“Denuncio particularmente los asesinatos del 11 de septiembre de 2008 en Porvenir, Departamento de Pando, que consistió en una emboscada de paramilitares contra miembros de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Pando (FSUTCP) y estudiantes de la Normal de Maestros de Filadelfia, la mayoría indígenas”.
También señala el Relator Especial que esta serie de agresiones ha resultado en la toma y destrucción de sedes e instalaciones de organizaciones indígenas y campesinos, incluyendo las de la Confederación del Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC), el Centro de Estudios Jurídicos e Investigaciones Sociales (CEJIS) y el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA). Las instalaciones de medios de difusión gubernamentales o independientes también han sufrido devastación.
El Relator Especial hace un llamamiento urgente a que se suspenda la violencia y exhorta a las autoridades del Estado a adoptar todas las medidas necesarias, de acuerdo con los principios internaciones de derechos humanos, para proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los de grupos indígenas y campesinos afectados. Además, insta al Estado a investigar seriamente las violaciones a los derechos humanos y llevar a la justicia a los responsables, así como a asegurar la no repetición de hechos similares. El Relator Especial también exhorta a todos los actores involucrados a buscar consensos y encaminarse a una vía de dialogo y de entendimiento sobre la base de la tolerancia y respeto a los derechos humanos.
Tanto el Relator Especial anterior sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, Profesor Rodolfo Stavenhagen, como el Relator Especial actual, Profesor James Anaya, han expresado su preocupación sobre actos discriminatorios y racistas contra los pueblos indígenas en Bolivia, a través de comunicados de prensa de 10 de abril de 2008 y 4 de junio de 2008, respectivamente.