Esto es el resultado de metodologías sustentadas en “criterios técnicos” desligados de cualquier consideración ética, pero, el resultado es ni más ni menos una aberración moral, pues es del todo inaceptable que estas empresas, gracias a la legislación vigente, no sólo hayan ganado mucho dinero en períodos de crisis, sino que, además, la ley les autoriza a seguir incrementando dichas ganancias con el aumento de las tarifas que solo empobrecen a los usuarios de la energía, quienes además, no disponen de ningún mecanismo de reajustabilidad de sus ingresos.
Lo que resulta exasperante es la incapacidad total, reiterada y contumaz de la clase política –de izquierda y de derecha- de enfrentar estas problemáticas con un grado, aunque sea menor, de eficacia. En tanto responsables del orden legislativo y de sus propias dinámicas –crear y modificar leyes- resultan simples espectadores de esta ya casi desgracia del pueblo chileno, auto recriminándose, evadiendo responsabilidades, soslayando el hecho de que su mayor tarea es nada menos que el bien público y el interés nacional. Atrapados en la dinámica de sus compromisos partidistas y sus obligaciones para con sus directivas políticas, han perdido completamente su vínculo con el eje central de toda democracia, que no es otro que la soberanía popular, la que es por lo demás, la que le otorga vitalidad a los sistemas de representación. Otra cosa no es sino dictaduras disfrazadas e hipócritas que en el nombre del interés colectivo, sirven a las elites que mantienen férreamente el poder en las sociedades cerradas como es la nuestra.