Santiago.- Aplacar cualquier intento de movilización de parte de los trabajadores del Registro Civil y disponer los trámites para hacer efectivas las desvinculaciones al servicio de quienes continúen en paro, fueron los resultados de una reunión realizada el sábado entre el ministro de Justicia, Carlos Maldonado, y el ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, junto al subsecretario de esa cartera, Felipe Harboe.
A partir de las 18:00 horas del domingo, carabineros tiene instrucciones de rodear todas las dependencias de este organismo y ya les enviaron a los directores regionales del Registro Civil los expedientes de los funcionarios paralizados, con los respectivos sumarios, en el caso de los trabajadores de planta, y los despidos, para quienes se encuentran a contrato y a honorarios.
Al respecto, Raúl de la Puente, presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef), afirmó que, de hacerse efectivas estas medidas, se trataría de “una muestra más de la prepotencia de los ministros”. Asimismo, anunció un paro para el martes y llamó a todos los funcionarios públicos a apoyar las movilizaciones de sus pares del Registro Civil.
Esto ocurre luego que el viernes, al cumplirse el séptimo día de movilizaciones, Maldonado advirtiera que quienes no se reincorporen a sus labores el lunes 6 de octubre, serán alejados de sus funciones.
No obstante, el presidente (s) de la Asociación Nacional de Funcionarios del Registro Civil e Identificación, Juan Manuel Muñoz, respondió que el paro nacional se mantendría, a pesar de las amenazas.
“Quiero informar responsablemente a toda la ciudadanía que el día lunes 06 de octubre del presente, la movilización se mantiene, porque nosotros no estamos por permitir amenazas, nosotros estamos por negociar, y ya la paciencia de los trabajadores se agotó, ya que hemos negociado por bastante tiempo, pero lo que está en juego no es sólo las demandas de los funcionarios del Registro Civil, sino la carrera de toda la administración pública, sobre todo el empleo. Así que ministro, discúlpese con los funcionarios públicos”, afirmó Muñoz.
Por su parte, Raúl de la Puente, no descartó acudir a la Organización Internacional del Trabajo si la represión contra los funcionarios continúa y calificó los actos del gobierno como “inconstitucionales” porque violan el derecho de los trabajadores a manifestarse.
DESALOJO
A las 11:15 horas del viernes 3, fuerzas especiales de carabineros expulsó a los trabajadores que se encontraban en la oficina de Pasaportes y Extranjería del servicio, ubicada en Almirante Gotuzzo con Moneda, en las proximidades del palacio de gobierno.
En la ocasión, Muñoz denunció que los métodos empleados son propios de la dictadura y pidió la salida del ministro de Justicia, debido al incumplimiento de los acuerdos.
“Esto es atomizar el movimiento sindical, es salir con la de ellos. Aquí que responda la autoridad, que responda por sus acuerdos, que responda por su firma, porque aquí el ministro debiera haber renunciado ya que a ellos no le aceptan un compromiso firmado con los trabajadores”, emplazó el dirigente.
No obstante, la respuesta de Maldonado fue la advertencia de despidos y el anuncio de que el lunes se reanudaría la atención al público. Asimismo, dispuso oficinas de emergencia que el sábado atendieron los requerimientos de los usuarios.
DEMANDAS
Los funcionarios del Registro Civil protestan por el incumplimiento de los acuerdos suscritos con el Ministerio de Justicia, los que provienen desde que la cartera estaba en manos de José Antonio Gómez, y que más tarde fueron desconocidos por el Ministerio de Hacienda.
“Desde el 2003 que el servicio de Registro Civil está luchando por un proyecto. Desconocieron la firma de José Antonio Gómez en el Ministerio de Hacienda. En este momento el Ministerio de Justicia firmó un convenio a través de don Carlos Maldonado y en Hacienda lo volvieron a desconocer. Nosotros estamos pidiendo una asignación especial. Somos un servicio que genera 104 mil millones de dólares y lo único que estamos pidiendo son 4 mil dólares para que se distribuyan entre nuestros funcionarios”, afirmó la dirigenta Nelly Díaz.
La modernización de la entidad, que se cancelen bonos por desempeño y la contratación de nuevo personal de planta, son algunas de sus demandas.
“POR FAVOR, SEÑORA PRESIDENTA, NO HAGA SUFRIR A LOS FUNCIONARIOS”
Durante la semana de movilizaciones, los trabajadores realizaron una serie de manifestaciones, marchas hasta La Moneda e, incluso, entregaron una carta dirigida a la Presidenta Michelle Bachelet.
“Ella como mujer debería sensibilizarse hoy porque esta es una justa demanda acordada y suscrita por el ministro de Justicia y la dirección del servicio. Por favor, señora Presidenta no haga sufrir a los funcionarios y tampoco a la ciudadanía, escúchenos e intervenga en esta movilización”, afirmó Muñoz.
En la misma línea, Nelly Díaz hizo un llamado a la Mandataria para que medie en el conflicto, pues, indicó que son más de dos mil las mujeres jefas de hogar que se desempeñan en ese servicio y que, de concretarse las amenazas de despidos, dejaría a esas familias sin sustento.