Primera parte: Editorial de El Mercurio: USO DEL ROYALTY MINERO
La introducción del royalty en la minería fue un proceso complejo, en el que se estimó necesario contraponer la teoría económica, que sugiere la aplicación de impuestos cuando se producen rentas en productos no renovables como los mineros -en el caso chileno, eso admitía varias prevenciones-, con la palabra empeñada en los contratos de inversión extranjera, que congelaban las tasas impositivas.
A la postre, el argumento invocado por el Presidente Lagos para introducirlo fue la necesidad de que el país no repitiera la experiencia sufrida con el salitre, cuando la innovación tecnológica desplazó al natural por el sintético, disminuyendo dramáticamente los ingresos del país y el bienestar de la población. Por eso, se consideró que los recursos del royalty deberían utilizarse en el desarrollo de investigación científica, tecnológica y de innovación que pudiera -cuando menos parte de ella- ser aplicable a los procesos productivos, para así “cambiar” recursos mineros no renovables por conocimiento duradero.
El actual precio del cobre ha cuadruplicado las estimaciones iniciales de recaudación del royalty, despertando el interés de diversos sectores por tener acceso a ellos. El Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad fue creado para definir las políticas que les dan destino a esos recursos, y crear una institucionalidad apropiada para tomar las decisiones a ese respecto. Pero la lentitud de esa instancia para lograr consensos y aprobación legislativa para sus conclusiones ha originado la aparición de nuevas opciones -o apetitos- para su uso.
Así, por ejemplo, la Sonami ha propuesto que parte de esos recursos sea destinada a pagar los pasivos ambientales de las empresas mineras, dado que son ellas las que aportan dichos recursos. Esto modificaría de manera sustancial la idea original, e implicaría que un sector productivo gozara de acceso privilegiado a esos fondos para fines que, en todo caso, forman parte de sus obligaciones productivas.
Sin embargo, lo anterior ciertamente no obsta a que se realicen esfuerzos de investigación orientada a encontrar tecnologías de mitigación ambiental minera, que resulten de propuestas competitivas dentro del sistema normal de asignación de recursos.
En este cuadro, se hace indispensable que el Gobierno defina a la mayor brevedad esta materia como una política de Estado, orientada a que el país pueda participar de la sociedad del conocimiento, paso indispensable para alcanzar el desarrollo.
Segunda Parte: Nuestros comentarios en el Blog.
1. La petición de la SONAMI para que se usen parte del ‘royalty’ para financiar los pasivos ambientales de las propias empresas mineras es algo insólito, ya que los daños ambientales deben ser a cargo de estas empresas, como señala la Editorial “La SONAMI ha propuesto que parte de esos recursos (del “royalty”) sea destinada a pagar los pasivos ambientales de las empresas mineras, dado que son ellas las que aportan dichos recursos. Esto modificaría de manera sustancial la idea original, e implicaría que un sector productivo gozara de acceso privilegiado a esos fondos para fines que, en todo caso, forman parte de sus obligaciones productivas”.
2. Estos insólitos planteamientos reflejan el poder de las mineras en Chile. Hace un par de meses, la SONAMI criticó al Servicio de Impuestos Internos, que informó y publicó una nota sobre la disminución de impuestos de las mineras. En el documento señaló:
“Disminuye la declaración de impuestos de las empresas mineras …En efecto, el resultado es que se constata una disminución de 19,1%, en los montos declarados, pasando de US$ 3.356 millones en 2007 a US$ 2.716 millones en la Operación Renta 2008”. (Se refiere a los resultados operacionales de 2006 y 2007). “El SII lanzará un programa de fiscalización especial para verificar las bases imponibles de las mayores empresas del país, concentrándose en las empresas mineras” La critica de SONAMI y la justificación de la menor tributación de las mineras privadas bastó para que a nivel político y académico NADIE dijera NADA.
3. Impresionados, analizamos la información de las propias empresas. Sorprendentemente los costos de las mineras privadas aumentaron en 111% entre 2005 y 2007. Este inexplicable aumento de costos se produce en condiciones en que la producción y los precios habían aumentado. TAMPOCO NINGUNA AUTORIDAD POLITICA NI ACADÉMICA DICE NADA.
4. Este “royalty” es un mero impuesto y no un DERECHO, ya que la Constitución establece que categóricamente que “el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas”
Orlando Caputo
Septiembre de 2008