Santiago.- Entre la espada y la pared puso al Gobierno la ex ministra de Educación, Yasna Provoste. Su decisión de demandar al Estado chileno por su destitución el 16 de abril pasado, dejó al Ejecutivo en la difícil situación de definir su postura cuando deba responder a la presentación que su equipo de abogados hizo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Los profesionales, Roberto Garretón, Luis Eduardo Thayer y Patricio Pérez Prado, quienes enviaron el escrito justo el día en que vencía el plazo de seis meses desde la destitución, están confiados en que sus argumentos harán que la Comisión falle a su favor.
Y la razón no es la destitución por parte del Senado, sino que el quedar inhabilitada para ejercer cargos públicos y de representación popular por cinco años. El abogado Garretón, explicó que lo fundamental de la demanda es que la ex ministra se le aplica esta pena sin que exista un delito comprobado.
Sustentado en esta evidencia, Garretón llamó al Ejecutivo a decidir si está del lado de la ex ministra Provoste o apoya la decisión del Senado. “Tiene dos opciones: o se alinea con su ministra (Provoste) con la Justicia, con los Derechos Humanos, con el derecho a que a una persona no se le aplique el derecho penal sin el debido proceso, o bien tome el camino de justificar lo obrado y pedir que se rechace la demanda que hemos presentado”. Las acciones del Senado es lo que la defensa de Provoste considera más grave, porque en su rol de juez actuó como bloque político y, por tanto, la ex ministra no tuvo derecho a un debido proceso por parte de un tribunal imparcial e independiente, como garantiza la Convención de Derechos Humanos de San José de Costa Rica y sobre la cual emite opiniones y sentencias la Comisión Interamericana. Pero en el Gobierno, uno de los principales defensores de Yasna Provoste, y que intentó hasta el final evitar su renuncia, se desentendió del tema. El vocero, Francisco Vidal, afirmó que llevar adelante este tipo de demandas es un derecho de todos quienes sienten vulneradas sus garantías. “La ex ministra, como cualquier chileno, y de hecho a ocurrido que han acudido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos incluso contra resoluciones de la Corte Suprema, tiene derecho a presentarla. Así es que quiero hacer una distinción entre el sistema en Chile y el derecho de una persona a reclamar contra ese sistema y contra una destitución que el sistema en Chile aplicó. Es el ejercicio por parte de una chilena de un derecho que está consagrado en nuestros tratados internacionales”, afirmó el ministro. Justamente en esa última frase descansa la demanda de Provoste. El organismo ante el cual fue presentada está ratificado por Chile a través de tratados internacionales, porque lo que en el momento en que la Corte Interamericana acepte la presentación, el Ejecutivo debe responderla y tomar la decisión a la que los obligó su ex ministra de Educación. Mientras, de parte de sus acusadores, los parlamentarios de la Alianza, la querella recibió un total rechazo. El senador de la UDI, Jovino Novoa, la calificó como “aberrante y vergonzosa” y manifestó que no es posible que un ministro de Estado demande al mismo Estado.Pero más allá de la propia acción del Senado, la línea de los abogados de la ex titular de Educación va por la vulneración de una serie de derechos garantizados tanto en la Convención como en la propia Constitución chilena. Entre ellos, el derecho a trabajar libremente, ya que la sanción aplicada a Provoste no sólo le impide desempeñarse en cargos de autoridad, sino que además no puede desarrollar su profesión de profesora en un establecimiento público. Además, la ex ministra siente que se vulneró su derecho a la honra porque al no haber delito reconocido es inocente, pero a juicio de la ciudadanía es culpable por el castigo que le impone el Congreso.