La alarma que causó el caso de 25 personas a quienes el Hospital de Iquique no les avisó que eran portadoras de VIH, llegó hasta la comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Parlamentarios advierten que podrían iniciar el proceso para pedir la renuncia de la ministra de Salud.
El caso se hizo público luego que Dearmny Aguilar, de 34 años, muriera como consecuencia del SIDA en el Hospital de Iquique sin que la notificaran con anterioridad que era portadora del VIH. A su fallecimiento se suma el de su esposo y de otras dos personas en las mismas condiciones. Al respecto, Jeannette Vega, ministra (s) de Salud, afirmó que hubo “responsabilidad compartida”. Argumentó que las personas no se acercaron posteriormente al centro asistencial para conocer el resultado de los exámenes y desde el servicio de salud no pudieron ubicarlos.
El caso se hizo público luego que Dearmny Aguilar, de 34 años, muriera como consecuencia del SIDA en el Hospital de Iquique sin que la notificaran con anterioridad que era portadora del VIH. A su fallecimiento se suma el de su esposo y de otras dos personas en las mismas condiciones. Al respecto, Jeannette Vega, ministra (s) de Salud, afirmó que hubo “responsabilidad compartida”. Argumentó que las personas no se acercaron posteriormente al centro asistencial para conocer el resultado de los exámenes y desde el servicio de salud no pudieron ubicarlos.
Vega explicó que la ley no le permite a los centros asistenciales hacer un seguimiento de las personas que se hacen el test de Elisa para notificarlas si son portadoras de VIH, ya que al tratarse de una enfermedad muy estigmatizante, están obligados a mantener la confidencialidad.
Aunque la subsecretaria aseguró que se instruyó un sumario para determinar la responsabilidad de los funcionarios del Hospital de Iquique, estas explicaciones no dejaron conforme a los parlamentarios y, junto al subsecretario de Redes Asistenciales, Ricardo Fabregas, fue invitada a la comisión de Salud de la Cámara Baja para aclarar lo ocurrido.
“A la luz de lo que se les explique en la comisión se decidirán las acciones pertinentes y donde no se descarta la acusación constitucional. Hay parlamentarios que ya le han pedido la renuncia a la ministra de Salud, María Soledad Barría, y creo que antes de una renuncia debe existir una acusación. Hay que acreditar los hechos para acreditar los notables abandono de funciones en que pudo haber incurrido el ministerio de Salud”, manifestó el diputado UDI, Juan Lobos, presidente de la comisión.
Desde Ginegra, el diputado PS Fulvio Rossi calificó como extremadamente grave la negligencia del centro asistencial y no descartó la posibilidad de emprender una acusación constitucional en contra de la titular de Salud para alejarla del cargo. Asimismo, consideró el hecho como “criminal” y comprometió su apoyo a las familias afectadas.
El diputado PPD, Enrique Accorsi, ex presidente del Colegio Médico, aseguró que “esto es un error de la máxima gravedad que hay que corregirlo. Las responsabilidades deben asumirse y aplicar las sanciones”.
Vasily Deliyanis, vocero de la ONG Vivo Positivo, manifestó que “no se pueden lavar las manos ni argumentar en esa estrategia comunicacional de las autoridades que todo está tranquilo. Hay que tomar acciones y eso no se está haciendo”.
Por otra parte, Oscar Riveros, secretario general de la Federación Metropolitana de Trabajadores de la Salud, alertó que este es un problema de gestión que abarca a todos los hospitales del país en variadas áreas.
A la espera quedan las explicaciones de las autoridades nacionales y las responsabilidades a nivel local ante irregularidades que se repiten en este hospital del norte del país.