata acaso de bajar la cifra de no notificados a cualquier costo y de manera ilegal, violando una vez más sus derechos humanos?”, se preguntaron desde Vivo Positivo y ASOSIDA. “Tenemos experiencias tanto en el sur como en la quinta región de que en los consultorios andan notificando a las personas en ambulancias en sus casas”, ejemplificó Marcos Becerra. Mientras que en la bancada de diputados de Renovación Nacional, Roberto Sepúlveda hizo referencia a cerca de 200 personas notificadas en las últimas semanas, y Karla Rubilar llamó a corregir estos procedimientos. “No podemos hoy día por una equivocación que tiene que ver con una falla del sistema administrativo, condenar a la gente que tiene VIH a la muerte social, a la muerte cívica. No corresponde y le hemos pedido que ratifique las señales a los servicios de salud al respecto y que sancione si se está haciendo de mala manera.
Otra de las nuevas aristas de esta polémica son las llamadas notificaciones express. Desde que salieron a la luz pública los casos de Iquique, Vallenar y Santiago, y que ahora parecen extenderse a todo el sistema de salud público y privado del país, la urgencia por avisar a las personas que son portadoras de VIH ha generado circunstancias en las que claramente se viola el derecho a la confidencialidad que la ley estipula para estas delicadas circunstancias, según denuncian organizaciones ciudadanas y parlamentarios de la oposición. “No es bajo ningún punto de vista aceptable que las personas que no habían sido notificadas, sean hoy, en este ejercicio de notificación express, es decir, de última hora instruido por el ministerio de Salud, lo que las expone públicamente vulnerando su derecho a la confidencialidad ¿Se trata acaso de bajar la cifra de no notificados a cualquier costo y de manera ilegal, violando una vez más sus derechos humanos?”, se preguntaron desde Vivo Positivo y ASOSIDA. “Tenemos experiencias tanto en el sur como en la quinta región de que en los consultorios andan notificando a las personas en ambulancias en sus casas”, ejemplificó Marcos Becerra. Mientras que en la bancada de diputados de Renovación Nacional, Roberto Sepúlveda hizo referencia a cerca de 200 personas notificadas en las últimas semanas, y Karla Rubilar llamó a corregir estos procedimientos. “No podemos hoy día por una equivocación que tiene que ver con una falla del sistema administrativo, condenar a la gente que tiene VIH a la muerte social, a la muerte cívica. No corresponde y le hemos pedido que ratifique las señales a los servicios de salud al respecto y que sancione si se está haciendo de mala manera.
Los diputados, médicos y la ciudadanía esperan conocer cual es la situación a nivel nacional de estas deficiencias, pero también esperan soluciones concretas y reformulaciones acordes a la mala gestión de todo el proceso. Respuestas de debieran emanar, al menos en parte, de las conclusiones de la comisión de Salud de la Cámara de Diputados y de las propuestas de nuevo equipo a cargo del Minsal.