Santiago.- Las indagaciones que lleva adelante la Fiscalía Centro Norte sobre la red de corrupción que operaba dentro del sistema judicial para proteger a delincuentes conocida el viernes pasado, puso en evidencia no sólo nuevos delitos por parte de los funcionarios de investigaciones, sino también la posible contaminación hacia otros agentes del Poder Judicial: por orden del ministro Mario Carroza, quien fue designado por Corte Suprema para investigar el caso, hoy fue suspendida la jueza Aída Colomba Guerrero Rosen.
En las grabaciones de escuchas telefónicas presentadas por la fiscal Nancy González en las audiencias de formalización de los imputados, se hace referencia a la magistrado del Séptimo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, implicándola en la red, por lo que Carroza decidió pedir su suspensión y comenzar una investigación administrativa.
Ayer, fueron formalizados otros dos detectives, Oscar Contreras y Richard Salinas por los delitos de asociación ilícita, sabotaje informático y cohecho. El modus operandi de la red se basaba no sólo en revisar los antecedentes de sus “clientes” en el sistema informático interno de investigaciones, Gestión Policial (Gepol), sino que además borrar datos penales de los delincuentes. Por otra parte, también se descubrió el pago de coimas que tenían como fin evitar detenciones.
Gobierno: “sensaciones encontradas”
El portavoz del Ejecutivo, Francisco Vidal, expresó la preocupación del Gobierno por la gravedad del caso, pero afirmó que, por otro lado, existe satisfacción por la capacidad de las instituciones involucradas de detectar estos hechos. “Hay una sensación encontrada. Hay preocupación, porque este es un problema grave, pero junto con eso también hay satisfacción, de que el organismo chileno es capaz de detectar estos tumores y extirparlos. Y eso es muy positivo porque habla que, en temas sensibles como la Policía, el Poder Judicial y servicios auxiliares se puede hacer lo correcto, es decir, investigar, detectar, sancionar, y colocar a disposición de los Tribunales”, expresó. Respecto a si la Policía de Investigaciones estarían siendo perneadas por casos de corrupción de este tipo, por la cantidad de efectivos involucrados, Vidal pidió no estigmatizar, recordando que son más nueve mil los funcionarios y que ambas policías son de las instituciones más confiables para la ciudadanía. “La Policía de Investigaciones desde el año 90 a la fecha, literalmente se ha transformado en un lujo para Chile. Investigaciones y Carabineros son las instituciones más confiables para la gente cada vez que es consultada. Mucho más que los políticos, por ejemplo, o que la prensa”, afirmó. Alerta Suprema En el máximo tribunal existe preocupación de que esta red haya llegado hasta sus jueces, quienes son finalmente los que firman las órdenes de libertad para los delincuentes. Por esto, el Pleno de la Corte Suprema instruyó al ministro Carroza revisar todas las órdenes de libertad de los Juzgados de Garantía emitidas desde el inicio de la Reforma Procesal Penal en Santiago en junio 2005. A Urbano Marín, presidente de la Corte, sólo le quedó reconocer que, a pesar que aún se sigue investigando, la imagen de un pulcro sector de Justicia se desmorona. “El poder judicial y la Corte Suprema tiene que asumir que se pueden producir situaciones, por muy graves que sean, pero lo que nos interesa es detectarlas, investigarlas y si es necesario corregirlas”, afirmó Marín. Si bien desde el Poder Judicial se llama a la cautela, la Corte Suprema sabe que las dudas sobre los resultados de algunos casos van a surgir a borbotones. De hecho, el ministro Sergio Muñoz asegura que hay una investigación en curso para determinar si estos hechos se cometieron también antes de la reforma al sistema penal. “Se ha iniciado una investigación por parte de la fiscalía relativa a algunas ordenes de libertad emanadas desde el Centro de Justicia de Santiago, y que existe la posibilidad que también se hubiera dado esto en el sistema antiguo”, aclaró Muñoz. Una situación que preocupa al Poder Judicial, pero que no sorprende. En abril pasado se inició una investigación luego que se incautaran planillas de resoluciones falsas y timbres judiciales en el domicilio de una ex empleada del Noveno Juzgado de Garantía. Al respecto, el ministro Sergio Muñoz afirmó que se están haciendo las coordinaciones necesarias para llevar a cabo una investigación exhaustiva para descubrir los procesos en los que pudo haber intervenido esta red.
Además, el máximo tribunal estableció una comisión de transparencia y modificaciones al sistema de acceso a fallos y archivos históricos, medidas con las que pretende controlar que no ocurran más casos como el que en la actualidad tiene a todo el Poder Judicial en vilo.
