Los funcionarios se acercaban a narcotraficantes y otros delincuentes condenados por la justicia y cobraban entre $300 mil y $4 millones por entregar documentos que aparentaban ser legales o extraviar expedientes de los inculpados con el fin de rebajarles penas.
Entre los detenidos del Poder Judicial se encuentran René Pizarro, quien elaboraba fallos con timbres falsos para poder dar beneficios y eludir órdenes de detención y contraórdenes de personas involucradas en el narcotráfico y otros tipos de ilícitos; y Joaquina Carreño, quien extraviaba expedientes. Además, hay dos ex trabajadores del Poder Judicial: Margarita Cuadra, quien también había trabajado en la Policía de Investigaciones y, al parecer, habría sido la que manejaba la red de contactos, y Beatriz Diarres.
Mientras que los detectives involucrados pertenecerían a la Brigada de Robos (Birom), Brigada del Crimen (Bicrim) y Extranjería, y el de más alto rango corresponde a un subcomisario.
El subsecretario del Interior, Felipe Harboe, calificó el hecho como grave, mientras que el presidente del Consejo de Defensa del Estado, Carlos Mackenney, dijo que este hecho daña la imagen del país y las instituciones, por lo que requirió a ser “extremadamente cuidadosos en esta investigación” y “pedir el máximo de las penas”.
Óscar Gutiérrez, subprefecto de investigaciones se refirió a la situación que afecta a ocho funcionarios de su institución, quienes ya estaban sometidos a un sumario administrativo por su presunta participación en esta red.
“Nosotros no hemos retirado hasta ahora a los funcionarios, por cuanto están suspendido de sus funciones. No se han logrado establecer mayores antecedentes, por cuanto el sumario administrativo que estaba instruido fue paralizado por instrucción de la fiscal, a objeto de no interferir en los hechos que ella está investigando, por tal razón, nosotros solamente suspendimos a estos funcionarios y hoy día (viernes), conforme a las instrucciones que impartió el Ministerio Público hemos procedimos a su detención y serán puestos a disposición del tribunal de garantía correspondiente”, afirmó Gutiérrez.
Los policías fueron detenidos por personal del departamento quinto de investigaciones internas de este servicio, y llevados hasta el Cuartel Independencia, en calle Borgoño, situación que Harboe destacó como una muestra de probidad al interior de la institución y comentó que se trata de una situación puntual, por lo que llamó a no estigmatizar a toda la institución.
“Una de las investigaciones de corrupción de mayor envergadura”
El fiscal Iván Millán, comentó que esta es la acción más importante emprendida contra redes de corrupción al interior del Estado que se dedicaban a beneficiar a narcotraficantes que se conozca hasta el momento.
“Es una de las investigaciones de mayor envergadura en lo que dice relación con temas de corrupción en instituciones vinculadas con el sector Justicia. Estamos hablando de falsificaciones de instrumentos públicos, delitos de cohecho y algunos delitos análogos. Existen funcionarios en ejercicio del Poder Judicial de la Policía de Investigaciones y funcionarios que lo fueron en alguna oportunidad y civiles, la verdad es que el tema es bastante variado”, señaló Millán.
La fiscal Nancy González indaga este caso desde mayo del 2007, cuando se descubrió un oficio falso que liberó a un narcotraficante. Los acusados podrían enfrentar cargos de cohecho, corrupción y falsificación.
Esta investigación caló hondo en los tribunales de justicia ya que hasta ahora son diez los funcionarios en servicio activo y otros retirados, los que han sido detenidos en relación a esta causa. “Indudablemente que afecta la imagen, en este caso en concreto, del Poder Judicial y de la Corte de Apelaciones de Santiago, porque es lamentable que funcionarios judiciales parezcan involucrados en actuaciones ilícitas”, expresó el presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Juan Escobar.
Por esto, la Corte Suprema resolvió designar al ministro Mario Carroza para que investigue con dedicación exclusiva y hasta las últimas consecuencias los hechos. Su presidente, Urbano Marín, señaló que existe gran preocupación al interior de la institución por los funcionarios involucrados en este grave suceso.
Fuentes de investigaciones afirmaron que el 90% de los delincuentes que fueron beneficiados por esta red cometieron los delitos antes de la entrada en vigencia de la Reforma Procesal Penal.