¿Cuán preparados estamos todos para no discriminar en ninguna esfera pública –vecinal, laboral, educacional etc- a las víctimas de la nueva peste, de modo que ellas puedan vivir lo mejor posible y, llegado el caso, morir con dignidad? Es la cuestión que subyace en el escándalo de los no notificados de VIH Sida en Iquique, en el que afloraron falencias administrativas y políticas, pero también éticas, institucionales y sociales.
El caso de los no notificados de VIH Sida en Iquique vuelve a poner en foco la mala gestión de los servicios públicos, pero también una serie de falencias éticas, institucionales y sociales para tratar la mortal enfermedad. Lo importante, en lo inmediato, es que éstas últimas no se utilicen por la autoridad para tapar las serias irregularidades detectadas.
La ministra y la subsecretaria de Salud, en el curso de las explicaciones que tienen que dar, muchas veces se enredan en cuestiones como la responsabilidad compartida de los pacientes, el seguimiento de los exámenes por parte de éstos, los procedimientos establecidos, la confidencialidad de la información y el derecho de los enfermos a no ser discriminados, las ataduras legales al respecto y, en fin, la reivindicación de las campañas preventivas.
Todos estos elementos son válidos para un debate a fondo. Pero muchas veces queda la sospecha de que los responsables políticos y administrativos prenden estos fuegos para inundar el ambiente, en circunstancias que lo urgente es detectar, sin distracciones, dónde fallaron los mecanismos y qué funcionaros cometieron omisiones y negligencias.
A la escandalosa muerte de una mujer no notificada y la de su marido, ocurrida poco después, se suma la alarma pública, no sólo en la ciudad escenario de los hechos, también en el resto del país, porque cunde la duda de que la desprolijidad pudo replicarse en otros lugares.
Que los exámenes sin notificar se hayan efectuado hace cuatro años –según dijo la ministra Soledad Barría- extiende aún más el manto de incertidumbre.
Lo importante no es la situación del ministro de la época, Pedro García, como tampoco la de la ministra de Salud el año 2000, Michelle Bachelet, ya que -de acuerdo a la denuncia del senador Jaime Orpis- desde entonces se arrastran los problemas de notificación en Iquique. Hay un mal endémico de gestión deficiente de los recursos disponibles. Así lo revelan los detalles del sistema de consejería previsto para los enfermos de sida, el que con un diseño apropiado o no se implementa en servicios en colapso y por funcionarios agobiados.
No sólo hay que cobrar las responsabilidades administrativas que se determinen, sino además las políticas. Pero ojalá el tiempo y la energía que se ponga en la fiscalización no agote la creatividad y el esfuerzo para actualizar la legislación. La confidencialidad ha de ser suficiente para no estigmatizar al enfermo ni enviarlo al leprosario social, aunque al mismo tiempo debe protegerse a las demás personas –incluso por vía judicial- de una enfermedad que, por ser contaminante, excede los límites de lo personal.
Ningún portador del virus tiene derecho a andar por la vida, relacionándose sexualmente ni donando sangre sin control. También está claro que ninguna ley ni norma -desde la constitucional a la reglamentaria- podrá conjugar derechos y limitantes si no hay una tolerancia social hacia el flagelo.
La pregunta es, entonces ¿cuán preparados estamos todos para no discriminar en ninguna esfera pública –vecinal, laboral, educacional etc- a las víctimas de la nueva peste, de modo que ellas puedan vivir lo mejor posible y, llegado el caso, morir con dignidad?
(Comentario transmitido por Universidad de Chile Noticias, radio 102.5 FM).
La ministra y la subsecretaria de Salud, en el curso de las explicaciones que tienen que dar, muchas veces se enredan en cuestiones como la responsabilidad compartida de los pacientes, el seguimiento de los exámenes por parte de éstos, los procedimientos establecidos, la confidencialidad de la información y el derecho de los enfermos a no ser discriminados, las ataduras legales al respecto y, en fin, la reivindicación de las campañas preventivas.
Todos estos elementos son válidos para un debate a fondo. Pero muchas veces queda la sospecha de que los responsables políticos y administrativos prenden estos fuegos para inundar el ambiente, en circunstancias que lo urgente es detectar, sin distracciones, dónde fallaron los mecanismos y qué funcionaros cometieron omisiones y negligencias.
A la escandalosa muerte de una mujer no notificada y la de su marido, ocurrida poco después, se suma la alarma pública, no sólo en la ciudad escenario de los hechos, también en el resto del país, porque cunde la duda de que la desprolijidad pudo replicarse en otros lugares.
Que los exámenes sin notificar se hayan efectuado hace cuatro años –según dijo la ministra Soledad Barría- extiende aún más el manto de incertidumbre.
Lo importante no es la situación del ministro de la época, Pedro García, como tampoco la de la ministra de Salud el año 2000, Michelle Bachelet, ya que -de acuerdo a la denuncia del senador Jaime Orpis- desde entonces se arrastran los problemas de notificación en Iquique. Hay un mal endémico de gestión deficiente de los recursos disponibles. Así lo revelan los detalles del sistema de consejería previsto para los enfermos de sida, el que con un diseño apropiado o no se implementa en servicios en colapso y por funcionarios agobiados.
No sólo hay que cobrar las responsabilidades administrativas que se determinen, sino además las políticas. Pero ojalá el tiempo y la energía que se ponga en la fiscalización no agote la creatividad y el esfuerzo para actualizar la legislación. La confidencialidad ha de ser suficiente para no estigmatizar al enfermo ni enviarlo al leprosario social, aunque al mismo tiempo debe protegerse a las demás personas –incluso por vía judicial- de una enfermedad que, por ser contaminante, excede los límites de lo personal.
Ningún portador del virus tiene derecho a andar por la vida, relacionándose sexualmente ni donando sangre sin control. También está claro que ninguna ley ni norma -desde la constitucional a la reglamentaria- podrá conjugar derechos y limitantes si no hay una tolerancia social hacia el flagelo.
La pregunta es, entonces ¿cuán preparados estamos todos para no discriminar en ninguna esfera pública –vecinal, laboral, educacional etc- a las víctimas de la nueva peste, de modo que ellas puedan vivir lo mejor posible y, llegado el caso, morir con dignidad?
(Comentario transmitido por Universidad de Chile Noticias, radio 102.5 FM).