Red de amplio alcance
El viernes pasado 18 personas fueron formalizadas por participar de esta red que se dedicaba a ofrecer protección y beneficios a delincuentes, principalmente narcotraficantes, a cambio de dinero, a quienes se suman los dos detectives detenidos el fin de semana. Entre los involucrados se cuentan funcionarios de la Policía de Investigaciones, del Poder Judicial, un miembro del Servicio Médico Legal y civiles.
El director general de la Policía de Investigaciones, Arturo Herrera, luego de resolver dar de baja a los funcionarios involucrados, anunció querellas en contra de todos los ex detectives implicados en este caso. Tras la formalización de los policías civiles, trascendió que se buscará arrestar a un segundo grupo, el cual implicaría la participación de otros diez funcionarios de investigaciones, además de funcionarios de Carabineros y Gendarmería.
El portavoz del Ejecutivo, Francisco Vidal, expresó la preocupación del Gobierno por la gravedad del caso, pero afirmó que, por otro lado, existe satisfacción por la capacidad de las instituciones involucradas de detectar estos hechos. “Hay una sensación encontrada. Hay preocupación, porque este es un problema grave, pero junto con eso también hay satisfacción, de que el organismo chileno es capaz de detectar estos tumores y extirparlos. Y eso es muy positivo porque habla que, en temas sensibles como la Policía, el Poder Judicial y servicios auxiliares se puede hacer lo correcto, es decir, investigar, detectar, sancionar, y colocar a disposición de los Tribunales”, expresó. Respecto a si la Policía de Investigaciones estarían siendo perneadas por casos de corrupción de este tipo, por la cantidad de efectivos involucrados, Vidal pidió no estigmatizar, recordando que son más nueve mil los funcionarios y que ambas policías son de las instituciones más confiables para la ciudadanía. “La Policía de Investigaciones desde el año 90 a la fecha, literalmente se ha transformado en un lujo para Chile. Investigaciones y Carabineros son las instituciones más confiables para la gente cada vez que es consultada. Mucho más que los políticos, por ejemplo, o que la prensa”, afirmó. Alerta Suprema En el máximo tribunal existe preocupación de que esta red haya llegado hasta sus jueces, quienes son finalmente los que firman las órdenes de libertad para los delincuentes. Por esto, el Pleno de la Corte Suprema instruyó al ministro Carroza revisar todas las órdenes de libertad de los Juzgados de Garantía emitidas desde el inicio de la Reforma Procesal Penal en Santiago en junio 2005. A Urbano Marín, presidente de la Corte, sólo le quedó reconocer que, a pesar que aún se sigue investigando, la imagen de un pulcro sector de Justicia se desmorona. “El poder judicial y la Corte Suprema tiene que asumir que se pueden producir situaciones, por muy graves que sean, pero lo que nos interesa es detectarlas, investigarlas y si es necesario corregirlas”, afirmó Marín. Si bien desde el Poder Judicial se llama a la cautela, la Corte Suprema sabe que las dudas sobre los resultados de algunos casos van a surgir a borbotones. De hecho, el ministro Sergio Muñoz asegura que hay una investigación en curso para determinar si estos hechos se cometieron también antes de la reforma al sistema penal. “Se ha iniciado una investigación por parte de la fiscalía relativa a algunas ordenes de libertad emanadas desde el Centro de Justicia de Santiago, y que existe la posibilidad que también se hubiera dado esto en el sistema antiguo”, aclaró Muñoz. Una situación que preocupa al Poder Judicial, pero que no sorprende. En abril pasado se inició una investigación luego que se incautaran planillas de resoluciones falsas y timbres judiciales en el domicilio de una ex empleada del Noveno Juzgado de Garantía. Al respecto, el ministro Sergio Muñoz afirmó que se están haciendo las coordinaciones necesarias para llevar a cabo una investigación exhaustiva para descubrir los procesos en los que pudo haber intervenido esta red.
Además, el máximo tribunal estableció una comisión de transparencia y modificaciones al sistema de acceso a fallos y archivos históricos, medidas con las que pretende controlar que no ocurran más casos como el que en la actualidad tiene a todo el Poder Judicial en vilo.
Red de amplio alcance
El viernes pasado 18 personas fueron formalizadas por participar de esta red que se dedicaba a ofrecer protección y beneficios a delincuentes, principalmente narcotraficantes, a cambio de dinero, a quienes se suman los dos detectives detenidos el fin de semana. Entre los involucrados se cuentan funcionarios de la Policía de Investigaciones, del Poder Judicial, un miembro del Servicio Médico Legal y civiles.
El director general de la Policía de Investigaciones, Arturo Herrera, luego de resolver dar de baja a los funcionarios involucrados, anunció querellas en contra de todos los ex detectives implicados en este caso. Tras la formalización de los policías civiles, trascendió que se buscará arrestar a un segundo grupo, el cual implicaría la participación de otros diez funcionarios de investigaciones, además de funcionarios de Carabineros y Gendarmería.